Las diputadas nacionales de la Coalición Cívica-ARI Marcela Campagnoli y Paula Oliveto presentaron hoy un proyecto de ley en el que proponen la suspensión de las ejecuciones patrimoniales por deudas y pedidos de quiebra de MiPyMes, que tengan un origen posterior al decreto de inicio de la cuarentena obligatoria.
"La prohibición alcanza a ejecuciones prendarias e hipotecarias de cualquier origen, embargo de las cuentas corrientes bancarias y cobro de deudas de cualquier origen, iniciadas con posterioridad a la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional", detalla la iniciativa.
Por otra parte, la iniciativa garantiza que "el Banco Central de la República Argentina procederá a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas humanas y/o jurídicas concursadas".
"Las empresas concursadas y aquellas en quiebra con continuidad empresaria, podrán contratar libremente con el Estado Nacional siempre que reúnan las condiciones exigidas por este último", detalla la propuesta.
En los fundamentos del proyecto, se explicita la necesidad de instrumentar "medidas transitorias que resulten eficaces para evitar la quiebra de empresas y la eventual pérdida de innumerables fuentes de trabajo".
Las diputadas opositoras sostienen que "las MiPyMes se encuentran en una situación dramática que impacta sobre la actividad productiva general, originando una dura reducción en los ingresos, suspensión y/o despidos de personal, brusca caída de la capacidad de afrontar sus obligaciones en tiempo y forma y la suspensión o el corte total de la cadena de pagos en varios sectores".
"A los fines de resguardar la existencia del sujeto deudor y mantener el nivel de empleo en las Mipymes, un régimen de facilidades de pago que permita incluir las obligaciones adeudadas una vez homologado el acuerdo, en tanto no implique un riesgo para los créditos del Fisco", concluye la iniciativa.