Débora Actis difundió un video la última Navidad, donde acusaba a su novio, Ramiro Cornalis, de haberle dado una brutal golpiza, en su casa de la localidad de María Juana. La justicia le dio entonces una oportunidad al varón y lo dejó libre. Seis meses después, la pareja volvió a encontrarse a pesar de las prohibiciones y una vez más hubo violencia. Aunque la Fiscalía pidió la prisión preventiva, el mismo juez que lo benefició a fines del año pasado le concedió la libertad bajo alternativas, con la condición de que se mude a la provincia de Córdoba. La medida fue apelada, el 21 de agosto hubo una audiencia y se aguarda que la segunda instancia defina si Cornalis sigue el proceso en libertad o se le impone la prisión preventiva.
Será el juez del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Santa Fe, Fabio Mudry, quien decida en los próximos días el destino de Cornalis. El joven de 29 años, se encuentra actualmente viviendo en la casa de un familiar en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, por orden del juez penal de San Jorge Pablo Ruiz Staiger, que el 2 de julio último dispuso -por segunda vez- alternativas a la prisión preventiva. Además debió cubrir una fianza de medio millón de pesos y comprometerse a cumplir la prohibición de acercamiento a la víctima.
En la audiencia de Cámara, celebrada el pasado 21 de agosto, el fiscal Jorge Nessier hizo un pormenorizado relato de los hechos más recientes y recordó los pasados. “Nos oponemos a la libertad con alternativas” concedida por el juez Ruiz Staiger, despotricó.
Entre los principales cuestionamientos, reclamó que el magistrado no hubiera acumulado las dos carpetas judiciales, ya que de haberlo hecho, “con la nueva imputación se imponía la caducidad de pleno derecho” de las alternativas concedidas en diciembre, argumentó Nessier.
También se agravió porque “no se convocó al representante de la querella” y por ello “no se le dio oportunidad de que se manifestara de manera concreta”. “El juez no contempló el agravamiento que la conducta (de Cornalis) implicaba”, dijo.
“Expresamente dentro de las reglas de conducta se consignaba la prohibición de contacto” y si bien “en su descargo el imputado dice que ella lo llamó”, eso “es irrelevante” para la fiscalía.
Recordó que “el hecho de diciembre pasado alcanzó relevancia nacional”, por lo cual “parece inconcebible que el imputado vuelva a tener contacto con Actis en junio de este año”. En ese sentido, insistió que “ni la domiciliaria ni las alternativas resultan suficientes para neutralizar el peligro procesal”.
Finalmente calificó de “erróneo el razonamiento del juez Ruiz Staiger” y solicitó “se disponga la prisión preventiva de Cornalis”.
A su turno, el abogado querellante Martín Durando adhirió a lo postulado por la fiscalía: “Ha sido claro y profundo en la exposición de los hechos”, dijo. Y recordó que desde el 15 de mayo se encuentra resuelta su participación como querellante en la causa, la cual “indudablemente es una sola, sin embargo no fuimos convocados ni siquiera por vías informales” ni para la audiencia imputativa, pero tampoco para el tratamiento de la cautelar de mediados de este año.
Esa situación “me llevó a presentar una impugnación ante el juez Ruiz Staiger” al entender que “negó a la víctima una tutela judicial efectiva”. Y aclaró que “no es un reclamo formal, sino que causó un gran perjuicio para Débora” ya que “la víctima no se pudo defender ante las alegaciones de Cornalis”.
Criticó fuertemente la mirada del magistrado sanjorgense que “no ha tenido en absoluto una valoración con perspectiva de género” y citó al propio juez Mudry cuando en el caso del kinesiólogo Mariano Scali (fallo de Cámara confirmando condena) sostuvo que “la valoración sobre violencia de género no es una opción, es un deber”.
Y repitió: “No existió de parte del magistrado una tutela, ni se valoró el testimonio de la víctima según estándares internacionales”, “minimizando y estereotipando la situación que mi representada ha tenido que sufrir”, especialmente al considerar que “el relato de Débora condice con la evidencia recolectad” en la causa. “Lo que quería Débora era sentirse protegida y no que vaya preso como castigo”, sin embargo “la medida dispuesta por el juez no protegió a la víctima y por lo tanto no funcionó”, cerró.
En defensa de Cornalis intervino el abogado Sebastián Oroño, quien no dudó en cuestionar la “legitimidad del querellante en el segundo bloque de hechos” y dijo que “el imputado no tiene licencia para mentir” dado que en ese caso “él solo se estaría colocando en una situación de desventaja para que se le revoquen las alternativas”.
Denunció que “presentamos las claves de las cuentas de Instagram” para que la fiscalía vea que fue Actis quien indujo a Cornalis a violar la prohibición de contacto. Y destacó el fallo de Ruiz Staiger como de “alto contenido jurídico”.
También se preguntó “de qué manera, si estuvieron 5 horas juntos en un vehículo y ella fue raptada, ninguno de los dos tiene ninguna lesión”. Y sobre la acusación contra su pupilo de que quiso quemarla, sostuvo que “el único encendedor que había estaba en la cartera de Actis y no en poder de Cornalis”.
“El juez no dijo que el relato de la víctima fuera falso”, lo defendió Oroño. Y sobre la “desobediencia al mandato judicial” de su pupilo, observó que “desde lo formal hubo una violación a la medida de seguridad, pero surge de la evidencia que (Actis) lo indujo a hacerlo”, y leyó varios mensajes de texto que constan en la carpeta judicial. “No se le puede atribuir la violación cuando hubo una constante instigación”.
Solicitó la confirmación de la resolución del juez de San Jorge ya que “la evidencia muestra que era al revés, era Actis quien acosaba a Cornalis”. Y agregó “No podemos ser ciegos en pos de una corriente política, no se puede dejar de lado la evidencia. No podemos generalizar todos los casos en virtud de la necesaria perspectiva de género que debemos tener en la justicia”, completó.
Los hechos que son materia de análisis ocurrieron -primero- en la casa que Débora Actis y Ramiro Cornalis compartían desde hacía tres meses, en María Juana, un pueblo del departamento Castellanos cuyo nombre tomó relevancia pública a fines del año pasado con la viralización del video de la víctima. La mujer de 22 años denunció a su novio por la golpiza propinada la mañana del 25 de diciembre de 2019, producto de una discusión de pareja cuando regresaron del boliche.
Al ver el video en Facebook, Cornalis se presentó ante la policía donde negó las acusaciones. Fue imputado por lesiones calificadas por el fiscal de San Jorge, Carlos Zopegni, pero el juez penal Ruiz Staiger le concedió la libertad bajo alternativas.
Medio año después, precisamente el sábado 27 de junio, la joven volvió a acusarlo por secuestro, amenaza con arma blanca e intento de homicidio. Según relató Débora, él la interceptó cuando iba camino a la casa de una amiga, la amenazó con un cuchillo para secuestrarla y llevarla a un campo cercano, donde incluso la amenazó con prenderla fuego. La policía los encontró, ante un pedido de la mamá de Actis que vio publicada una foto reciente de la pareja con la leyenda “Última cena antes de la partida”. Cornalis fue imputado el 1° de julio y al día siguiente recuperó la libertad.