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Lunes 24.08.2020 - Última actualización - 6:34
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Media sanción y pase a Diputados

El Senado pone reglas al teletrabajo judicial

La pandemia generó nuevas formas de resolver pasos procesales en juicios del fuero Civil y Comercial. Un proyecto de ley busca que no queden lugar a dobles interpretaciones y diseña procedimientos más allá de la emergencia.

 

Senado santafesino Crédito: ArchivoSenado santafesino
Crédito: Archivo

Senado santafesino Crédito: Archivo



Media sanción y pase a Diputados El Senado pone reglas al teletrabajo judicial La pandemia generó nuevas formas de resolver pasos procesales en juicios del fuero Civil y Comercial. Un proyecto de ley busca que no queden lugar a dobles interpretaciones y diseña procedimientos más allá de la emergencia.   La pandemia generó nuevas formas de resolver pasos procesales en juicios del fuero Civil y Comercial. Un proyecto de ley busca que no queden lugar a dobles interpretaciones y diseña procedimientos más allá de la emergencia.  

Bajo la idea de que la pandemia puede cambiar formas de trabajo también en el Poder Judicial de la Provincia, el Senado santafesino aprobó un proyecto de ley que busca ponerle reglas claras al teletrabajo en el proceso penal del fuero Civil y Comercial.

 

Se trata de un proyecto presentado por el senador Lisandro Enrico (UCR-General López) que logró la unanimidad y pasó a Diputados, que modifica los artículos 37, 38, 61, 62, 63, 64, 68 y 89 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincial (Ley Nº 5531).

 

La iniciativa es consecuencia “del nuevo sistema de trabajo generado a partir de la pandemia y trata de resolver por la vía legislativa una serie de aspectos sustanciales relacionados al desarrollo de los procesos y de las formas de trabajo implementadas y las que deberán implementarse en el futuro”, explica en los fundamentos el legislador. El objetivo es evitar que los procesos o los modos de litigación queden subordinados a criterios interpretativos o de “ejecución inestables”. El texto estuvo un corto período en comisiones, desde mediados de julio a la misma altura del mes de agosto y consta de once artículos. Deja sentados “algunos principios esenciales y reglas procesales claras”, que resulten de utilización extendida y homogénea.

 

Plazos, radicación del domicilio electrónico, impulso de los procesos y algunos otros elementos conexos forman parte de l norma de eminente carácter técnico y por ello potencialmente muy útil para que la norma anticipe chicanas de las partes, ante lo que no está escrito en la ley vigente.

 

Por ejemplo, se contempla la necesidad de denunciar domicilio o correo electrónico al momento de comparecer al proceso; se incorpora el domicilio electrónico al domicilio legal; se mantiene la regla del martes o viernes siguiente para el inicio del cómputo de las providencias que no deben ser notificadas por cédula; y lo mismo con los supuestos de notificación por cédula y, a su vez, deja establecido que el impulso del proceso corresponde a las partes, se contempla el trabajo sea adecuado al nuevo régimen de cédulas electrónicas y se agrega la posibilidad del pedido de parte. También se fijan plazos sobre las notificaciones, entre otros aspectos técnicos.

 

“Los nuevos sistemas de trabajo han generado posiciones encontradas en la interpretación o implementación, afectación o puesta en crisis de principios procesales y constitucionales esenciales (debido proceso, bilateralidad de la audiencia, derecho de contradicción), mediante un sistema de carácter normativo instrumentado a partir de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia o reglamentaciones a partir de esos Acuerdos. No ha existido publicidad ni un tiempo de vigencia razonable, generándose modificaciones legislativas sustanciales a partir de delegaciones que ponen en crisis normas procesales destinadas a resguardar el derecho de los justiciables”, explica Enrico en los fundamentos.

 

Y dice que “bajo esas condiciones resulta imprescindible retomar las facultades reglamentarias de cualquier norma procesal en manos del Poder Ejecutivo, con la debida intervención de una Comisión Asesora, de carácter permanente con representantes del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Colegios de Magistrados y Colegios de Abogados de la provincia, como una forma de diagramar y facilitar las reformas, garantizándose un marco de diálogo y entrecruzamiento de miradas e intereses destinados a mejorar el servicio de justicia”, sostiene.

 

La UCR pide reglamentar una ley de inversiones en barrios

 

El Bloque de Senadores de la Unión Cívica Radical solicitó que “el Poder Ejecutivo proceda a reglamentar la Ley N° 13.896 -mediante la cual se crea el Programa de Intervención Integral de Barrios-, e implementar los procedimientos previstos taxativamente en dicha ley para ejecutar el programa señalado”, mediante un proyecto de comunicación que fue aprobado por la Cámara alta, en la que el justicialismo tiene la mayoría.

 

El presidente de la bancada de la UCR, senador Felipe Michlig (San Cristóbal) explicó que oportunamente, mediante Ley N° 13.896, el Poder Legislativo Provincial creó el “Programa de Intervención Integral de Barrios” con la finalidad de llevar adelante inversiones de urbanización e infraestructura, adquisición de bienes de uso, equipamiento, contratación de obras menores en barrios vulnerables y priorizados de todos los municipios de la provincia de Santa Fe.

 

La manifestación fue acompañada por todos los integrantes del interbloque radical: Lisandro Enrico (General López), Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio Marcón (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución), Hugo Rasetto (Iriondo) y Leonardo Diana (San Gerónimo), además de Michlig.

 

La ley que creó el programa data del año 2019 (el último de la gestión del Frente Progresista, Cívico y Social)  y fue promulgada en una fecha particular: el 17 de octubre del año pasado, pero aún no ha sido reglamentada.

 

El líder del bloque opositor advirtió que “en el Presupuesto General de Gastos y Estimación de Recursos para el ejercicio 2020 aprobado por Ley N° 13.938 se incorporó el citado Programa al presupuesto provincial, estableciendo la categoría programática respectiva y el monto de la partida con un importe de $ 3.138.000.000, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 13.896 antes mencionada”.

 

En otras palabras,  el Poder Ejecutivo Provincial “contaba con todos los elementos necesarios para que proceda a reglamentar dicha ley e instrumentar los aspectos meramente procedimentales para que el Programa logre su concreción efectiva, esto es, la aplicación por parte de todos los municipios de los recursos en obras y proyectos concretos que mejoren la calidad de vida de la población objeto del programa. Sin embargo, la Casa Gris no ha llevado a cabo ninguna de dichas acciones, inclusive aquellas que no demandan recursos presupuestarios como es el caso de la emisión de un simple decreto reglamentario”.

 

Michlig dijo que “esto denota, en los hechos y transcurrido ya un 15% del mandato, una clara decisión del Poder Ejecutivo de recurrir a mecanismos omisivos para que lo establecido por la ley no se concrete en desmedro de los municipios y habitantes santafesinos que se ven privados de la ejecución de proyectos que mejoren su nivel de vida”.

 

La coyuntura actual de pandemia Covid-19 añade otro factor que no hace más que profundizar las consecuencias de la falta de concreción del Programa de Intervención Integral de Barrios. “Mientras sectores de la población ven que desmejoran sus condiciones de vida resultado de la pandemia, estas acciones del Estado destinadas a mejorar las condiciones de vida no se concretan”, señaló el radical.

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