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Jueves 22.11.2007
17:36

Fue apercibido por el Consejo de la Magistratura de la Nación

Reinaldo Rodríguez continuará al frente del Juzgado Federal por Santa Fe



Fue apercibido por el Consejo de la Magistratura de la Nación Reinaldo Rodríguez continuará al frente del Juzgado Federal por Santa Fe
El Consejo de la Magistratura de la Nación apercibió esta mañana al juez federal N° 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, por haber ordenado al Estado nacional el pago de 8 millones de pesos -valor nominal- a tenedores de bonos públicos comprados inmediatamente después del default del 31 de enero de 2001.

Las investigaciones surgieron luego de una denuncia presentada por el Ministerio de Economía, desde donde se le imputó al juez posible mal desempeño de sus funciones. Según Economía, "existió fraude procesal en contra del Estado nacional, por cuanto personas ancianas o discapacitadas compraban bonos en default, muy por debajo de su valor nominal, e intentaban cobrarlos a este valor con fundamento en las excepciones previstas".

Por eso criticaron "el otorgamiento de las medidas cautelares y las sentencias dictadas por Rodríguez".

El plenario del Consejo evaluó hoy distintos dictámenes, entre los que figuró el redactado por la diputada nacional Diana Conti, que pedía la apertura del proceso de remoción del magistrado, por considerar que "las resoluciones adoptadas -por Rodríguez- en estos nueve casos, son incongruentes con el criterio que tuviera el juez en otras causas para la concesión de medidas cautelares".

Para solicitar el cobro inmediato de los bonos, los demandantes hicieron hincapié en razones de salud, o en que tenían más de 75 años en aquel momento, dos excepciones planteadas por la ley y que autorizaban el pago de los títulos por parte del Estado.

Pero Conti afirmó en su dictamen que "muy difícilmente pueda sostenerse que existía un peligro en la demora de las actuaciones, si los reclamantes adquirieron los títulos un día antes de iniciar la acción de amparo, con total conocimiento de la legislación que fuera dictada antes de que compraran, libremente, los títulos".

"Un simple criterio de racionabilidad indica que esos títulos podían ser adquiridos en el mercado a muy bajo costo, y luego era posible exigir su pago valiéndose de una maniobra que incluyó a un juez de la Nación, ya sea por su acción u omisión", agregó.

"Resulta extremadamente difícil que el juez no se haya percatado de estas circunstancias, pero aun así, es claro que su deber era detectarlas y ponderarlas en forma oportuna", añadió.

Para la consejera Conti, "resultó negligente que el juez no haya suspendido estas medidas cautelares luego de que el Estado nacional le informara sobre la posibilidad de un fraude".

Pero además, en su dictamen se señaló que "los abogados intervinientes en los amparos no son de la jurisdicción de Santa Fe, sino que están matriculados en Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Lomas de Zamora".

El dictamen de Conti obtuvo esta mañana siete votos, por lo que no alcanzó los dos tercios necesarios para iniciar el proceso de remoción del juez.

Inmediatamente, fueron puestos a consideración los otros dictámenes. El aprobado, por ocho votos, fue el presentado por el Dr. Luis María Cabral, que plantea un apercibimiento para el juez Rodríguez. Se trata de una de las sanciones previstas en la reglamentación de la ley 26.080.





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