Nueva condena para estafador que pedía plata para el traslado de un niño muerto

Se llama Eduardo Rubén Bejarano, tiene 37 años y vive en la ciudad de San Justo. Es un estafador con todas las letras. En una misma operación se hizo pasar por familiar de un niño enfermo, director de hospital y ambulanciero, para cobrar $ 8.000 para un traslado falso desde el hospital Garrahan de Buenos Aires a la provincia de Mendoza. Como particularidad, tiene el morbo de utilizar como anzuelo, las historias de un hijo muerto o su madre enferma.

Comunas y municipios de todo el país, particulares y hasta la Cámara de Diputados de la Nación figuran en la extensa lista de víctimas de episodios delictivos, la mayoría de ellos consumados, que se fragmentaron en tres causas judiciales, dos de las cuales ya tienen sentencia.

La última fue ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe. Allí la jueza María Ivón Vella impuso a Bejarano la pena de un año de prisión en suspenso por una defraudación a la administración pública en grado de tentativa y otras tres consumadas. Además, ordenó remitir copia de la resolución a la justicia provincial para que se realice el cómputo de la pena, ya que el año pasado había sido condenado a 3 años de prisión condicional por una docena de estafas a productores rurales de la zona valuadas en $ 745.000.

Cámara de Diputados

Cinco años atrás, el 17 de septiembre de 2015, una asistente de un diputado nacional radicó una denuncia ante Policía Federal Argentina (PFA) de Capital Federal, en la que contó que dos días antes -15 de septiembre- una persona se comunicó a la Cámara de Diputados de la Nación para pedir una ayuda económica para el traslado de un niño de cuatro años que acababa de morir en el hospital Garrahan de Buenos Aires.

Allí se hizo pasar por familiar del niño fallecido, apelando a las emociones del interlocutor, que tal vez conmovido por el relato activó el proceso de gestión de los $ 8.000 que necesitaban para repatriar los restos a Guaymayén, en Mendoza.

Con voz compungida y entre sollozos, el estafador aportó el número de teléfono e invocó el nombre de un director del nosocomio donde el chico había estado internado, para que con él finiquitaran los detalles.

La situación dramática hizo que se moviera la máquina burocrática, y el empleado legislativo pidió autorización a una diputada mendocina para darle curso a la maniobra “a los fines de darle una solución o ayuda a esta familia”, según indica la sentencia.

Operación frustrada

Ese mismo día el empleado se comunicó con el número que supuestamente era del médico, que le solicitó una colaboración de $ 8.000 para gastos de ambulancia par el traslado y le dio el número de cuenta bancario donde hacer el depósito (cuyo titular era Bejarano).

Una hora más tarde otro empleado de la Cámara de Diputados se comunicó con la oficina del Servicio Social del Hospital Garrahan, donde le hicieron saber que desde hacía un año existían ese tipo de maniobras invocando el nombre del director del hospital, y desmintieron el caso del niño fallecido.

Mientras tanto, el asesor legislativo que estaba a cargo de las gestiones recibió otro llamado, ésta vez, del ambulanciero que pedía la confirmación del depósito para cargar el cuerpo. Finalmente la operación se frustró cuando el donante contestó tajante que estaba todo en manos del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza.

Desde Santa Fe

La causa se inició en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 de la provincia de Buenos Aires, pero al detectarse que la maniobra investigada se había hecho desde la provincia de Santa Fe -desde donde se hicieron las llamadas y donde estaba registrada la cuenta bancaria-, el expediente fue remitido a los tribunales locales y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2.

Con la identificación de la cuenta, se establecieron los nombres de otros perjudicados, los cuales fueron citados a declarar, entre ellos una empresa privada de Mendoza, al ex intendente de Bella Vista, provincia de Corrientes; y el ex intendente de la ciudad de La Rioja. En todos los casos el ardid se repite y se hicieron pagos por $ 28.500 entre julio y agosto de 2015 que fueron a parar a la cuenta de Bejarano.

Por esos hechos -uno en grado de tentativa y tres consumados- fue indagado a mediados de 2017 y procesado dos años después, en julio de 2019. Luego la causa se elevó a juicio y derivó en un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal general Martín Suárez Faisal y el defensor particular, Néstor Darío Pereyra, cuya sentencia fue dictada por la Dra. Vella el miércoles pasado.

