El parlamento boliviano recomienda enjuiciar a Jeanine Áñez por masacres a manifestantes

Una comisión parlamentaria especial resolvió el lunes recomendar dos juicios de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez, por masacres de manifestantes ocurridas en los primeros días de su gestión transitoria que está próxima a concluir, informó un diputado opositor.

"Se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictuosa, por los hechos en Sacaba y Senkata", dijo el diputado Víctor Borda, presidente de ese grupo parlamentario.

La recomendación, contenida en un informe que será debatido por el pleno parlamentario el jueves, abrió un nuevo frente de disputa entre la administración de Áñez y el Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla el legislativo y asumirá el Gobierno el venidero 8 de noviembre.

Represión y muerte

El informe se refiere a la muerte de más de 20 manifestantes como consecuencia, supuestamente, de la represión de fuerzas militares y policiales contra grupos que rechazaban el golpe de Estado de noviembre de 2019 que derribó a Evo Morales (2006-2019) y subió al poder a Áñez.

Borda dijo que la comisión, integrada por oficialistas y opositores, aunque con mayoría masista, plantea un juicio de responsabilidades contra Áñez por un decreto que liberó a los militares de responsabilidades penales en operaciones de represión y otro por las masacres de opositores supuestamente amparadas por esa norma.

"La Constitución dice que no se puede dar fueros ni privilegios absolutamente a nadie, ni facultades extraordinarias, por eso ha visto por conveniente que este decreto (que libera a militares de cargas penales) es contrario a la Constitución, hay incumplimiento de deberes y omisión; por tanto, se ha determinado juicio de responsabilidades", señaló.

Ese decreto, que fue emitido el 14 de noviembre de 2019, un día después de que Áñez inició su gobierno transitorio y mientras Bolivia pasaba por una ola de caos y protestas, fue condenado como contrario al derecho internacional sobre seguridad y derechos humanos tanto por Naciones Unidas como por otros organismos.

"El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando obre en cumplimiento de sus funciones constitucionales", dispuso la norma que amparó la movilización militar contra los manifestantes.

Borda dijo que la comisión parlamentaria estableció que la represión dejó al menos 27 muertos y que, contrariamente a la versión oficial de que las bajas civiles habrían ocurrido por fuego amigo, los decesos fueron causados por disparos de armas de fuego de uso militar y policial.

El informe señaló como presuntos responsables y sujetos de juicios penales ordinarios, por haber firmado el decreto junto a Áñez, a sus ministros Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Samuel Ordóñez y Roxana Lizárraga.

Planteó además juicios ordinarios contra los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, y de la Policía, Yuri Calderón por delitos de asesinato, genocidio y otros.

Con información de Sputnik.