"Queremos buen servicio, a un precio justo", dijo el vicepresidente del Enacom

-¿Cuál es el alcance del decreto presidencial que declara servicios públicos esenciales a los de telefonía, televisión por cable e Internet?

-Tiene que ver con cuidar los derechos del usuario y el consumidor, los derechos del ciudadano, que están en la Constitución Nacional. El derecho a saber la tarifa, el porqué, tener información transparente. Y también con que hoy la comunicación es un derecho humano básico. Y la conectividad, el acceso a las tecnologías de la comunicación y de la información, han sido declarados así tanto por las Naciones Unidas como por un conjunto de países: todos los europeos, la Constitución de México, la de Costa Rica. En muchos países americanos los Estados tienen que tener acciones proactivas para garantizar este acceso a internet, a la telefonía o a la televisión. Entonces, frente a aumentos desmedidos o muy importantes y frente a la imposibilidad de intervenir por parte del Estado, porque carecía de herramientas, lo que se hizo fue declarar ésto un servicio público, esencial, estratégico Y reponer dos artículos que ya estaban en la Ley de Argentina Digital, para que el Estado pueda ser mediador entre las empresas y la sociedad, por los aumentos de precios. De modo que, a partir de ahora, ningún aumento puede efectivizarse sin el aval del ente regulador, que tiene que justificar, o mirar que las empresas justifiquen el aumento.

- Esta decisión se toma justamente cuando se había anunciado un aumento.

- Sí, y en un contexto donde en los últimos cuatro años el aumento de los precios fue muy superior al de la inflación. Todos los años los precios están por encima de la inflación. Y se agrega a todo ésto la tarifa social y el congelamiento. El congelamiento es exclusivamente por la crisis y por la pandemia, no hay ningún otro motivo. Y lo que tiene que ver con la tarifa social es para aquellos que no puedan pagar, con los servicios que las empresas propongan.

- Entonces, lo que habrá después del congelamiento es una trámite de las empresas para solicitar un aumento y justificar el pedido, a la manera de las prepagas en salud…

- Nosotros vamos a ir conversando en estos meses para escribir la reglamentación, con todos los sectores. Las empresas son muy variadas, no es lo mismo una pyme o una cooperativa que una empresa grande, entonces lo que vamos a tratar es de tener en cuenta estas particularidades, para que las empresas, manteniendo un margen de ganancia razonable, y manteniendo las inversiones, puedan ofrecer una tarifa que además sea accesible a la población, y que se justifiquen

- Esto mereció un planteo de las empresas de que conspiraría contra las inversiones, al romper la ecuación económica, y anticiparon la posibilidad de recurrir a la vía judicial.

- Todo el mundo tiene la posibilidad de acudir a la Justicia si entiende que el Estado ha avasallado algún derecho. Los usuarios y los consumidores, que representan a millones de argentinos, estaban esperando ésto, porque estaban cansados de enterarse cuando les llegaba la factura de cuánto iban a tener que pagar y no saber por qué. Por lo menos son 30 mil quejas que se reciben por mes contra los servicios que se prestan, que no son satisfactorios. Y cuando uno se quiere ir de una compañía, para pasarse a otra, de golpe le ofrecen un descuento del 50 % por seis meses. Entonces, uno no sabe si le están cobrando de mas, o si van a perder plata para retenerlo. Lo único que estamos pidiendo nosotros es, ahora, transparencia.

- En tanto, varía el enfoque de fondo: algo considerado suntuario o acceesorio, con lo que uno se tenía que aguantar los aumentos o abandonar, ahora se lo cataloga como esencial.

- El acceso al conocimiento, a la educación, a la cultura, además como herramienta de trabajo, son fundamentales. Hoy no puede haber un comercio o una industria si no tienen conectividad a internet. Entonces, ya habían aumentado en abril. Otra vez aumentar en medio de la pandemia, cuando además hay millones de argentinos que apenas llegan con lo justo para poder sobrevivir, carecía de razonabilidad. Por eso se toman las dos medidas: por un lado, congelar los precios, por la pandemia y ante el aumento que querían hacer, y por otro lado, comenzar a tener herramientas que permitan tener una situación distinta para los usuarios. Lo que queremos es una tarifa justa, adecuada, equilibrada, que permita a las empresas ganar e invertir, y que los usuarios puedan pagar.

- Como en otras materias en el marco de la pandemia, se avanza en una cuestión de fondo a partir de una circunstancia coyuntural.

- Sí, y se repone algo que ya estaba, y que fue sacado por presión de las empresas en el año 2015, en una coyuntura en la que sin eso no se podría seguir adelante. La actividad no puede depender solamente del interés de las empresas. Hay alguien del otro lado, que es el que consume, el que paga, el que utiliza el servicio, y que es el que sostiene las inversiones también. Porque hay millones de personas que pagan 8 mil de dólares millones por año para recibir un servicio, y que quieren recibir uno que sea bueno, y a un precio justo. Bueno, el Estado está mediando para eso.

- En tanto, la prestación básica universal y la tarifa social, ya no serían sólo para garantizar un mejor precio a quienes hoy son usuarios, sino buscar la forma de que el servicio llegue a más personas

- Que llegue a más personas, exacto. Hay quienes no pueden pagar los 100 megas, o los 50 megas que las empresas ofrecen, a lo mejor a un precio equilibrado para el bolsillo de algunos, que por lo menos tengan una conexión a internet, la televisión paga y a la telefonía móvil, a un precio accesible, que también va a estar regulado por el Estado y contemplando los aumentos de costos