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Viernes 02.10.2020 - Última actualización - 5:08
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Mediante dos escritos

El Consejo de la Magistratura le solicitó a la Corte que rechace los planteos de los jueces

El Consejo de la Magistratura solicitó que la Corte Suprema de Justicia rechace los recursos extraordinarios por salto de instancia (per saltum) presentados por los tres jueces federales quienes aspiran a continuar en los tribunales a los que fueron trasladados.

Alberto Lugones. Crédito: Archivo El LitoralAlberto Lugones.
Crédito: Archivo El Litoral

Alberto Lugones. Crédito: Archivo El Litoral



Mediante dos escritos El Consejo de la Magistratura le solicitó a la Corte que rechace los planteos de los jueces El Consejo de la Magistratura solicitó que la Corte Suprema de Justicia rechace los recursos extraordinarios por salto de instancia (per saltum) presentados por los tres jueces federales quienes aspiran a continuar en los tribunales a los que fueron trasladados.

El Consejo de la Magistratura respondió a través de dos informes (uno de 39 páginas para los casos de Bruglia y Bertuzzi y otro de 38 páginas para el caso de Castelli) a la demanda presentada por los tres jueces y lo hizo dentro del plazo de 48 horas que le había dado el máximo tribunal cuando decidió dar tratamiento al per saltum.

 

Con la firma del presidente del Consejo, el juez civil Alberto Lugones, el escrito presentado a la Corte recordó sus competencias fijadas por la Constitución y que en el caso de los tres jueces su intervención se limitó "a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo" para que revise esos traslados.

 

También subrayó Lugones en su escrito que, en el caso de una decena de jueces, entre ellos los jueces referidos, "no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2 párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables, señaladas por V.E. (la Corte) en las acordadas n 4/2018 y 7/2018".

 

Sobre esta base y sin eufemismos, el presidente del Consejo concluyó que "se extrae con claridad que la acción esgrimida por los accionantes intenta bloquear el ejercicio de facultades constitucionales privativas del Poder Ejecutivo".

 

"Los recurrentes se han limitado a formular afirmaciones meramente dogmáticas sobre los agravios que, según su particular entender, podría ocasionarles la resolución 183/20, omitiendo indicar de modo preciso, en qué consistiría el supuesto gravamen al no haberse puesto en tela de juicio las garantías constitucionales de la inamovilidad y estabilidad en el cargo consagradas en el art. 110 de la Constitución Nacional", añadió el juez.

 

Al igual que la jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti, el Consejo estimó que "no están presentes los presupuestos básicos que habilitan la vía excepcional del amparo".

 

También destacó Lugones que entre los diez jueces cuyos traslados el Consejo decidió aconsejar su revisión, "siete se presentaron ante la Comisión de Acuerdos del Senado" y que Bertuzzi, Bruglia y Castelli "decidieron no concurrir a la audiencia pública".

 

"En razón de ello, y atento a la mencionada incomparecencia, el Senado de la Nación procedió a rechazar los pliegos de esos tres jueces" concluyó Lugones y solicitó que se confirme la sentencia recurrida con costas para los peticionantes.

 

Lo que sigue

 

Ahora, el que debe también opinar es el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, tras lo cual la Corte quedará en condiciones de resolver la cuestión de fondo, esto es, si los jueces se quedan en los cargos que obtuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri o si vuelven a los originales.

 

Por lo pronto, los magistrados tienen licencia por 30 días, tal cual decretó la Corte Suprema este miércoles, lo que se supone que le dará tiempo a sus integrantes para resolver la cuestión de fondo planteada.

 

El pasado martes, el alto tribunal aceptó resolver el per saltum y eso implicó la suspensión automática de la decisión del Consejo de la Magistratura que había objetado los traslados de esos tres jueces sumado al de otros siete durante el macrismo.

 

En medio de una gran expectativa y de cruces entre el oficialismo y la oposición sobre el tema, se espera que la decisión de la Corte Suprema sobre el fondo no se dilate mucho ya que, al haber aceptado el per saltum, acortó los plazos.

 

Los jueces Bertuzzi, Buglia y Castelli habían investigado a la ex presidenta Cristina Kirchner y actualmente están de licencia a la espera del fallo judicial sobre la cuestión de fondo.

 

Cafiero, confiado

 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que el Gobierno nacional "actuó conforme a la Constitución" en relación a la situación de los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, y sostuvo que a partir de ahora "queda ver si la Corte va a actuar conforme a la Constitución" también.

 

"Este es un Gobierno que se comprometió desde la campaña y, a partir de la apertura de sesiones (el 1 de marzo en el Congreso), en la independencia de los poderes y el respeto institucional", dijo Cafiero, al realizar declaraciones esta mañana en la Casa Rosada.

 

Google tras otro per saltum

 

El gigante de internet Google presentó ayer un per saltum para que la Corte Suprema intervenga en la demanda que entabló en su contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

 

Según supo NA, la solicitud tiene que ver con el rechazo de Google a la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que semanas atrás dejó firme una pericia solicitada por la titular del Senado.

 

La ex mandataria presentó una denuncia contra la compañía web a principios de agosto pasado por haber aparecido mencionada en su buscador como "ladrona de la Nación Argentina" y sus abogados pidieron conservar todos los datos asociados a su nombre desde el 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice una pericia informática.

 

El juez en lo Civil y Comercial Federal Javier Pico Terrero hizo lugar a esa solicitud de prueba anticipada y Google presentó una apelación, por considerar "improcedente" el dictado de esa medida, ya que no se cumplían los motivos que cita el Código Civil y Comercial para ese tipo de requisitorias.

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