Remoción para Ponce Asahad y suspensión por 6 meses a Blanco

La Comisión de Acuerdos emitió dos dictámenes que recomiendan, en un caso, suspender por 6 meses al fiscal Mauro Blanco de Venado Tuerto. Y en el otro, la remoción e inhabilitación por diez años, al fiscal -ya suspendido por la Legislatura-, Gustavo Ponce Asahad de Rosario, detenido por pedir coimas a un empresario del juego ilegal.

El senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), presidente de la Comisión que también forman otros tres de sus pares y ocho diputados, confirmó a El Litoral esa información. Y agregó que, en el caso del fiscal Blanco, el dictamen unánime que recomienda a la Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras su suspensión por 180 días, también indica “de manera expresa” que de encontrarse en sede judicial algún “delito” o “falta grave” más allá de las conductas evaluadas, podrá corresponder el pedido de apartamiento de su cargo (lógicamente, con otra convocatoria a las Cámaras).

Gramajo indicó, ante una pregunta, que durante los seis meses de la sanción el fiscal Blanco quedará sin goce de sueldo por el “carácter definitivo de la suspensión por seis meses”. Y ante otras consultas, indicó que se trata de la sanción más grave fuera de la remoción. También informó que de lo que ha dictaminado la comisión se ha cursado nota a la vicegobernadora y titular del Senado, Alejandra Rodenas, a los fines de que proceda con convocar a la Sesión Especial Conjunta que tendrá en sus manos la decisión de convalidar o no sendos dictámenes.

Además, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dijo que en la remoción de Gustavo Ponce Asahad se suma una “inhabilitación para cargos públicos por diez años”, ante el tenor de los graves hechos por los que fue ya suspendido provisoriamente por la Legislatura (en tiempo record) cuando estalló el escándalo por coimas de fiscales rosarinos a empresarios del juego ilegal. Por esos hechos renunció a su cargo quien era el fiscal más importante de la ciudad del sur, es decir, el ex fiscal regional Patricio Serjal.

Lectura

La decisión de los integrantes de la Comisión de Acuerdos de unificar criterios, en el caso de Blanco, es producto de extensas negociaciones que se desarrollaron a lo largo de varias reuniones.

El dictamen se acordó este jueves 15, luego de un cuarto intermedio que comenzó el día anterior. Y merece una lectura más profunda: Una parte de la comisión (y de la Legislatura) no es partidaria –al menos con los elementos hoy existentes- de la remoción, es decir de quitarle a Blanco su condición de fiscal, mientras que otra parte sí lo es.

Los integrantes de Acuerdos, con el respaldo de los bloques más importantes de la Legislatura, encontraron una salida que hoy impone una sanción dura y deja la puerta abierta para una remoción lisa y llana.

El consenso del oficialismo, que quería apartar a Blanco del MPA, y de la oposición, que considera que eso no sería justo o que incluso es demasiado fuerte la sanción recomendada, permite que la Sesión Especial Conjunta respalde el dictamen de manera contundente.

Unanimidad

Hasta aquí, las sanciones de la Legislatura han sido el fruto de una trabajosa unanimidad. Ocurrió así a fines de 2016, con el ex titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Gabriel Ganón y con el ex fiscal regional de Reconquista Eladio García, que fueron suspendidos hasta el fin de sus mandatos sin disidencias: por unanimidad.

Fue antes de que se decida ejercer un control directo sobre sus subordinados, es decir, todos los defensores y los fiscales. Primero, mediante la ley 13.695 de 2017 y luego con la norma que la reemplazó y lleva el número 13.807.

El diálogo entre legisladores del oficialismo y de la oposición, en una Legislatura en la que los primeros son fuertes en el Senado y los segundos en Diputados, permite un gesto que será observado con detenimiento en el interior del Ministerio Público de la Acusación, últimamente sacudido por varias decepciones públicas respecto de una parte (ínfima) de sus miembros.

También es un mensaje para el Poder Judicial, en el que resta que la Corte Suprema santafesina se pronuncie sobre un fallo de Cámara en el fuero laboral (de la Sala II de Rosario) que declaró inconstitucional la Ley 13.807.

En rigor, el alcance del fallo solo comprende el caso del fiscal Adrián Spelta, jefe de Homicidios del MPA en Rosario, quien pidió la nulidad de la actuación de la Legislatura en su contra. Como se recordará, para ese fiscal en funciones rige una postergación de los plazos del proceso en la Legislatura.

Esta semana, el gobernador Omar Perotti les hizo saber a los legisladores del oficialismo en el Senado que quiere fuera del MPA a cualquier fiscal que deje lugar a dudas en la lucha contra el narcotráfico, pero la mayoría de la Cámara alta eligió un camino más seguro para que haya una dura sanción y -eventualmente- remoción.

Convocatoria

Fuera de lista, en la sesión de la Cámara de Senadores ingresó una resolución de la presidencia de ese cuerpo para convocar a Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras para el próximo jueves 22 del corriente, a las 13 horas para considerar lo dictaminado por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa sobre los fiscales Blanco y Ponce Asahad.