El retorno del garrote en el camino al desastre

Mauricio Macri lo hizo. En 2016 y por decreto 194 -con la excusa del traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires- dispuso elevar a sola firma la coparticipación a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, de 1,4 % a 3,75%. El 1 de enero de 2018 moderó el despropósito, rebajando 0,25 %.

El ex mandatario se subió así a la larga lista de gobiernos que cambiaron la ley por el garrote para repartir recursos. Para no ir hasta 1810, basta recordar que en enero 1988 el por entonces gobernador de Buenos Aires Antonio Cafiero, consintió rebajar 6 puntos de los recursos de la provincia de Buenos Aires, para facilitar la sanción de la ley de coparticipación federal.

En medio de la interna con Carlos Menem, Cafiero especuló con financiar a las provincias pobres para ganar adeptos en su campaña presidencial; logró que el Congreso también le quite la mitad de los recursos automáticos a La Rioja. Pero la historia esquiva a los deterministas que creen poseer el futuro; ganó el riojano y desde entonces la provincia de Buenos Aires es financieramente inviable. Una bomba social siempre latente.

Sometidas a la dinámica de la interna peronista, las instituciones encontraron un parche que el desesperado Eduardo Duhalde (gobernador) le planteó a Menem (presidente): el Fondo del Conurbano. Pero lo que era un porcentaje para compensar a Buenos Aires por su pérdida en la interna del PJ, se convirtió en suma fija desde el 2000 hasta casi desaparecer en 2016, siempre bajo señorío peronista.

Cristina Fernández se cuidó de no reponer recursos automáticos para que Daniel Scioli no despliegue ínfulas presidenciales por fuera del kirchnerismo. Un breve ensayo de reposición acuerdista, posibilitó algo de racionalidad política para que María Eugenia Vidal recupere, con consentimiento del resto de los distritos, algo de lo que Buenos Aires había perdido. Pero la reparación histórica fue breve ilusión, en un país que todo lo devora.

Hay un principio de justicia distributiva en la decisión de Alberto Fernández de restar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que le repone a la administración de Axel Kicillof. También es el retorno del garrote mientras el horizonte negro se avecina. Los $ 35 mil millones anuales le alcanzarían al joven maravilla para actualizar sueldos policiales; sueldos docentes o de personal sanitario, cloacas, agua, desarrollo urbano, todo lo demás sigue siendo un desastre, especialmente en el conurbano.

No hay solución en un país que necesita generar más recursos; igualar para abajo con la pretensión de justicia social, es una condena al desastre. Socioeconómico e institucional.

Fue con el garrote que el kirchnerismo le quitó ilegalmente a Santa Fe el 15 % de su coparticipación de 2006 a 2015. La Corte Suprema decidió que esa quita de Cristina Fernández a los santafesinos era ilegal, pero se cuidó muy bien de esconder el expediente hasta que Macri fue presidente. El ex mandatario tampoco saldó la deuda, y Alberto Fernández hace lo mismo.

Pasan los años y ahora el recorte a sola firma es para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le irá a Horacio Rodríguez Larreta si demanda a la Casa Rosada en la Corte? Puede mirar a Santa Fe y ver como Omar Perotti, acreedor de Alberto Fernández en nombre de los santafesinos, toma deuda para pagar salarios que no compensan la inflación, mientras el presidente le vuelca más fondos a Kicillof.
Son ingenuos quienes creen que el problema de la Policía de Buenos Aires no impacta en el resto del país, incluso en Santa Fe. La desproporción campea desde hace tiempo; sólo en el primer cuatrimestre y a sola firma -con el garrote- el presidente le dio a Kicillof $ 44 mil millones en recursos no automáticos. Eso es más de lo que ahora le concede por coparticipación.

Tomando la distribución per cápita, en el mismo primer cuatrimestre de este año, Santa Fe recibió de la Nación 1.169 por habitante; y La Rioja -ahora que Menem vota kirchnerismo a libro cerrado en el Senado de Cristina- obtuvo de Alberto $ 7.711 por cada provinciano.