El Senado dio ingreso a los pedidos de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, para anular traslados supuestamente irregulares de 10 jueces durante la administración Macri. Entre ellos los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Previo a la sesión, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Alejandra Biotti ordenó a los senadores abstenerse de evaluar la situación de Bertuzzi y Bruglia; dictó una pre cautelar hasta tanto se defina la cuestión de fondo, la cual es una cautelar sobre si corresponde hacer lugar al pedido de los jueces para mantenerse en sus cargos.
Además hay un planteo de inconstitucionalidad sobre la medida que impulsa el kirchnerismo desde el gobierno nacional y que dispuso, con mayoría oficialista y el apoyo decisivo de Graciela Camaño, el Consejo de la Magistratura.
El titular del bloque oficialista, José Mayans, aclaró que el tema no se trató sino que sólo se ingresó el pedido para anular los traslados. Pero además calificó la orden judicial como "un atropello a las funciones del Parlamento".
Vanas fueron las advertencias del jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien señaló que "el reglamento de la Cámara es muy claro: el tratamiento arranca justamente a partir de la lectura en el recinto y el expediente toma estado parlamentario". Para el legislador radical, la Cámara violó la orden judicial.
Los 10 jueces que el kirchnerismo quiere "devolver" a sus lugares de origen, ocupaban cargos en tribunales orales federales antes de ser promovidos a camaristas sin un nuevo acuerdo del Senado; si bien ya lo poseían, cambiaron de categoría mediante un decreto presidencial.
El 28 de marzo de 2018, el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, consultó a la Corte sobre el caso de Bruglia; el máximo tribunal dictaminó que no hace falta un nuevo procedimiento de designación. La escena abre un profundo conflicto de poderes. Bruglia y Bertuzzi actuaron en cuestiones relativas a la causa "Cuadernos"; según la ley sólo podrían ser removidos por una sentencia judicial; en el trasfondo de la disputa está la eventual nulidad de lo que hicieron en los cargos si la lectura kirchnerista prosprera.
La jueza María Servini volvió a rechazar un planteo del ex presidente Mauricio Macri contra la decisión de entrecruzar sus comunicaciones con otros ex funcionarios, en el marco de una causa que investiga supuestas presiones sobre el Grupo Indalo; Cristóbal López y Fabián de Souza acusan al ex presidente de querer quedarse con sus empresas.
Tenés que leerCristina cargó contra los jueces que "consagran la impunidad de Macri"La magistrada pidió al Colegio de Abogado de la Capital Federal que evalúe la conducta del representante de Macri, Pablo Lanusse, quien en los escritos presentados la acusó de inclinar la cancha en favor de Carlos Beraldi y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y advirtió que su decisión le provocaba "tristeza y náuseas".
Servini había ordenado una pericia amplia sobre el teléfono del ex presidente -entre otros- pero la Cámara Federal le ordenó que acotara la búsqueda a la materia de su expediente. La magistrada decidió continuar con la prueba por considerar que la decisión de la Cámara no implicaba dar marcha atrás, y por ello la defensa de Macri la acusó de "desobediencia" a sus superiores.