¿Qué hacemos con los ricos?

Unos 25 mil argentinos ya pidieron residencia fiscal en Uruguay; Luis Lacalle Pou pide U$ S 380 mil de inversión para concederla según recordó Javier Campos (Coalición Cívica-Buenos Aires) advirtiendo el espanto que genera el proyecto de ley de Aporte Solidario y Obligatorio de grandes riquezas en la Argentina. El facilismo fiscal tiene fundamento argumentativo en la emergencia, pero eso no le otorga eficacia en la gestión. Menos aún una elemental pertinencia entre el escrupuloso enunciado y la justicia social del hecho que se procura.

Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y coautor del proyecto junto a Máximo Kirchner, planteó que hasta el FMI señaló la necesidad de “soluciones extraordinarias a situaciones extraordinarias”, en referencia a la pandemia. Pero eso no explica por qué el 25 % de lo que recaude el “aporte solidario obligatorio” -los términos son irreconciliables, el relato es impermeable - irá a las empresas petroleras para subsidiar la producción de gas.

Luis Pastori (UCR-Misiones) explicó que “no importa el ropaje”, es decir el nombre que se le ponga, el aporte es un impuesto en los términos de la normativa vigente. ¿Por qué el nombre es relevante? Más allá de los objetivos enunciados, si no es un impuesto, la recaudación no se coparticipa. Así que se alega el criterio federal pero el reparto sería desde el Poder Ejecutivo y a sola firma, desde un reglamento que dictará la Casa Rosada.

Según el proyecto de ley, el 20 % de la recaudación se destinaría para insumos sanitarios ante la pandemia, que compraría el ministro Ginés González García. El mismo cuya gestión -seis meses después de aislamientos y distanciamientos- tiene al país en el top ten de contagios y en el podio de muertes por millón de habitantes en los últimos días. Eso mientras los ministros provinciales que deben dar la batalla, padecen falta de test y -sobre todo- de personal sanitario en la trinchera. La norma pone el acento en quién compra y reparte.

Sólo 15 % de la recaudación iría a asistir a los barrios populares según el registro nacional. Eso pone el acento de reparto una vez más en el conurbano bonaerense (le siguen Rosario más Santa Fe), prescindiendo del criterio sanitario alegado. Lo mismo cabe decir sobre el criterio de reparto del 20 % para micro y pequeñas empresas o de una porción similar para las becas de estudio Progresar.

“Hay que salir de la dinámica clientelar”, reclamó el entrerriano radical Atilio Benedetti, señalando que el impuesto impacta “sobre aquellos que tienen la posibilidad de invertir”. La paranaense Blanca Osuna -Frente de Todos- le recordó a su comprovinciano que las empresas no están alcanzadas por la base imponible. Interesante acento en la inequidad: el dueño de un hotel que tiene la popiedad a su nombre paga; ¿a su lado el que tiene una sociedad con patrimonio equivalente, no?

En cualquier caso, pusieron el ejemplo de una empresa turística cuyo valor al 31 de diciembre (fecha imponible) era uno, y ahora no trabaja pero debe afrontar el nuevo aporte. Heller calculó que el que alcanza 200 millones en patrimonio, le deberá $ 4 millones al fisco.

El proyecto no contempla si la tenencia patrimonial supone posibilidad aportar efectivo al manejo discrecional del poder central. El que ahorró en dólares para preservarse de la confiscación inflacionaria, deberá venderlos para cumplir, si lo declaró. El Estado se admite incompetente de buscar entre los U$ S 400 mil millones de argentinos en paraísos fiscales (Cristina lo reclamó en el G-20, recordó Heller). El que tiene un campo, una Pyme o un local, ¿debe descapitalizarse para hacerlo? El debate sobre el efecto confiscatorio está latente y promete conflictos judiciales en lugar de recaudación.

Facundo Suárez Lastra le recordó al oficialismo que CFK acaba de pedir no pagar Ganancias. También advirtió que la “factura técnica” del proyecto promete problemas constitucionales y desalienta el ahorro, que es la base de depósitos que financian los créditos para producir, generar riquezas y empleo. Chile le presta a sus productores y al consumo un equivalente al 116 % de su PBI; Brasil un 61 %. En la Argentina los préstamos bancarios alcanzan el 13,8 % de su PBI. “Un capitalismo berreta”, sentenció el radical porteño.

Mientras el Frente de Todos insiste con el principio de solidaridad, Pastori cuestionó la eventual “confiscación” y la doble imposición, ya que la alícuota de Bienes Personales sumada al nuevo aporte obligatorio alcanzaría a 7,5 %. “No hay bienes en el mundo con esa rentabilidad. Consume la renta y el propio bien; las personas afectadas se van a estar descapitalizando”, sentenció.

Heller proyectó que el universo de argentinos que deberá abonar el aporte no supera los 12 mil ciudadanos, aunque se excusó de precisarlo para no violar el secreto fiscal al que debería acceder para afirmarlo. Que sean pocos y ricos en los términos de su criterio, ¿hace justo y productivo el impuesto? Los que más plata tengan podrían estar detrás de sociedades, en paraísos fiscales o camino al conflicto por la residencia en Uruguay. Los que se quedaron y declararon sus bienes al fisco, deberán pagar si la ley se sanciona.