Alejandro Boscarol
Alejandro Boscarol
Pasaron más de seis meses desde que se decretó la cuarentena por COVID-19, una de las cuarentenas más largas del mundo y también de las más difíciles de comprender dadas las insólitas incongruencias que vemos a diario en su implementación.Más de medio año en el que la improvisación sigue siendo la regla. La notoria inoperancia del gobierno genera graves consecuencias que se extienden con mayor rapidez que el virus y en todos los espacios.
El ámbito educativo no escapa a esta situación, no sólo porque no se lo consideró como una actividad esencial, sino que además han dejado todo el peso del sostenimiento del vínculo pedagógico deliberadamente sobre los docentes y las familias. Tarea que muchos maestros vienen realizando en soledad, con recursos propios y muchísimo esfuerzo.
Son evidentes las consecuencias de mantener las escuelas cerradas y de los enormes riesgos que se corren de continuar así, con la mitad de los estudiantes desvinculados de la escuela.
Esta realidad ha dejado al descubierto -quizás como nunca antes- dos cuestiones fundamentales que el gobierno debería tener en cuenta para comenzar a salir de esta parálisis tan nociva.
Por un lado, las profundas inequidades de nuestro sistema educativo que en este contexto han profundizado las desigualdades preexistentes afectando gravemente a los estudiantes en situaciones de mayor vulnerabilidad social. La ausencia casi absoluta de recursos tecnológicos para aprovechar las propuestas de educación a distancia, llevaron a la pérdida de un año completo de su escolaridad, o lo más dramático que es el abandono definitivo de la escuela.
Por otra parte, esta situación también nos ha permitido ver con claridad la importancia y el rol insustituible que tiene la escuela. Sabemos que la gran mayoría de los estudiantes van a padecer las consecuencias de pasar tanto tiempo fuera de las aulas. Pero, si el retorno a las clases presenciales se califica en general como algo necesario, para los chicos de hogares más pobres se vuelve urgente.
Por todo ello, es necesario abrir cuanto antes las escuelas, para recuperar el espacio de encuentro entre docentes y estudiantes, dando prioridad a los alumnos con mayores dificultades para sostener sus trayectorias educativas con un verdadero sentido de justicia educativa.
Alternativas posibles
Es necesario salir de la parálisis y de la espera sin sentido e implementar alternativas flexibles que nos permitan convivir con esta nueva realidad. Necesitamos una gestión de la crisis completamente diferente, con sentido humanizador y que ponga a las personas y sus necesidades como centro de las políticas públicas, sin descuidar los aspectos sanitarios.
En el plano educativo, vemos tal vez una de las manifestaciones más crueles de este proceso. Nuestros chicos y jóvenes la están pasando muy mal y necesitan recuperar con urgencia el espacio de encuentro y aprendizaje que sólo brinda la escuela. Volver a encontrarse con sus compañeros y docentes, porque no sólo sus habilidades y conocimientos están siendo afectados, sino también su salud física y emocional.
Para construir esa alternativa con flexibilidad y regular la actividad escolar en función del devenir de la pandemia, las escuelas tienen que contar con el equipamiento informático necesario y buena conexión a Internet. Esto nos permitiría volver a poner a la escuela como centro del proceso educativo combinando presencialidad y virtualidad.
En este punto, quiero señalar que hoy sólo una de cada tres escuelas cuenta con Internet para uso pedagógico. Es decir, más de la mitad de los alumnos santafesinos no accede a herramientas digitales en el aula. De hecho, hace cinco años, cuando recién comenzábamos a debatir la Ley Provincial de Educación, recorríamos las escuelas y el tema de la conectividad siempre estuvo planteado como una necesidad.
A raíz de eso, decidimos ahondar en la problemática y realizamos junto al Centro de Telemática de la Universidad Nacional del Litoral un estudio completo sobre el estado de nuestras escuelas en materia de tecnología de red y equipamientos. Con este estudio pudimos comprobar que además de necesario, era viable dotar de conectividad a todas las escuelas de la provincia. Y que el costo de su implementación hoy en día ronda los 1500 millones de pesos. Como para tener una referencia, esto es equivalente al 10% de los recursos que la provincia recibió para afrontar la emergencia sanitaria o el 5% de los recursos que están bancarizados en su plazo fijo. En otras palabras, voluntad política mediante, esto sería realizable con una mínima parte de los recursos que la provincia tiene disponibles.
En base a todo esto, elaboré un Proyecto de Ley al que denominamos “Servicio de Conectividad Educativa”, que ha sido aprobado el jueves pasado en la Cámara de Diputados, dando un importante paso para lograr que todas las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades cuenten con infraestructura, equipamiento y conexión a Internet para uso pedagógico.
El mismo, también declara al servicio de conectividad educativa de interés público, lo que significa empezar a considerarlo como un servicio esencial, que el Estado provincial tiene la responsabilidad de garantizar, conforme a los principios de obligatoriedad, continuidad, regularidad, igualdad y universalidad.
Hace unas semanas atrás, el ex intendente Mario Barletta puso en manos del propio Gobernador nuestra propuesta. Esperamos que pronto su compromiso se manifieste en acciones concretas porque hoy -más que nunca- volver a las aulas es imperioso, y garantizar la conectividad educativa se ha impuesto como un presupuesto indispensable para el ejercicio pleno y efectivo del derecho humano a la educación.