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Domingo 18.10.2020 - Última actualización - 12:08
12:06

Por 90 días y con custodia

Acordaron la internación para el indigente de barrio Candioti Sur

La Justicia dispuso una Junta de Salud Mental para el hombre de 53 años, acusado de haber cometido media docena de hechos violentos contra vecinos, casas y autos de la zona.

 

Fiscalía y defensa acordaron que el lugar de alojamiento sea el hospital Sayago (foto), hasta tanto la Junta se expida sobre su patología y peligrosidad. Crédito: Pablo AguirreFiscalía y defensa acordaron que el lugar de alojamiento sea el hospital Sayago (foto), hasta tanto la Junta se expida sobre su patología y peligrosidad.
Crédito: Pablo Aguirre

Fiscalía y defensa acordaron que el lugar de alojamiento sea el hospital Sayago (foto), hasta tanto la Junta se expida sobre su patología y peligrosidad. Crédito: Pablo Aguirre



Por 90 días y con custodia Acordaron la internación para el indigente de barrio Candioti Sur La Justicia dispuso una Junta de Salud Mental para el hombre de 53 años, acusado de haber cometido media docena de hechos violentos contra vecinos, casas y autos de la zona.   La Justicia dispuso una Junta de Salud Mental para el hombre de 53 años, acusado de haber cometido media docena de hechos violentos contra vecinos, casas y autos de la zona.  

El juez penal Leandro Lazzarini ordenó la prisión preventiva morigerada para un indigente de barrio Candioti Sur, acusado de haber cometido al menos media docena de agresiones a vecinos y sus propiedades en el último año.

 

La medida cautelar, que tendrá como plazo máximo 90 días a partir del sábado, alcanza a Arturo Enrique R. de 53 años, quien quedará internado en el hospital Sayago, según acordaron el fiscal Omar De Pedro (MPA) y el defensor del Servicio Público Provincial (SPPDP), Mario Guedes.

 

Además, el magistrado definió que sea el Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Secretaría de Salud Mental, la que someta al hombre a una Junta para evaluar algunos aspectos vinculados a su imputabilidad.

 

Bajo custodia

 

Puntualmente, Lazzarini pide a la Junta Médica de Salud Mental que defina si el imputado comprende los alcances del proceso penal, o si presenta alguna psicopatología que le impida entender la criminalidad del acto. Y respecto a esto último -en caso afirmativo-, que digan si representa un peligro para sí mismo o para terceros y cómo puede tratarse (internación o tratamiento ambulatorio).

 

Mientras tanto, el linyera que había montado su ranchada en calle Fray Santa María de Oro al 1700, permanecerá alojado en el efector público con custodia policial durante el tiempo que dure la internación.

 

Aunque no hubo mayores discusiones, el defensor Guedes hizo la salvedad de que la medida cautelar morigerada no podrá superar los 90 días, de lo contrario será nuevamente tratada. En ese sentido, llamó a que la Junta Médica de Salud Mental elabore un informe que deberá estar antes del plazo mencionado.

 

Conflicto en ascenso

 

El pasado jueves la Justicia amplió los cargos contra el linyera detenido y liberado una semana antes, en medio de un conflicto con vecinos que desde un tiempo a esta parte vienen reclamando la intervención a las autoridades.

 

Arturo Enrique R. fue detenido por última vez el martes 13 de octubre, por desobediencia a un mandato judicial. El día anterior -lunes 12 de octubre- había sido liberado con la condición y el compromiso del sujeto, de que no volvería al barrio. En términos formales, tenía una prohibición de acercamiento de 500 metros de la zona de Fray Santa María de Oro al 1700, donde vivía al aire libre.

 

Previamente, el viernes 9 de octubre, el vagabundo había tenido un altercado con una vecina que lo denunció por un intento de ataque en el garaje de su propia casa, y que fue interrumpido por la presencia del marido que lo sacó a empujones.

 

“Vecinos en Alerta”

 

A raíz de este episodio, fueron varios en expresar sus preocupaciones en un grupo de Whatsapp denominado “Vecinos en Alerta”. Además, hubo quienes acompañaron la queja con denuncias recientes contra el mismo personaje, pero que hasta el momento no habían tenido consecuencia alguna hasta la intervención del fiscal Omar De Pedro, que comenzó a recopilar dicha información y el jueves pasado amplió la atribución imputativa contra el croto.

 

La audiencia contó con la conducción del juez José García Troiano; mientras que el detenido estuvo representado por el Servicio Público Provincial de la Defensa (SPPDP).

 

Allí, el fiscal De Pedro sumó al hecho del viernes 9 otros cinco delitos -coacciones, amenazas y desobediencia al un mandato judicial-, y recordó que ya el año pasado existía una medida de distancia impuesta por la justicia, que el implicado incumplió desde el minuto cero.

 

“Convivencia pacífica”

 

El último sábado la vecinal Candioti Sud fue el lugar de encuentro para firmar un petitorio que iba a ser elevado a las autoridades judiciales, para que le den tratamiento a la situación que en los últimos tiempos se ha convertido en un foco de conflicto permanente.

 

“Pedimos que se asegure a los vecinos de Barrio Candioti Sur una convivencia pacífica, tomando medidas a los fines de evitar futuros hechos violentos”, señala la nota que circula por las redes.

 

El petitorio hace alusión a una sucesión de “conductas inapropiadas, agresivas y amedrentadoras” de una persona que “se encuentra en situación de calle, deambulando por el barrio sin destino cierto y apropiándose de espacios ajenos y propiedades privadas”.

 

“Enciende fogatas que llenan de humo las casas de los vecinos”, profiere “amenazas verbales”, pero también físicas, “tanto sobre nuestras personas, bienes y animales”. “Provoca daños en los automóviles tales como roturas de vidrios y rayones”; y “golpes a las paredes, puertas y ventanas de las casas del barrio”. Por otra parte, advirtieron que “tiene conductas exhibicionistas delante de todos los vecinos”. “Muestra los genitales a los transeúntes, defeca y orina en las puertas de las casas”, agregaron.

 

Asimismo, reconocen que en innumerables ocasiones la policía acude a los llamados al 911, pero que el conflicto debe ser resuelto en otra esfera. En ese sentido, señalan que “se trata de una persona que tiene problemas psiquiátricos graves y que es sumamente urgente que sea tratado e internado en un establecimiento adecuado”. Por lo que es el Estado quien “debe garantizar su derecho a la salud, específicamente a su salud mental, y no dejar en desamparo a esta persona por el solo hecho de estar en situación de calle o no contar con los medios ni la capacidad para proporcionarse por si mismo un tratamiento adecuado a su afección psíquica”.

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