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Lunes 21.09.2020 - Última actualización - 11:20
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Salta: investigan presuntas amenazas contra el gobernador Gustavo Sáenz

Por instrucción del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el fiscal penal 1, Pablo Rodrigo Paz, inició de oficio una investigación sobre supuestas amenazas contra el primer mandatario provincial.

 Crédito: Imagen ilustrativa
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Salta: investigan presuntas amenazas contra el gobernador Gustavo Sáenz Por instrucción del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el fiscal penal 1, Pablo Rodrigo Paz, inició de oficio una investigación sobre supuestas amenazas contra el primer mandatario provincial.

El fiscal penal Pablo Paz, ordenó las primeras medidas tendientes a esclarecer las amenazas que habría recibido el mandatario provincial. Es que este domingo, durante el mensaje emitido por las redes sociales del Gobierno de Salta, Ruberto Sáenz afirmó que fue amenazado.

 

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“He recibido amenazas de todo tipo, porque lamentablemente, detrás un teléfono privado o detrás de las redes sociales se esconden los miserables, los que no se animan a dar la cara, los que no se animan a decir las cosas de frente. No me van a amedrentar, no me van a asustar”, afirmó el gobernador salteño. Lo hizo durante el mensaje en el que anunció medidas vinculadas con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que rigen desde este lunes y hasta el 11 de octubre de 2020 inclusive -en los términos de los artículos 3º y 11 del DNU Nº 754/2020-, para los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital. El resto de los departamentos de la Provincia, continuarán con el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

 

 

El delito de amenazas tiene lugar cuando una persona informa a otra acerca de su intención de generarle algún mal. Está previsto en el artículo 149 bis 1er. párrafo del Código Penal Argentino, el cual asigna una pena de prisión de seis meses a dos años para quien impartiere amenazas con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas. La pena se elevará (de uno a tres años de prisión) siempre que se utilizaren armas para cometer este delito, o si las amenazas realizadas fueran anónimas.

 


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