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Martes 08.09.2020 - Última actualización - 9:43
8:58

Un problema que crece, sin respuestas ciertas

También en Santa Fe se venden terrenos ocupados

La justicia detectó ofertas de lotes usurpados de Facundo Zuviría al 8000. El Estado no desaloja para preservar derechos humanos, los mismos que omitió y que explican la vulnerabilidad previa a la ocupación, donde anida el delito penal y se agrava el cuadro de progresiva degradación

 Crédito: Flavio Raina
Crédito: Flavio Raina

Crédito: Flavio Raina



Un problema que crece, sin respuestas ciertas También en Santa Fe se venden terrenos ocupados La justicia detectó ofertas de lotes usurpados de Facundo Zuviría al 8000. El Estado no desaloja para preservar derechos humanos, los mismos que omitió y que explican la vulnerabilidad previa a la ocupación, donde anida el delito penal y se agrava el cuadro de progresiva degradación   La justicia detectó ofertas de lotes usurpados de Facundo Zuviría al 8000. El Estado no desaloja para preservar derechos humanos, los mismos que omitió y que explican la vulnerabilidad previa a la ocupación, donde anida el delito penal y se agrava el cuadro de progresiva degradación

El 6 de marzo de este año, el fiscal federal Walter Rodríguez presentó a Marcelo Bailaque -subrogante del juzgado federal 2 de Santa Fe- un tercer pedido de “cese del estado antijurídico de la ocupación” de tres manzanas baldías propiedad del gobierno nacional, detrás del “CIC” de Facundo Zuviría al 8000, entre Matheu y Azcuénaga y hasta 9 de Julio.


El fiscal advirtió indicadores de que la ocupación de lotes baldíos responde en parte a una “lógica organizada y previamente planificada con el ulterior propósito de urbanizarlos de manera extra estatal, para finalmente comercializarlos”. Elevó al juez las capturas de pantalla de abiertas y públicas promociones de ventas de lotes en la red social Facebook y en una plataforma de compraventa de nuestra ciudad.


Rodríguez presentó su petición en el entendimiento de que existe un “delito de usurpación en ejecución permanente” (art. 181 CP)  y solicitó que el uso de la fuerza pública respete necesidad y proporcionalidad, toda vez que en el lugar hay menores y ocupantes que padecen vulnerabilidad social y emergencia habitacional.


Sin embargo en el terreno, todo sigue igual. Incluso cuando vecinos legalmente asentados en la zona sufrieron actos intimidatorios y a pesar de que el intendente Emilio Jatón dijo públicamente que todo fue organizado, según logística y materiales dispuestos en el lugar. La ocupación del territorio ocioso es un clásico de la decadencia; el negocio político ilegal también asomó por boca de la autoridad, pero nada sucede en consecuencia. 


Incluso una expresión de la “economía social” (el mercado del Trueque) llegó a verse comprometida por la ocupación. Pero entrampada en derechos relativos, enunciados institucionales altruistas y dispositivos gubernamentales y judiciales ineficaces, la ilegalidad sigue consagrada y la indignidad campea.
 
 


 

El triunfo del Estado ausente


 
La ley penal condena a los que “por violencia amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”.


Los que venden los terrenos ocupados son usurpadores (cometen delito) pero se ocultan con éxito entre los que no lo hacen. Los tratados internacionales a los que adhiere la Argentina resguardan a los ocupantes porque padecen necesidades y porque no ejercen violencia.   


Los tratados establecen que cuando los afectados por el eventual  desalojo no dispongan de recursos, el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias dentro de sus posibilidades para que se proporcione vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas. Pero los gobiernos no tienen ni planes abarcativos ni recursos ordenados.


De esta manera el juez no ordena el desalojo, la policía no considera la ocupación como delito flagrante y los estamentos municipal y provincial -el nacional es el dueño en este caso pero se desentiende- entran en un estado declaracionista de derechos y dignidades, sin procurar soluciones ciertas. 


De hecho la indignidad -vulnerabilidad y emergencia habitacional- es producto de la previa omisión del Estado antes de la ocupación. Los administradores del Estado se excusan y en el terreno escalan delitos más graves, desde la venta informal de los lotes  hasta el negocio de barrabravas y punteros políticos. Incluso la venta de droga como ventanilla de ingresos tentadores a falta de Estado.
  
  

 ¿Protocolo?

 

La provincia aún no responde al requerimiento del Concejo Municipal de Santa Fe para conocer el protocolo que se aplica en estos casos. En la ocupación de terrenos de Facundo Zuviría Intervienen la Secretaría de Hábitat, su par de Derechos Humanos, el ministerio de Seguridad. Los mismos organismos estatales que debieron haber ofrecido alternativas y soluciones a gente que no se hizo pobre el día que intrusaron el terreno, son los que ahora viabilizan el delito y la ocupación sin elevar la calidad de vida de los ocupantes en necesidad, ni reprimir el delito de los usurpadores.


 
Contagio


Sergio Berni  suele decir que no actúa en terrenos intrusados, salvo “delito flagrante”. El ministro de Seguridad de Axel Kicillof se excusa señalando que si encuentra a alguien entrando a un terreno para ocuparlo, puede actuar. Pero si el terreno ya fue ocupado, no lo hace. Las señales de ausencia estatal promovieron escaladas delictivas en el conurbano y se contagiaron -ciertas o imaginarias- a la costa bonaerense. Cuando los propietarios de casas de veraneo quisieron viajar para verificar el estado de sus propiedades, el Estado se los impidió a nombre de la cuarentena que no existe.  


 
Ideología


Promotor explícito del gobierno popular -diferente del Estado de Derecho-  Juan Grabois goza de los favores del Papa y financia políticas asistenciales con recursos del Estado nacional, ahora como ayer. También habría gente de su organización -la Ctep- involucrada en las tomas de tierras fiscales nacionales en Villa Mascardi. En el caso de tomas en El Bolsón, la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, entendió que  no hubo delito. "Lo que corresponde es ir por la vía civil, por el desalojo, porque delito no había". Es lo mismo que parcialmente entiende el fiscal Rodríguez en Santa Fe.

Autor:

Ignacio Hintermeister


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