Más horas en los hogares, mayor uso del calefactor y la cocina por la cuarentena e, incluso, más frío no alcanzan para explicar el valor de las boletas de gas de este invierno, que superan -en pesos- a las que llegaron el año pasado.
Más horas en los hogares, mayor uso del calefactor y la cocina por la cuarentena e, incluso, más frío no alcanzan para explicar el valor de las boletas de gas de este invierno, que superan -en pesos- a las que llegaron el año pasado.
La diferencia principal es que -a raíz de una decisión del gobierno nacional anterior- los pagos correspondientes a los meses fríos de 2019 fueron prorrateados en los más cálidos que les siguieron. Curiosamente, esa política ahora no se repite y con ello, pese al congelamiento del precio del metro cúbico del combustible que dispuso el Poder Ejecutivo actual, las familias encontrarán un fuerte impacto en sus bolsillos en las boletas.
Decisiones del Estado
El gobierno nacional congeló las tarifas, con el consiguiente beneficio para los usuarios, pero discontinuó una medida de su predecesor. Ya no se difieren para el verano y su valle en el consumo de gas natural por redes, el alto pico estacional -empujado por el frío- de cada invierno.
Lo que parecía una estrategia adecuada para aplanar en los hogares el peso del pago de ese servicio, al dividirse los meses de más consumo en los de menos, requería de un acuerdo con las empresas distribuidoras que en 2020 no se renovó.
En medio del conflicto por los aumentos a las transportistas otorgados por la gestión anterior que la Casa Rosada hoy evaluar dejar sin efecto, de las tensiones por el congelamiento del valor del metro cúbico con los productores de gas y de las presiones por las actualizaciones que reclama el sector de la distribución, no se atendió el impacto que la cuarentena tendría en los usuarios residenciales si no se renovaba el sistema del prorrateo, que es tan común y aceptado sin mayores inconvenientes en otros países, donde no hay casi inflación. En la Argentina, lo que se discute desde que se puso en marcha, es quién paga el costo financiero del diferimiento.
Una suba que no se notó
Durante el gobierno nacional anterior la negociación del ítem financiación era parte de una discusión mayor entre el Estado y las compañías del sector, en la que siempre estaba presente la "actualización tarifaria" que interesaba a las empresas, y con la que lograron un aumento del 29% aún en un año electoral (aquella suba se pagaría después de los comicios). Ahora, en cambio, el marco es el congelamiento.
Se estima que respecto del tipo de cambio y los costos, el valor real del gas natural en los hogares es alrededor de un 30% más bajo del que indicaría el precio de mercado, según distintas estimaciones.
El deseo de la Casa Rosada por desenganchar el precio del gas del valor del dólar -aún del billete verde oficial- tropieza con la comparación que se hace del servicio con otros países, en esa moneda. Y en esos términos y respecto del precio histórico del servicio se estima ese 30% de atraso.
La sospecha es que, más allá de las urgencias que impone la pandemia y su crisis económica, el gobierno nacional prepara un esquema en el que se pueda al menos atemperar el continuo drenaje de recursos por los subsidios que requieren estos cuadros tarifarios.
El primer paso parece tender a crear nuevas categorías entre los usuarios para que paguen más quienes consumen más, en especial en la cúspide de la pirámide de los perfiles residenciales.
La discusión entre el gobierno y las empresas aún no ha sido saldada. Mientras tanto, los usuarios residenciales se quedaron sin el prorrateo del que gozaron en 2019 y que les hubiera evitado tener que pagar ahora -todo junto- un consumo pico del volumen de gas, empujado por el encierro y la cuarentena y el frío, que en muchos casos ronda el 10%.