El Tribunal Oral Federal (TOF) había fijado para este lunes 24 de agosto el inicio del juicio oral y público contra Daniel Francisco Mendoza, alias Tuerto, quien se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza tras su recaptura, a fines de 2018. El juicio iba a realizarse con el imputado por videoconferencia -como se viene haciendo desde el inicio de la pandemia-, pero a última hora del viernes las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) informaron al tribunal (María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría) de la imposibilidad de trasladar a Mendoza.
El problema que surgió fue que en el lugar donde se encuentra alojado Mendoza (Módulo 1, Pabellón D, celda Nº 24) hay un interno con coronavirus, por lo tanto, por protocolo, el SPF informó de la imposibilidad de realizar el traslado del interno a la sala de videoconferencia, que se encuentra en otra dependencia del Penal.
A propósito de lo ocurrido, el propio abogado defensor, Sebastián Gervasoni, recordó que “yo lo informé en su momento” cuando Mendoza “me pidió quedarse en la celda” atento a que a pesar de sus 56 años, presenta un cuadro de salud que lo coloca en el denominado “grupo de riesgo” por comorbilidades.
“Sí, se suspendió el juicio”, confirmó el defensor, quien adelantó que no cree que se reprograme pronto, por una cuestión de agenda del tribunal. Y si bien las autoridades intentaron ser cautas con la información, Gervasoni contó que “un interno, Julio T. se murió por coronavirus días atrás y hay un montón que están contagiados”, en referencia al Módulo Nº 1 de Ezeiza.
Gervasoni señaló además que su cliente “estuvo muy poco tiempo en el destacamento local de la Policía Federal y lo mandaron a Ezeiza”, donde se encuentra alojado actualmente, tras su captura el 30 de noviembre de 2018 en la provincia de Córdoba.
El abogado reiteró el reclamo para que “le permitan (a Mendoza) mantenerse aislado, en razón de que se sabía que estaba el virus circulando” y porque “él mismo sabe que corre riesgo de vida ante un posible contagio”. El pedido se formalizó el 29 de julio pasado y así fue informado por el tribunal a las autoridad penitenciaria de la que está a cargo.
Hace casi un mes, el 27 de julio de 2020, el diario Clarín publicó un informe en el que da cuenta que “uno de los fallecidos alojados en el Complejo 1 de Ezeiza tenía 68 años y cumplía una pena de 4 años y tres meses, por robo. Lo habían detenido en abril de 2019. Una semana atrás fue hisopado, con resultado negativo. Sufría de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). La Procuración Penitenciaria había solicitado su arresto domiciliario por ser persona de riesgo. El pedido fue denegado”.
Además, señala el diario nacional que “el jueves (23/7) por la noche se empezó a sentir mal y fue trasladado al hospital Alberto Eurnekian. Ya fallecido, lo volvieron a hisopar y el resultado dio positivo. Hasta sus últimos días, estuvo en el pabellón D del Módulo 1”, el mismo donde está alojado Mendoza.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) informa que la situación epidemiológica en los establecimientos federales es de diez fallecidos, 2 de los cuales corresponden al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza; y los restantes a: 4 CPF II Marcos Paz; 1 en la U31 de Mujeres; y 3 en la U34 de Campo de Mayo.
Los datos se corresponden al “reporte diario de Covid-19” del 25 de agosto, difundidos a través de la página oficial www.spf.gob.ar.
El Tuerto Mendoza iba a ser juzgado por un hecho cometido en 2017, mientras se encontraba gozando de las salidas transitorias de la cárcel de Las Flores, donde ya purgaba una condena por el mismo delito.
El 17 de abril de 2017 efectivos de la Brigada Motorizada de Santa Fe detuvo a Matías Nicolás Trejo con una mochila con 1,736 kg. de marihuana en las inmediaciones de la terminal de colectivos.
Trejo dijo espontáneamente que trabajaba para Mendoza, que estaba con las salidas transitorias y que él mismo le había entregado la droga en una casa de Santo Tomé. También relató que debía llevarla a la ciudad de Rafaela, donde se encontraría con una mujer en zona de la Sociedad Rural y que le iban a pagar $ 1.500 por el trabajo.
Trejo y Mendoza fueron procesados como coautores del delito de “transporte de estupefacientes, agravado por la participación de tres o más personas”; y María Angélica Aressi -pareja de Mendoza- como “partícipe secundaria” del mismo delito.
La mujer, declarada rebelde desde el 24 de junio de 2019, era la dueña de la casa de calle Cibils al 3400 de la ciudad de Santo Tomé, desde donde había salido la droga secuestrada.