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Miércoles 09.09.2020 - Última actualización - 16:07
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La derecha española deberá responder por las revelaciones sobre una trama de espionaje político

 Crédito: Gentileza
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España La derecha española deberá responder por las revelaciones sobre una trama de espionaje político

El conservador Partido Popular (PP) de España tendrá que hacer frente a una comisión de investigación parlamentaria a raíz de las revelaciones judiciales que implican a altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) en una trama parapolicial de espionaje político.

 


Los socios del Gobierno de coalición, el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP), informaron este miércoles que negocian con los independentistas catalanes y otras fuerzas progresistas para presentar una propuesta conjunta -que no tendrá problemas en salir adelante- para investigar en sede parlamentaria al PP por el llamado caso "Kitchen", como se conoce la operación de espionaje contra el extesorero de la fuerza conservadora Luis Bárcenas.


El objetivo del operativo diseñado en 2013 era robar a Barcenas información "comprometedora" para los altos cargos del PP.
 

Bárcenas es uno de los principales protagonistas -y condenados- en el caso de corrupción Güertel, y quien estuvo a cargo de la "Caja B" del PP, que registró la financiación ilegal de los conservadores durante décadas.
 

El levantamiento esta semana del secreto de sumario de una investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional develó indicios sobre la existencia de la operación de espionaje que presuntamente fue financiada por fondos reservados del Ministerio del Interior del Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy.


La operación Kitchen se deriva del caso Tándem que investiga los negocios del excomisario José Manuel Villarejo, quien entre otras actividades ayudó a orquestar el espionaje contra Bárcenas, que según el juez implicó a "órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado".
 

Además de Villarejo, están imputados el exchofer de Bárcenas, Sergio Ríos, toda la cúpula policial de la época, y el el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ejercía como "número dos" en el Ministerio del Interior español bajo la dirección de Jorge Fernández Díaz.
 

El chofer es la clave, puesto que el juez del caso investiga si recibió 48.000 euros de fondos reservados para espiar a Bárcenas.
 

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de la exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y del exministro de Interior Fernández Díaz, mientras el caso salpica también a Rajoy, quien tendría conocimiento de la trama y al que supuestamente se refiere Villarejo en los audios intervenidos.
 

En el caso de Cospedal, la Fiscalía considera que tenía "interés personal "en la operación, después de que el propio Bárcenas declaró ante el juez que la documentación que le robó su chofer era sobre la financiación de la campaña electoral de Cospedal.
 

Respecto a Fernández Díaz existen indicios de que tenía conocimiento del operativo ya que lo supervisaba de forma directa su número dos, al que se intervino una nota en su teléfono móvil en la que explicaba que recibió "instrucciones muy concretas de su superior".
 

En medio del escándalo y el ruido por las últimas revelaciones, el actual líder del PP, Pablo Casado, se desmarcó de las presuntas actuaciones ilegales de sus compañeros de partido, al afirmar que la operación Kitchen viene "de tiempos ya muy pasados" cuando él apenas era diputado por Ávila y no tenía "ninguna responsabilidad" en la fuerza política conservadora.

 


Sin embargo, en medio de una disputa entre los partidos gubernamentales y el PP por su bloqueo a la renovación de miembros del poder judicial, el vicepresidente Pablo Iglesias dijo que el caso Kitchen demuestra que los conservadores se creen dueños de las instituciones.
 

"Crearon una estructura mafiosa para perseguir adversarios y tapar sus casos de corrupción", espetó en un cruce con el actual secretario general del PP.
 

"Si se hacían esto entre ellos, qué no habrán hecho para con otros, sobre todo en el sector del independentismo y el republicanismo catalán, con Unidas Podemos o con cualquier disidencia política al denominado régimen de 1978", apuntó por su parte el diputado independentista, Gabriel Rufian, cuyo partido fue el primero en lanzar la propuesta de abrir una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas del caso.

 

 

 

Con información de Télam 




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