La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados completó ayer con directivos de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario la ronda de consultas sobre el mensaje del Poder Ejecutivo que propone la adhesión de Santa Fe a la ley nacional Nº 27348 "Complementaria de la Ley sobre Riesgo del Trabajo". "Fue una muy buena reunión, nos escucharon, planteamos nuestras razones sobre la necesidad de adhesión" dijeron voceros de las entidades al retirarse del encuentro.
La reunión -en forma virtual- fue encabezada por el radical Fabián Palo Oliver quien confirmó a El Litoral que el propósito es emitir dictamen el miércoles venidero para que el asunto recale en Asuntos Constitucionales y Legislación General, instancia previa a la llegada al recinto. En Asuntos Laborales no habría dictamen único ya que hay legisladores que consideran necesaria la norma y otros -como el propio Palo Oliver- que la consideran un retroceso.
Gremios, entidades empresariales y entidades de la abogacía fueron algunos de los sectores que fueron escuchados por los diputados.
Tras la reunión de ayer, las dos Bolsas emitieron un comunicado donde ratificaron que fueron "a expresar sus argumentos en apoyo al proyecto de adhesión de la provincia a la Ley Complementaria de Riesgos de Trabajo N° 27.348, que cuenta con media sanción del Senado. La aplicación de la norma proyectada permitirá mejorar notablemente la gestión integral relacionada con los riesgos del trabajo, focalizando la atención en la prevención de accidentes y enfermedades laborales".
Sostienen en el documento que "el proyecto de ley de adhesión establece para el trabajador un procedimiento ágil y efectivo para la percepción de las prestaciones del sistema, respetando los principios de debido proceso y defensa en juicio. En esa dirección, se convalida el papel de las Comisiones Médicas, como vía administrativa, previa y especializada, fijando un plazo de 60 días hábiles para sus resoluciones lo que reduce notablemente los plazos de los reclamos, y asegurando los derechos de los trabajadores en cuanto a asistencia letrada (incluso con patrocinio gratuito)".
Mencionan que "la experiencia de las quince jurisdicciones que ya aplican este sistema indica que el grado de litigiosidad se redujo en forma sustancial, lo que se traduce en una menor alícuota de prima en las pólizas de accidentes laborales. La adhesión de Santa Fe permitirá que los empleadores, especialmente las pequeñas y medianas empresas, puedan mejorar sus costos laborales contribuyendo de esta forma a la creación de empleos en igualdad de condiciones que sus competidores de otras provincias". Acotaron las Bolsas que "estos resultados se obtienen sin cercenar derechos de los trabajadores, quienes acceden a un sistema ágil y efectivo, que consigue resultados en menor plazo, conservando la posibilidad de recurrir judicialmente la decisión administrativa si no están de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Médica".
Del encuentro tomaron parte los presidentes de ambas entidades: Ulises Mendoza (Santa Fe) y Daniel Nasini (Rosario). Este fue acompañado por el vicepresidente Federico Helman, el director Institucional y de Mercados, Javier Cervio, y los asesores Mario Acoroni y Carlos Bosco. Por su parte, Mendoza lo hizo con el secretario, Juan Pablo Durando; el tesorero, Carlos Sansevich; y el gerente general, Germán Dobler.
La semana pasada, la Federación de Colegios de Abogacía de la Provincia de Santa Fe se pronunció en contra de la adhesión por entender que es violatoria de los derechos básicos constitucionales.
Según los cinco colegios, la ley "afecta gravemente los derechos de los trabajadores víctimas de un infortunio laboral, en cuanto impide a los trabajadores el libre acceso a la justicia, en cuanto los somete a una vía administrativa previa, quitándolos de su juez natural, discriminándolos peyorativamente ante los demás ciudadanos víctimas de un daño los que pueden acudir a la justicia sin más trámite, entre otras innumerables afectaciones constitucionales".
Ante la Comisión legislativa, la CGT y CTA Santa Fe fueron a expresar su rechazo mientras que el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman logró el apoyo al texto de los principales gremios santafesinos, rosarinos y rafaelinos que salieron a respaldar el proyecto remitido por el gobernador Omar Perotti.
La Comisión de Educación de Diputados aceleró reuniones con sectores que pretenden expresar opiniones sobre el proyecto de Educación Sexual Integral (ESI) donde convergen iniciativas de los diferentes sectores políticos. Este viernes, la presidenta de la comisión, la socialista Claudia Balagué, invitó a exponer a los centros de estudiantes secundarios y de educación superior así como a otros colectivos interesados en la temática. La reunión se hará en virtual.
Ayer ocurrió lo propio con distintas entidades vinculadas a diferentes religiones los que expusieron sobre la temática.
En tanto, en el Senado también se discute un proyecto sobre la materia ingresado por el jefe de la bancada justicialista, Armando Traferri.
La comisión Vicentin con los síndicos
La Comisión de Análisis y Seguimiento de Vicentin de la Cámara de Diputados mantuvo un encuentro ayer con los síndicos sorteados y que intervienen en el concurso preventivo de la firma aceitera que se tramita en el juzgado en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini. Se trata de Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco.
Luis Rubeo (PJ), presidente de la Comisión, informó a El Litoral que los tres profesionales ratificaron que la firma tiene el dinero para pagar los salarios a los trabajadores hasta marzo del año que viene y que los activos de la firma "no alcanzarían a saldar la totalidad de las acreencias". El trío de profesionales indicó además que enviaron a Lorenzini un pedido para conocer debido al entrecruzamiento de nombres en directores entre Vicentin SAIC y Vicentin Family Group si hay algún otro tipo de empresas que tiene la misma integración que la SAIC.
La presentación de acreedores ante el concurso vencerá el 25 del corriente. No obstante, la sindicatura tiene tiempo hasta marzo próximo para elevar su informe definitivo ante el magistrado interviniente.