Otra condena para miembro de la banda de los "caranchos"

Las fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos, María Laura Urquiza y Mariela Jiménez, presentaron este jueves un escrito en el que Rodrigo Miguel Gálvez (34) aceptó su participación en una asociación ilícita que armaba accidentes de tránsito truchos. El abogado fue condenado a tres años de prisión condicional por el juez Lenadro Lazzarini, que además le impuso una serie de reglas de conducta.

Gálvez es el segundo condenado en el marco de la causa, y el primero en carácter de “miembro” de la banda de caranchos, ya que Pablo Miranda fue sentenciado como “organizador” de la misma luego de que -al igual que su cómplice- firmara un acuerdo de juicio abreviado, admitido por el juez Rodolfo Mingarini.

Patrocinado por los abogados particulares Néstor y Sebastián Oroño, Gálvez aceptó su culpabilidad por “formar parte de una asociación ilícita en carácter de miembro” y “coautor de estafa en grado de tentativa”. Además, depositó la suma de $ 20.000 en carácter de multa.

Si bien la banda fue acusada de múltiples delitos, el que tiene como protagonista al recientemente condenado es el ocurrido el 18 de julio de 2019, cuando junto a otras cuatro personas conspiró para denunciar un accidente entre el conductor de un Fiat Punto y él mismo, que sería la víctima. Realizaron las presentaciones ante los organismos pertinentes para exigir luego una compensación a la aseguradora del vehículo, monto que no llegaron a cobrar porque la banda fue desbaratada.

La causa

A mediados de octubre del año pasado se detuvo a 13 personas, entre ellos abogados, y se los imputó por formar parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos. En su momento, las fiscales explicaron que “los organizadores de la banda buscaban personas que hubieran sufrido algún tipo de lesión y las presentaban como si esas lesiones hubieran sido provocadas en un accidente de tránsito. A su vez, buscaban a otra persona que fuera titular, poseedor y/o conductor de un vehículo asegurado, a quien presentaban como responsable de la colisión.

Una vez que tenían a la presunta víctima y al presunto autor de las lesiones, realizaban y/o hacían realizar denuncias penales ante comisarías, destacamentos o en los Centros Territoriales de Denuncias (CTD). Brindaban información falsa acerca del lugar, la fecha y la modalidad del hecho que denunciaban, acerca de las personas intervinientes, de las lesiones ocasionadas y de los daños materiales sufridos por los vehículos involucrados en las presuntas colisiones.

A través de estos ardid hacían caer en error a funcionarios públicos provinciales, que extendían certificaciones, constancias o documentos que luego eran utilizados en presentaciones que hacían ante las compañías de seguro para reclamar dinero en carácter de reparación para los presuntos lesionados”.