Vicentin: acreedores reclaman una deuda 15% superior a la denunciada

Juan Chiummieto | [email protected]

No fue una buena semana para el grupo Vicentin. En paralelo al conflicto gremial que afecta a Algodonera Avellaneda, la causa donde se tramita la convocatoria de su empresa insignia le reportó varios disgustos. Primero el juez Lorenzini autorizó la auditoria forense que motorizan sus principales acreedores, luego la compañía se anotició que deberá dejar sus oficinas en la Bolsa de Comercio de Rosario y, por último, se conoció que la deuda reclamada es un 15% mayor a la oportunamente denunciada. Todo esto en la antesala de un mes clave, ya que durante septiembre se espera un recambio de directorio que intente inyectar aire fresco a los negocios de la tradicional firma del norte santafesino.

El martes pasado finalizó la primera de las grandes etapas que cualquier concurso preventivo prevé, denominada verificación de créditos. En ella, los acreedores presentan los avales para reclamar por lo suyo, que luego serán evaluados por los síndicos y serán el principal cuerpo de los informes que dichos funcionarios elevan al juez de turno. En el caso de Vicentin, hubo 1.742 presentaciones de acreedores, quienes reclamaron 34.000 millones de pesos, 1.340 millones de dólares y 39.000 euros.

Para tener una dimensión apróximada de cuál es la diferencia entre lo que expuso la empresa al momento de pedir la convocatoria y lo que se reclamó en la verificación de créditos, debe tenerse en cuenta que el pasivo denunciado en febrero fue en pesos y a una cotización de $ 60,58 para la moneda norteamericano. Así, se expuso que la firma debía 99.345 millones de pesos. Si se tomara esa misma cotización para lo reclamado hasta el martes, la cifra escala a los 115.378 millones de pesos (un 15% más).

Hasta el 18 de septiembre se abre ahora un nuevo período, en el cual se recibirán impugnaciones y observaciones sobre estas solicitudes. Recién para el 13 de noviembre los síndicos presentarán los informes individuales (allí se pronunciarán sobre los reclamos de los acreedores), en tanto que hasta el 16 de marzo del año próximo habrá tiempo para la elaboración del informe general.

En un escenario por demás de optimista, el proceso judicial podría cerrarse hacia septiembre de 2021 cuando venza el período de exclusividad, la última de las etapas previstas. Teniendo en cuenta que el mismo puede extenderse hasta dos meses después por pedido de Vicentin, los primeros pagos podrían aparecer recién para 2022, aunque ello podrá dilatarse aún más en función de la propuesta que haga la empresa.

Dudas

Más allá de ese camino formal, cada vez resuena con más fuerza la versión sobre que la agroexportadora no tendría el respaldo suficiente para honrar su pasivo. En parte, ese misterio podría comenzar a develarse en dos semanas, cuando se presenten los resultados de la auditoria forense que solicitaron sus principales acreedores.

Se informó oportunamente la revelación que hizo el diputado Luis Rubeo, presidente de la comisión de seguimiento en la Legislatura. Según dijo a El Litoral, los síndicos le aseguraron que "los activos no alcanzarían a saldar la totalidad de las acreencias".

En 15 días el estudio porteño Arnaud Iribarne y Asociados y la internacional Deloitte elevarán un informe, que incluirá conocimientos criminalísticos, contables, jurídicos, procesales y financieros. El mismo es resultado de un pedido que Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Banco Nación y los bancos IFC y FMO hicieron a Lorenzini para entender "cómo y por qué" se produjo el colapso de la empresa hacia fines de 2019.

La propia ACA -principal damnificado comercial por el default-- no dudó en firmar un escrito donde calificaba como "genéricas y vagas" las explicaciones del Directorio sobre la crisis. En la auditoría, intentarán argumentar la existencia de un conjunto económico, para así lograr que todas las empresas del grupo formen parte de la causa. Esa sería la única manera de asegurar el cobro de las deudas, según entienden.

Sin oficinas

Como corolario a una semana que distó de ser de las mejores en la larga historia de Vicentin, el juez Lorenzini le negó un pedido para continuar con el alquiler de sus oficinas en el edificio Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario. Si bien en lo que refiere al funcionamiento del negocio la decisión no es grave, significa un golpe simbólico muy fuerte.

El espacio, ubicado en el piso 11 del inmueble del microcentro rosarino, fue el centro de operaciones de Vicentin durante la presidencia de Alberto Padoán en la entidad bursatil, donde además de realizarse encuentros comerciales se materializaban reuniones políticas para acrecentar el peso del PRO en la región.

En el escrito que oportunamente presentó el apoderado de Vicentin, se explicaba que la locación del inmueble resultaba imprescindible, porque desde allí "la concursada realiza una parte importante de sus negocios, además de que es el lugar donde concurren sus clientes comerciales y dependientes de la firma, donde desempeñan sus tareas". Sin embargo, Lorenzini le denegó el pedido, indicando que "no se revela como un contrato esencial para el desarrollo de las actividades empresariales o que pudiera reportar alguna ventaja significativa para justificar su onerosidad".

El contrato de alquiler vence el próiximo 30 de noviembre y su valor mensual asciende a 3.328 dólares más IVA. En el marco de su cesación de pagos, Vicentin debe a la Bolsa más de 15 millones de pesos.