Corredor de hacienda trucho

La última vez que lo mandaron a detener a Eduardo Bejarano fue el 2 de septiembre de 2019, por orden de la fiscal María Laura Urquiza, que lo investigaba por una docena de estafas a productores ganaderos de la zona centro norte de la provincia.

Ese día Bejarano fue apresado en su casa de la calle Néstor Zamaro al 2700 de la ciudad de San Justo, desde donde le secuestraron celulares, chips de telefonía celular y anotaciones varias, que le permitieron a los investigadores terminar de hilar la seguidilla de casos.

Al igual que en el federal, Bejarano utilizaba como señuelo una tragedia familiar. La mecánica era más o menos la misma en todos los casos, cometidos entre julio de 2017 y agosto de 2019 y por un total de $ 745.000.

Por lo general utilizando un nombre falso, ofrecía a la venta una jaula de animales vacunos y en medio de la negociación filtraba sus penurias con la historia de un hijo enfermo a punto de operar, o de su madre hospitalizada en una clínica en la ciudad capital.

En el último hecho conocido, primero le pidió al comprador $ 8.980 para el traslado de los animales, que estaban en zona de islas de Helvecia. Como era época de crecida, le dijo que los vendía por miedo a que se le mueran ahogados y en medio de la charla le fue con el cuento de la madre enferma. No habían pasado 24 horas de esa primera transferencia, que se volvió a contactar con la víctima para anoticiarlo de que su madre había muerto y de paso pedirle otros $ 6.020 para los gastos del velorio.

Aunque en este caso no hubo contacto personal -todo fue por teléfono y mediante transferencia bancaria-, otras víctimas llegaron a contar que le pagaron en persona y que los citó en la puerta de una clínica donde supuestamente tenía a la mamá internada.

Por “estafas reiteradas” en doce oportunidades, el juez penal Jorge Patrizi, lo condenó a tres años de prisión condicional el 2 de diciembre de 2019, producto de un juicio abreviado entre la fiscal Urquiza y su defensa.

Una causa en trámite

E 9 de mayo de 2016 Bejarano fue detenido por una estafa cometida a la esposa del senador del Departamento Belgrano, Guillermo Cornaglia, a la que indujo a depositar $ 6.000 para el traslado de un niño de 4 años de la ciudad de Las Rosas. Además, intentó la misma maniobra con el municipio, pero fue descubierto.

La fiscal de Cañada de Gómez, Ana Tulián, le imputó los dos casos -uno consumado y a otro en tentativa-. Estuvo un mes preso en dicha jurisdicción, hasta el 10 de junio que se celebró una audiencia en la que consiguió la libertad.

Fue trasladado a Santa Fe, donde se lo imputó el 13 de junio y el 15 del mismo mes la Justicia dictó la prisión preventiva, aunque con la posibilidad de recuperar la libertad bajo fianza de $ 50.000.

La fiscal santafesina Milagros Parodi le atribuyó 17 estafas -7 consumadas y 10 en tentativa-, cometidas entre noviembre de 2015 y mayo de 2016 por un total de $ 57.000, en todos los casos contra municipios de todo el país, a los que les exigía montos que iban desde los $ 6.500 hasta los $ 14.500 para pagar los supuestos traslados de niños fallecidos en el Garrahan. En la actualidad, la causa sigue abierta.

La fiscal Milagros Parodi contó que Bejarano "vivía de eso”. “Se levantaba a la mañana y empezaba a llamar hasta que uno prendía” y lo presionaba hasta lograr el depósito. El estafador se hacía pasar por el director o el subdirector del Hospital de Pediatría Garrahan. Pasaba del estado de preocupación y lamento por el pequeño fallecido, a mostrarse enojado cuando las autoridades del municipio dudaban de la versión, hacían preguntas incómodas o pedían hablar con los padres del niño. “Voy a hacer una conferencia de prensa y nombrarlos uno por uno por como jugaron con la familia y el hospital Garrahan”, los amenazaba a quienes no querían hacer los depósitos.