Rodenas prepara la convocatoria para suspender a Ponce Asahad

En tan solo unas horas, la Comisión de Acuerdos decidió ayer abocarse a investigar, designó a un acusador, pidió la convocatoria a una sesión especial conjunta de ambas Cámaras y emitió el dictamen respectivo, por unanimidad. El objetivo: suspender al fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad.

El dato del tiempo es clave: la legislación vigente le otorga a esa comisión un cómodo plazo de diez días hábiles para dar el primero de todos esos pasos, es decir, definir si tomará o no el caso en sus manos (en forma paralela a la actuación de la justicia).

En el Poder Legislativo se decidió mostrar una reacción inmediata, -muy veloz en términos parlamentarios- que es también una respuesta política a una situación institucional grave: las hipotéticas complicidades entre narcotraficantes y delincuentes vinculados al juego ilegal con quienes deberían haberlos perseguido, es decir, los fiscales.

En lo que queda de la semana, se supone que se tomará una decisión respecto de cómo será la sesión especial conjunta que se ha pedido desde Acuerdos, con carácter de urgente. "Cuanto antes", según la expresión que ayer usó su presidente, el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) que ayer atendió a los periodistas, junto a legisladores del oficialismo y de la oposición que forman ese cuerpo.

Condicionante

En la reunión de ayer, realizada en el recinto del Senado para cumplir con el distanciamiento sanitario, estuvieron 11 de sus 12 integrantes (el restante guarda la debida cuarentena tras volver de la Capital Federal).

La cuestión del Covid-19 y sus urgencias se meten otra vez en los asuntos públicos provinciales. Al cierre de esta edición, no estaba aún definido si la sesión de los diputados y los senadores (en total son 69 legisladores, más las autoridades que la presiden) será presencial o virtual.

A ese tema está dedicada por estas horas la vicegobernadora Alejandra Rodenas, tras el pedido formal que recibió ayer. La norma marca que hay 72 horas para formalizar la convocatoria.

Una parte de los consultados recordó que puede utilizarse el Paraninfo como ha hecho Diputados y otros sostuvieron que habiendo sendas Cámaras modificado sus reglamentos de funcionamiento, y ya sesionado de manera remota en varias oportunidades, bien puede una telesesión disponer el tratamiento del dictamen que recomienda la suspensión Ponce Asahad, y la rebaja de su salario como fiscal al 50%. De esto último, cada uno de los senadores y los diputados que ayer dialogaron con la prensa se encargó de aclarar que así está dispuesto por la Ley y que si fuese por ellos, no debería seguir cobrando. (En rigor, se trata de una normativa relativamente reciente en la que algunos de los que así opinan participaron activamente cuando se gestó la reforma procesal penal y al establecerse el control directo de fiscales y defensores por parte del Legislativo).

Un debate general

El caso por el que Acuerdos ha recomendado en un dictamen que se suspenda por 180 días y se investigue la actuación del fiscal Ponce Asahad -y por el que renunció a la Fiscalía Regional de Rosario Patricio Serjal- es por ahora un problema con fiscales del sur. Sin embargo, la mirada de los diputados y los senadores, como de la Casa Gris, ahora involucra a los mecanismos de control, internos y externos, del MPA.

Se observan tanto la labor de esas instancias de control (en parte las que se reservó el Poder Legislativo respecto de las llamadas faltas graves) como las que posee la auditoría de ese órgano del sistema penal e incluso su conducción. Hay legisladores con dudas al respecto. Habrá que ver si esas consideraciones llegan a establecer un debate formal, con alguna propuesta concreta de modificación legislativa.

Otro debate muy particular

Tan pronto como comenzaron a ser revisadas las fojas de servicios de los fiscales del sur, fueron dividiéndose las aguas en la Legislatura entre quienes señalaban "a ése lo propusieron ustedes" y aquellos que les respondieron con la retórica pregunta: "¿y de quién era mayoría cuando se lo votó?.

El proceso por el que Santa Fe designa a fiscales y defensores es motivo de debates, no pocas veces, cuando se tratan pliegos en la Asamblea Legislativa. Hay quienes cuestionan los concursos, por su metodología para calificar y otros que siempre advierten que esa instancia no es obligatoria para el Poder Ejecutivo, que se ha autolimitado a la potestad que la Constitución le da: enviar a quien desee siempre que tenga las condiciones exigidas.

Los reproches (cambian según se esté en la oposición o en el oficialismo) también incluyen los apoyos o no para tomar medidas contra quienes fueron investigados pero sus procesos no avanzaron. El caso de Serjal es uno, sólo que cuando se revisó su actuación al comprar dos coches, a un empresario encausado en su jurisdicción, el debate era otro: había dudas respecto de si se trataba de una falta ética o era algo peor. Ahora, ya nadie menciona esa palabra: ética.

En esa danza de nombres de fiscales del sur en Acuerdos, que comenzó en 2019, se dijo ayer que hay nuevas acusaciones sobre uno de los ingregantes del MPA que "no le hace honor a la claridad de su apellido", que bien vendría que otros fiscales hagan lo que hizo Serjal y que "den un paso al costado" en devolución de favores al sector político (o a los consensos entre distintos sectores) que los cobijó cuando se los nombró, y también se mencionan más nombres para ir a esa comisión.

Es verdad que por ahora son unos pocos, pero son casos tan resonantes por la gravedad de los hechos por los que están imputados, tanto ante la Justicia Federal como por la auditora general del MPA, Marcía Cecilia Vranicich, que la Legislatura y los acuerdos que la gobiernan vive un momento complejo.

Unos esperan que la carrera de tortugas tenga como claro ganador a la Justicia y que en sus estrados avancen las causas antes que las medidas a votar en la Legislatura. Otros, en cambio, que con su propios pasitos -el de este martes 4 de agosto fue importante- se llegue antes a la bandera a cuadros, con trancos cortos pero seguros.