La reforma judicial busca su rumbo definitivo en el Senado

Con el condicionante del rechazo anticipado de la oposición, fundamentalmente de Juntos por el Cambio, y los reveses judiciales que -también por anticipado- ya recibió, de parte de las Cámaras Civil y Comercial y del Crimen de la Nación, el oficialismo en el Senado considera la posibilidad de introducir cambios en el proyecto de reforma judicial.

En rigor, lo único que está en juego hasta este momento es la fusión de fueros y ampliación del número de juzgados federales. as demás cuestiones que atañen a la reforma "de fondo", incluyendo la Corte y el Consejo de la Magistratura, está bajo análisis de la comisión asesora formada por el Presidente.

En cuanto al proyecto actualmente en el Senado, que fue declarado "inconstitucional" por los camaristas penales, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, negó el martes último que la iniciativa tuviera la intencionalidad de favorecer la situación judicial de Cristina Kirchner en las múltiples causas de corrupción que enfrenta, como denunció la cúpula de Juntos por el Cambio, sino que, dijo, busca mejorar el servicio de Justicia.

No es lo que opinaron los especialistas y magistrados invitados a exponer el jueves en comisión en la Cámara Alta, quienes señalaron que el proyecto no servirá para acelerar los procesos judiciales. Además, coincidieron en destacar que la multiplicación de juzgados federales que impulsa el Gobierno en su intento de licuar el poder de Comodoro Py es incongruente con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que con el sistema acusatorio pone en manos de los fiscales el peso de la investigación.

La posibilidad de introducir cambios al proyecto, para que pueda tener un tránsito más consensuado en la Cámara de Diputados -que el oficialismo no controla- fue deslizada por referentes legislativos del kirchnerismo y admitida por el jee de Gabinete, Santiago Cafiero.

EN COMISIÓN

Mientras tanto, el debate del proyecto continuará esta semana en forma virtual en el Senado, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, al que asistirá la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

También están convocados para este martes la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) Carlos Rívolo, quien es también fiscal federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Asistirá también el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien integra el consejo asesor convocado por el presidente de la Nación para elaborar sugerencias para implementar para mejorar el sistema de Justicia.

También participará de esta nueva audiencia el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, titular del espacio Gente de Derecho; y la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez.

El listado de convocados incluye a las fiscales Gabriela Baigún y Mónica Cuñarro; al presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón, y al integrante del Colegio de Abogados de CABA y exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi. Este último había sido convocado, junto con Raúl Zaffaroni, para la reunión del jueves pasado, pero ambos fueron reprogramados por razones laborales. En el caso del exintegrante de la Corte Suprema, todavía no se informó sobre cuando asistirá al Senado.

QUÉ SE DISCUTE

El proyecto de ley que se debate en el Senado crea el fuero Federal Penal, mediante la unificación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económico. Cada uno de los juzgados actuarán con una de las dos secretarías que actualmente tienen, en tanto que la restante pasará a trabajar en coordinación con los nuevos 23 tribunales que se sumarán a la administración de justicia.

Además, la iniciativa propone una reforma en el sistema de subrogancias con el fin de darle mayor transparencia a la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Finalmente, y entre otros aspectos, también se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de nuevos tribunales orales.

En una segunda fase de esta reforma trabaja un órgano consultivo integrado por juristas que convocó el Poder Ejecutivo y que tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Juicio por Jurados y la Corte Suprema de Justicia. El resultado de ese proyecto será también enviado al Congreso para su tratamiento.