Esta semana, el proyecto de impuesto "a la riqueza" despertó consecuencias inesperadas. Por un lado, una masiva fuga de productores del Banco Credicoop, propiedad del diputado Carlos Heller, titular de la iniciativa. Por otro, comunicados de todo tipo, como el de la Sociedad Rural de San Justo, que bien podría sintetizar los argumentos contra un proyecto que despierta más dudas que certezas. "Los bienes de capital no son riqueza, sino que son uno de los recursos para obtenerla", argumentaron en un comunicado publicado esta semana.
Según el economista Gustavo Lázzari, la iniciativa atenta contra el principio de igualdad ante la ley. Además, es un impuesto sobre el valor de todos los activos. "Con el verso que es provisorio y que el monto mínimo es $ 200 millones nos tranquilizan, pero la realidad es que va a quedar, y como la base imponible no se va a actualizar, van a ir pagando cada vez más personas". El analista anticipa que se viene la rebelión de los productivos. "Se viene algo muy pesado y el Estado se lo tiene merecido. No digo que sea con violencia, creo que es una rebelión cívica dentro de la ley. El problema de fondo es que Argentina divorció a su clase política de su población", opinó. Y agregó que durante toda la cuarentena el Gobierno insistió que trabajar y no hacerlo es lo mismo. "Para muchos, quedarse en su casa es morir. Se creen que el que tiene 200 palos los tiene cash. Para pagar, la gente va a tener que vender sus cosas". Y expresó que la reacción a Heller es el inicio de algo mayor. "Uno no va al restaurante donde le escupen la comida", graficó. Por último, arriesgó que -de aplicarse- la figura del presidente se debilitará aún más; el tema se judicializará de forma masiva; y se frenará cualquier tipo de inversiones. El economista afirma que el país necesita generar 3.500 fuentes de trabajo genuino por día para no explotar. Este escenario no es sostenible, y en la medida que la agenda política incorpore diagnósticos y propuestas reales, la crisis se agravará más temprano que tarde.