En julio de 2018, el fiscal Federal N° 1, Jorge Gustavo Onel, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que fueron investigados tres policías de la provincia y el titular de Apropol, por la rebelión policial ocurrida en la provincia en la semana del 3 al 10 de diciembre de 2013, durante la gobernación de Antonio Bonfatti; el expediente se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal. Antes, en 2015, el fiscal federal de la ciudad de Santa Fe, Walter Rodríguez, había solicitado el procesamiento de los tres policías y el civil involucrados en el levantamiento.
Estado de la causa
Santa Fe: siete años sin condenas por la sedición policial de 2013
La polémica se reaviva por los episodios similares ocurridos recientemente en Buenos Aires y otros lugares del país.
Guillermo Di Salvatore Levantamiento policial de 2013 en Santa Fe 22:35
En medio de los episodios similares ocurridos recientemente en Buenos Aires y otros lugares del país, El Litoral dialogó con Walter Rodríguez, quien recordó que aquel momento escogió dos figuras legales, “la primera atribuida a una persona, que era “Instigación a cometer delitos”, y la figura de “Sedición” respecto de aquellos policías que habían participado de un alzamiento que desde el punto de vista técnico implica un agrupamiento de personas que disponen de armas de fuego y se valen de esos elementos para arrancar a algún Poder del Estado alguna decisión, elementos que en este caso justamente son provistos por el Estado”.
“Esos armamentos -explicó Rodríguez-, con solo disponerlos y hacerlos valer para quebrar la voluntad del Estado en la concesión de una medida, corrobora este delito, cuanto menos a mi criterio; y el uso de móviles policiales y redes de comunicación oficial constituye otro tipo de conducta delictiva, llamémosle un incumplimiento a los deberes de funcionario público, porque lo que hace es interrumpir el contacto del Estado con la ciudadanía”.
“La persona que -a criterio de la fiscalía- produjo estos actos de instigación está enrolado en un agrupamiento, entre comillas, gremial y utilizó cuentas de redes sociales que estaban asignadas a esta asociación para producir el delito del que estamos hablando; y quienes ejecutaron los actos de sedición eran policías de la provincia”, detalló Rodríguez. “Esto tiene pena de prisión y al concurrir con otro tipo de figuras está circunscripto a un tribunal oral el abanico de posibilidades de aplicarla y de hacerlas concurrir de manera ideal o de manera real”, advirtió.
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