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Sábado 01.08.2020
4:43

Estado de alerta contra la reforma

Los judiciales critican a la Casa Rosada

 Crédito: Gentileza
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Estado de alerta contra la reforma Los judiciales critican a la Casa Rosada

“El gobierno ha anunciado una reforma de la justicia federal, el traspaso de la justicia penal a CABA y la creación de una Comisión de estudio para modificar la composición de la Corte Suprema. “A pesar de la promesa hecha por el presidente de la nación a la CGT -que los/as trabajadores/as seríamos consultados sobre proyectos que nos involucren- y los numerosos intentos de entablar diálogo entre esta Organización Sindical y la Ministra de Justicia, los/as judiciales no fuimos escuchados”

 

El párrafo encabeza el comunicado de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que lidera Julio Piumato, que se declaró en estado de alerta por el proyecto de reforma judicial, que cuestiona en primer lugar la oportunidad de la iniciativa “cuando la emergencia socio-económica debería concentrar todos los esfuerzos de la clase política”.

“El proyecto se llama de ‘organización de la justicia federal’. Sin embargo, alude en buena parte de su desarrollo, al traspaso de la competencia penal ordinaria al ámbito de la justicia porteña, algo que hace años viene reclamando el PRO. Por eso lo primero que nos preguntamos es qué acuerdos y sociedades desnuda esta decisión”.

 

El gremio cuestiona el traspaso “sin preludio” del personal, y advierte que “para que el traspaso de competencias ordinarias sea posible, hay que modificar nuestra Constitución Nacional (arts. 5, 13, 126 y 129). No se soluciona derogando la Ley Cafiero tal como este proyecto pretende. Ni siquiera con fallos de Corte que lo mencionen. ¿Acaso estamos habilitando un avance sobre nuestra República Federal, en pos de un renovado centralismo porteño? ¿A nadie preocupa en la dirigencia nacional, el nivel de concentración en las decisiones que ello podría implicar?”, se pregunta la entidad gremial.

 

Sobre la mala fama de la justicia penal federal de Comodoro Py, señala que es “resultado directo de la acción de operadores políticos y/o empresarios. Difícilmente los servicios de inteligencia hayan operado sin directivas alguna vez. Por eso, este proyecto ostenta una dudosa efectividad para cumplir los objetivos señalados. En realidad, vendría a duplicarlos: sin presupuesto, sin plantas de personal -fragmentan las existentes-, con justicia subrogada”.

 

Y concluye: “esta reforma no reforma no reseulve ni la inseguridad galopante, ni la emergencia judicial que se mece sobre nuestras cabezas como espada de Damocles, ni -más grave aún- el hambre del pueblo”.

 

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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