Ricardo Luis Lorenzetti*

Las Naciones Unidas (ONU AMBIENTE), la Unión Internacional sobre conservación de la naturaleza (UICN), el Instituto Judicial Global en Derecho Ambiental, todos organismos que integro, han expresado su preocupación por los incendios masivos ocurridos en zonas tan distantes como Australia, Siberia, Amazonas, y ahora el Delta del Paraná.

Los incendios, la falta de agua, el deshielo de los glaciares, las enfermedades de origen animal como el coronavirus, el calentamiento global, la extinción de especies, y muchos otros fenómenos son indicios de un camino errado que puede llevar a un colapso ambiental.

Por eso es tan urgente reaccionar.

La Corte Suprema ha considerado que en las islas del Delta, “hay un ecosistema vulnerable que necesita protección, porque es un inmenso humedal y como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, cumple múltiples y fundamentales funciones como la recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la erosión, la regulación del clima y una extensa lista de bienes y servicios al hombre”.

Los irregulares afectan gravemente el ambiente, se pierden bosques, se afecta la función de humedales, se cambia abruptamente el uso del suelo, desaparecen innumerables especies de origen subtropical, de la vida silvestre, de la flora y de la fauna, y la biodiversidad.

También afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, incluso la de los que viven en la zona y viven de sus recursos.

Hay numerosas leyes aplicables al tema y sobre todo vinculadas a la protección del ambiente así como la prohibición de quemas sin autorización. Pero el problema central es su aplicación.

Ricardo Luis Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Foto: Pablo Aguirre / Archivo

Existen sanciones administrativas, penales, así como responsabilidad civil por daños que están perfectamente reguladas en nuestro sistema legal.

Pero el problema central no es una persona o un incendio, sino una acumulación de malas prácticas a lo largo del tiempo que son acentuadas por un contexto de sequía y bajante del río.

La solución no es entonces enfocada en una causa, sino en cambiar un proceso que haga sustentable el uso y goce del recurso.

El Delta es un humedal calificado internacionalmente como “Ramsar” con referencia a la convención internacional que protege los humedales. Por esta razón necesita de un análisis integral, que reformule los usos, establezca incentivos adecuados, mejore los controles, eduque e informe.

Es decir que el centro de la política pública es el humedal, lo que no se puede hacer adecuadamente si la zona está dividida en provincias, municipalidades y juzgados diferentes. Por esta razón la Corte convoca a todos a formar un comité integral.

La experiencia muestra que, en estos casos, es necesario incrementar las fuentes de información y las diversas perspectivas. Por eso es importante el aporte que hagan las universidades, las organizaciones no gubernamentales, y los ciudadanos, para que el conocimiento colectivo mejore las deficientes aproximaciones unilaterales.

La Corte Suprema dictó una medida cautelar en el inicio de un proceso judicial, convocó a las máximas autoridades de la región, y pide informes y lo hizo de modo unánime.

Es importante que este inicio nos sirva a todos los ciudadanos para entender que no hay salud humana sin salud de la naturaleza, y que el derecho al ambiente incluye también el deber de cuidarlo.

*Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.