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Martes 29.09.2020 - Última actualización - 19:36
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En Sevilla

España: 6.000 euros de multa para la empresa culpable de un brote de listeriosis

El arquitecto de la declaración responsable de la empresa sevillana Magrudis ha sido sancionado por el Ayuntamiento de Sevilla con 2.000 euros, además de 6.000 euros a la empresa. El consistorio califica de "muy graves" las "omisiones e inexactitudes" cometidas al solicitar la licencia que provocó la mayor crisis sanitaria del pasado 2019.

 Crédito: Captura de pantalla
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En Sevilla España: 6.000 euros de multa para la empresa culpable de un brote de listeriosis El arquitecto de la declaración responsable de la empresa sevillana Magrudis ha sido sancionado por el Ayuntamiento de Sevilla con 2.000 euros, además de 6.000 euros a la empresa. El consistorio califica de "muy graves" las "omisiones e inexactitudes" cometidas al solicitar la licencia que provocó la mayor crisis sanitaria del pasado 2019. El arquitecto de la declaración responsable de la empresa sevillana Magrudis ha sido sancionado por el Ayuntamiento de Sevilla con 2.000 euros, además de 6.000 euros a la empresa. El consistorio califica de "muy graves" las "omisiones e inexactitudes" cometidas al solicitar la licencia que provocó la mayor crisis sanitaria del pasado 2019.

La crisis de la carne mechá se llevó la vida de 4 personas, dos mujeres de 74 y 90 años, un varón de 72 y un bebé de sólo seis días. Provocó además 6 abortos y dejó más de 200 afectados por consumir productos cárnicos de una empresa que incumplía varias normas higiénico sanitarias. Los productos de Magrudis SL estaban contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

 

En su momento, tanto el Ayuntamiento de Sevilla, responsable del control sanitario de la actividad, como la Junta de Andalucía llevaron a Magrudis a la Fiscalía por atentar contra la salud pública. Casi dos años después, sorprenden las cantidades de solo 2.000 euros contra el arquitecto de la declaración responsable que la empresa presentó para legalizar su actividad con cinco años y medio de retraso, tras haber iniciado su carrera empresarial sin los permisos municipales, y por otro lado, la sanción de  6.000 euros contra los responsables.

 

 

 

 

A finales de agosto de 2019 el Ayuntamiento señalaba la falta de colaboración de la empresa en las investigaciones y la existencia de "indicios de un delito contra la salud pública". La empresa se había dado de alta en 2015 en Andalucía como empresa alimentaria, no obstante, carecía de la licencia que otorga el Ayuntamiento de Sevilla y hasta diciembre de 2018, ni siquiera había presentado una declaración responsable.

 

 

En estos momentos, los principales acusados por el brote están en libertad. En pleno confinamiento, pasó desapercibida la vuelta de la otrora más grave crisis sanitaria de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número diez había decretado libertad provisional para Sandro José Marín Rodríguez, administrador único, y su padre y administrador de hecho, José Antonio Marín Ponce. Esta decisión no obstante fue recurrida por Facua y un grupo de afectados, entre los que destacaba la Asociación del Defensor del Paciente.

 

​Ambos acusados habían ingresado en prisión el 26 de septiembre de 2019, saliendo el 17 de marzo. Padre e hijo se enfrentan a un presunto delito contra la salud pública por fraude alimentario, además de tres delitos de homicidio por imprudencia, otros dos delitos de lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes.

 

Una sanción laxa

El Ayuntamiento de Sevilla llevó además a la Fiscalía la falta de colaboración de la empresa, que obstruyó en todo momento las investigaciones y la información de las partidas alimentarias contaminadas que puso en circulación comercial.

 

Sorprende el poco alcance de la multa que decreta el Consistorio Municipal. 2.000 euros por enredar burocráticamente con una declaración responsable repleta de carencias e incorrecciones que pretendía "eludir el control administrativo de calificación ambiental", como reza el expediente sancionador, por un lado. Y, por otro, con los 6.000 euros a la empresa que actuó, presuntamente, al margen de la Ley, provocando muertes, abortos y enfermedades y un riesgo inasumible para la sociedad, parece poco.

 

La asociación de consumidores FACUA, que se ha personado como denunciante en este proceso, recuerda que, "hasta que estalló el brote de listeriosis el verano pasado, los responsables de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento no se molestaron en revisar la documentación relativa a la declaración responsable llena de irregularidades que habían presentado los responsables de Magrudis a finales de 2018", explica en reacciones remitidas a la agencia de noticias Sputnik.

 

Un insulto a los fallecidos por la listeriosis

Facua califica la multa de "ridícula" y como un "insulto a los fallecidos" por el brote de listeriosis en el margen que ofrece la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades, "las multas para las infracciones muy graves van de 1.501 a 3.000 euros. En el caso de Magrudis, además, ni siquiera ha impuesto la sanción máxima, multando con sólo 2.000 euros", señalan desde la organización.

 

Facua pone el foco en la connivencia y "dejación de responsabilidad" por parte del cuerpo municipal. En noviembre de 2019 calificaron al Ayuntamiento de "responsable civil subsidiario". Lo cierto es que fue en agosto de 2019 cuando el Ayuntamiento denunció a Magrudis por obstaculizar investigaciones. Magrudis presentó la declaración responsable en diciembre de 2018 para regularizar una actividad en funcionamiento desde 2013 y que no se había dado de alta oficialmente hasta 2015, de nuevo, sin la licencia municipal pertinente. Pero la pregunta es, ¿qué hizo el Ayuntamiento ante tamaño despropósito durante tantos meses en los que la empresa funcionó al margen de la legalidad, por qué no paralizó a la empresa cuando detectó una declaración responsable desechable que llegaba con años de retraso?

 

 

 

Las inspecciones posteriores han corroborado que Magrudis SL carecía de permisos para los certificados finales de instalación, de contaminación del suelo, de alumbrado exterior y de prevención y calidad acústica o de su mera capacidad de producción. Diario de Sevilla destaca las declaraciones de algunos funcionarios municipales que señalan la falta de personal, por lo que finalmente "lo metieron en una caja [el expediente de Magrudis]", y de ahí "la demora", que según los funcionarios, era sistémica ante la falta de personal.

 

 

No se multa el brote sino el procedimiento

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla aclaran a Spuntnik que los 2.000 y 6.000 euros de multas respectivas no son las sanciones por el brote de listeriosis. Los expedientes sancionadores que expide en estos momentos el Ayuntamiento de Sevilla tienen que ver con los defectos de forma y errores administrativos, pero no son la sanción por el brote en sí, que se dirime en el juzgado por vía penal, donde de hecho, el Ayuntamiento es acusación particular.

 

Más allá de la tragedia presuntamente provocada por inclumplimiento deliberado de la legislación por la empresa, parece obvio que la actual pandemia evidencia, al igual que la crisis de la carne mechá la necesidad de más y mejores controles sanitarios.





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