La crisis de credibilidad en el Ministerio Público de la Acusación, donde varios de sus integrantes están seriamente cuestionados, se manifiesta en la Legislatura con fiscales del sur.
Diputados y senadores hablarán con los fiscales que investigan a sus pares: Gustavo Ponce Asahad, suspendido por la Legislatura y detenido por la Justicia, y Patricio Serjal, que renunció al cargo de fiscal regional de Rosario. Están acusados de cobrar coimas del juego ilegal, en una causa que derivó en un testigo especial: el comisario re-retirado Víctor Sarnaglia. ¿Volverá sin más a su casa en el barrio El Pozo? ¿Más puntos cardinales para la labor de control legislativo sobre el MPA?
La crisis de credibilidad en el Ministerio Público de la Acusación, donde varios de sus integrantes están seriamente cuestionados, se manifiesta en la Legislatura con fiscales del sur.
Y en ese rumbo irá la Comisión de Acuerdos este martes, a Rosario.
Por una parte, dialogar con la Asociación de Fiscales que reniega del control directo por parte de la Legislatura, sobre los defensores y los fiscales, que impuso la ley 13.695, votada por unanimidad y en ambas Cámaras, sin discursos y sobre tablas, en la última sesión del período ordinario de 2017.
Ningún legislador de entonces ni de ahora cuestiona esa reforma profunda.
Es verdad, suena mal que los dirigentes políticos hayan recuperado el control directo de fiscales y defensores. Pero rehabilitar ese contrapeso de Poderes (la Legislatura por sobre la Auditoría del MPA) hoy evita que el control entre pares derive en defensas corporativas… En todo caso, se las reserva el poder (así a secas).
Seguramente, en la reunión también se hablará de las facultades que se tomó el Poder Ejecutivo al aceptar la renuncia de un fiscal regional (Serjal), e inhabilitarlo para el ejercicio de ese cargo y cualquier otro en la Justicia, según el particular texto del decreto de aceptación.
Por otra parte, Acuerdos tomará contacto directo con los fiscales que investigan al ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal y al fiscal suspendido y bajo prisión preventiva Gustavo Ponce Asahad.
El último, fue suspendido en tiempo record por la Legislatura, después que la Justicia le dictara la prisión preventiva, acusado de recibir sobornos del juego ilegal vinculado a bandas del narcotráfico, al igual que Serjal, quien con su renuncia quedó al margen de la revisión legislativa, más allá de la Comisión que creó la oposición en Diputados.
A Ponce Asahad lo espera la acusación en la Comisión de Acuerdos por parte del diputado Fabián Bastía (UCR), quien se descuenta que estará entre los que se trasladen al sur.
Se trata de la misma causa en la que es mencionado por un empresario del juego ilegal un pago a "Sarna", lo que derivó en un apurado pedido de licencia del entonces jefe de la Policía, Víctor Sarnaglia, para que –en calidad de testigo- brinde su versión. La razón: se encontró una foto de un pepelito con antociones manuscritas de presuntos pagos, muy pero muy fáciles de memorizar, más para un capo crupier de las apuestas paralelas, que ya sabía que se lo iba a allanar, en calidad de imputado arrepentido.
La brújula del MPA
Queriéndolo o no, el policía ahora re-retirado que vive en el barrio El Pozo –que fue convocado personalmente por el gobernador Omar Perotti- dio su punto de vista en unos audios, presuntamente filtrados en los que asegura ser víctima de "una operación", antes de declarar y de enterarse por redes sociales (como todos los santafesinos) que ya no encabezaba la Policía.
Sarnaglia parece haberse defendido muy a la manera de su superior (de quien sospecha es el autor de la supuesta maniobra), el ministro de Seguridad Marcelo Sain, cuyos audios de Whatsapp ya ocupan demasiado lugar en la memoria de los celulares de los periodistas.
Las novedades de esa causa, y de otras, si realmente se trata de una red de juego con más ramificaciones en el mapa de la bota, ¿puede ampliar los puntos cardinales del trabajo de Acuerdos? Ya hubo un comunicado de senadores del NES-PJ en el que se apuntó al Oeste y horas después se multiplicaron los allanamientos en Rafaela, la ciudad de la que fue intendente el gobernador, donde también cayó un ex funcionario de Seguridad del gobierno anterior.
Preguntas parecidas pueden formularse ante el llamado caso Oldani, del que ya fue apartada una fiscal por decisión del fiscal general Jorge Baclini.