Cuatro hombres fueron imputados este martes en el marco de una investigación por el robo de cables a la Empresa Provincial de Energía (EPE). Recuperaron su libertad luego de que se les impusieran medidas alternativas a la prisión preventiva, aceptando una fianza que en su totalidad se acerca al millón de pesos, entre dinero y vehículos.
La causa está en manos de la fiscal Clelia Trossero, a quien le asignaron la investigación de al menos 19 delitos cometidos en el último año en los departamentos San Jerónimo, San Martín, Las Colonias y San Justo. La EPE presentó en su momento un pedido especial al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que alguien se abocara a los múltiples robos de cables y transformadores en distintas localidades del centro sur de la provincia.
Para dar con el material sustraído se realizaron diversas diligencias. El personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevó a cabo tareas de campo, entrevistas y análisis de cámaras de filmación que permitieron identificar diversos inmuebles en los que estaban almacenados los elementos en cuestión.
Los cuatro hombres imputados fueron detenidos en el marco de los allanamientos realizados el último sábado en inmuebles ubicados en inmediaciones de avenida Teniente Loza al 6400 de Santa Fe, en la intersección de Estados Unidos de México y Arenales de Santo Tomé y en una chatarrería en Desvío Arijón. Se trata de los hermanos Ariel (45) y Walter (47) S., Walter L. (47) y Raúl M. (75) fueron imputados por el delito de “encubrimiento”.
Tenés que leerSecuestraron cables robados de la EPE: había reflectores, 3000 kilos de cobre y cañosEn estos lugares se secuestró una gran cantidad de cables preensamblados, aéreos y subterráneos de distintas medidas, y materiales que habían sido oportunamente denunciados como sustraídos por autoridades de la EPE.
Además, se encontraron armas de fuego en todos los procedimientos, por lo que también se les atribuyeron los delitos de “tenencia ilegal de arma de fuego de guerra” al mayor -que tenía una pistola 9 milímetros- y “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil” al resto -que tenían escopetas calibre 16 y 20-.
En la audiencia presidida por el juez José Luis García Troiano, que conforme al acuerdo entre la fiscalía, el abogado José Ignacio Mohamad y el defensor público Javier Casco, ordenó la inmediata libertad de los imputados y les impuso una serie de reglas de conducta.
Los hermanos deberán cumplir con una fianza de $ 300.000, cada uno; mientras que Walter L. y Raúl M. afianzarán su sujeción al proceso con bienes registrables, un automóvil valuado en $ 250.000 el primero, y una motocicleta de $ 50.000 el segundo.
Además, los hombres tendrán prohibido contactarse entre ellos, portar arma de fuego, constituirán un domicilio y deberán presentarse cada 15 días al Ministerio Público de la Acusación.