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Domingo 09.08.2020 - Última actualización - 14.08.2020 - 17:32
14:39

Aval popular

Martínez: "Los fiscales deberían ser elegidos por los ciudadanos"

Luego de la sesión conjunta del viernes pasado, en la que se suspendió preventivamente al fiscal Ponce Asahad, el legislador del Frente Renovador-PJ habló del proyecto de elección popular de los fiscales, que presentó meses atrás en la Legislatura santafesina.

Oscar Martínez recordó que presentó el proyecto en el pasado mes de febrero.  Crédito: Archivo El LitoralOscar Martínez recordó que presentó el proyecto en el pasado mes de febrero.
Crédito: Archivo El Litoral

Oscar Martínez recordó que presentó el proyecto en el pasado mes de febrero. Crédito: Archivo El Litoral



Aval popular Martínez: "Los fiscales deberían ser elegidos por los ciudadanos" Luego de la sesión conjunta del viernes pasado, en la que se suspendió preventivamente al fiscal Ponce Asahad, el legislador del Frente Renovador-PJ habló del proyecto de elección popular de los fiscales, que presentó meses atrás en la Legislatura santafesina. Luego de la sesión conjunta del viernes pasado, en la que se suspendió preventivamente al fiscal Ponce Asahad, el legislador del Frente Renovador-PJ habló del proyecto de elección popular de los fiscales, que presentó meses atrás en la Legislatura santafesina.

En diálogo con El Litoral, Oscar Martínez manifestó  que”asumí como diputado provincial en diciembre del 2019 y el 6 de febrero de 2020 presenté una serie de proyectos de ley para luchar contra la inseguridad y la impunidad. Entre ellos la modificación la ley 13.013 para que la Elección del Fiscal General y de los Fiscales Regionales se realice mediante el voto directo de la ciudadanía y su remoción por el mecanismo del juicio político previsto en nuestra Constitución Provincial”.

 

“El día 19 del mismo mes hice una nota de opinión en este medio en la cual consignaba las razones que fundamentaban mi proyecto. Entre otras, sostuve y sostengo que una función tan importante como la del Fiscal General y los Fiscales Regionales no puede depender solo del Consejo de la Magistratura, de la elección del gobernador de turno o del acuerdo una Asamblea Legislativa, por más representativa que ella sea. Una función de tanta trascendencia social debe estar abierta a la ciudadanía. La gente debe poder participar en la elección de quien diseña la persecución penal en nuestra provincia, conociendo quienes son estos funcionarios y exigiéndoles que cumplan con la persecución del delito en representación de la sociedad que espera, sea por personas ampliamente avaladas por ella, para poder cumplir con tamaña tarea, como sucede en el sistema americano”, explicó.

 

“Vivimos en un sistema democrático y la elección por voto popular de quienes tienen responsabilidades funcionales es una regla y no una excepción. Si queremos que el ciudadano participe y tome conocimiento del funcionamiento de la Justicia, y controle el trabajo de sus funcionarios, la elección por voto popular del fiscal general y los fiscales regionales es un paso importante que debemos dar para acercar la justicia a los ciudadanos. El pasado viernes la Legislatura votó la suspensión por ciento ochenta días del fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación perteneciente a la segunda circunscripción que es la más grande de la provincia. Y el gobernador le aceptó la renuncia al Fiscal Regional. En ambos casos por aparentes hechos de corrupción. Esto pone de manifiesto claramente que debemos modificar el sistema de elección. Para ejercer las funciones como órgano de gobierno del MPA no basta rendir un concurso o acreditar antecedentes, hace falta estar legitimado por la ciudadanía y responder ante ella cuando nuestro actuar no esté a la altura de las circunstancias”, agregó Martínez.

 

 

 

“La inseguridad no es una sensación”

 

 

El dirigente del Frente Renovador dijo además que “aún a tono de no caer simpático a muchos abolicionistas, y a algunos que bajo ese rótulo esconden otros intereses,  coincido plenamente con Sergio Massa cuando manifestó que la gente que reclama seguridad tiene razón, la inseguridad no es una sensación, es un problema que tenemos en la Argentina, y lo primero que tenemos que entender es que la seguridad debe ser abordada como política de Estado y que tiene que estar encarada con tres temas que deben abordarse en forma simultánea. En primer lugar con fuerzas de seguridad más profesionales, en segundo lugar tecnología y el tercero  con un sistema judicial que no libere por liberar. En este último aspecto, la Legislatura tiene mucho por decir y debemos entender que prevención de delito y persecución penal son el anverso y el reverso de una misma moneda. Porque si la policía detiene, pero el Ministerio Público libera o no persigue, lo que prima facie ha pasado, la puerta giratoria se termina transformado en el símbolo de la impunidad más grande con la que tiene que convivir la sociedad”.

 

Respecto de su proyecto de elección popular para designar a los fiscales,el diputado sostuvo que”la discrecionalidad en disposición de la acción penal pública no puede ser utilizada como mecanismo para garantizar la impunidad de quien violenta la ley penal. Y si esto ocurre, la ciudadanía no debe contentarse con una sanción disciplinaria por más grave que ella sea; la destitución debe ser por el mecanismo del juicio político con todas las consecuencias que ello implica. Como vemos las funciones del Fiscal General y de los Fiscales Regionales son de política criminal y debemos tener la posibilidad, los ciudadanos, de conocer previamente cuál va a ser la política de persecución penal del órgano estatal encargado de ejercerla, así como podemos conocer la política económica, social o de salud que pretende implementar un gobernador, un legislador o un intendente”.

“Aterradores”

 

“La provincia de Santa Fe sigue siendo la más insegura del país. Y desde hace unos años rige un sistema de enjuiciamiento penal de los denominados acusatorios.Con la sanción de la ley 13013 se terminó de configurar el cuadro dotando al Ministerio Público de la Acusación el monopolio de la persecución penal pública.Pero los resultados son aterradores.Según el informe del Fiscal General elevado a la Asamblea Legislativa- desde febrero de 2014 a junio de 2019  de  1.163.461 causas que se iniciaron, 518 concluyeron por Juicio Oral. Esto es, sólo el 0,05% de los casos investigados logró una condena por juicio oral y menos del 1 % logró una condena por vía del Procedimiento Abreviado. Analizando estos números podemos afirmar que esa sensación de impunidad ya deja de ser una sensación para convertirse en una realidad”, continuó Martínez.

 

“Por eso he presentado este proyecto apenas asumí, junto con otros relacionados a la lucha contra la inseguridad y la impunidad. Queremos que Santa Fe sea la primera provincia del país en la que sus ciudadanos le den forma y contenido, a través de su voto, a algo tan importante como la política de persecución penal. Que se acabe la impunidad es el desafío que tenemos por delante”, concluyó.

 

Iniciativas

Martínez destacó que en el marco de su lucha contra la inseguridad ha presentado varios proyectos: Ley de defensa de Derechos y Garantías de las víctimas, el Observatorio de las víctimas de delitos, la modificación del Código Procesal Penal para incorporar de manera plena los derechos de las víctimas en el proceso y la modificación del Código de Procedimiento Penal Juvenil y un proyecto de Ley de Emergencia del Servicio Penitenciario para que no se liberen con la excusa de la pandemia a delincuentes condenados por delitos graves. 

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