La toma de tierras

Por Alejandro Boscarol - Diputado provincial

Entre la ilegalidad y la urgencia.

En el momento más crítico de contagios y muertes por la pandemia de COVID-19 y con una cuarentena de más de siete meses, la toma y ocupación de tierras aparecen como un nuevo conflicto en nuestro país.

Como en otros tantos temas, la confrontación corrosiva de la grieta entre quienes condenan las acciones en defensa de la propiedad privada y quienes las justifican por la necesidad del acceso a la vivienda, simplifican de manera antagónica el debate público y obturan irracionalmente la posibilidad de ponernos de acuerdo sobre las acciones a emprender para encontrar las soluciones de fondo.

Como primera cuestión es necesario que se explicite que las tomas son ilegales. La propiedad privada es inviolable según lo que establece nuestra Constitución Nacional y las usurpaciones configuran un delito tipificado en el artículo 181 de nuestro código penal. Por lo tanto, la obligación primaria de las autoridades es tener claridad en el mensaje de condena a estas acciones en resguardo de la legalidad del estado democrático de derecho.

En forma seguida, se debe reconocer lo insostenible de la situación y asumir la urgencia de buscar alternativas a los problemas del hábitat. Una ciudad con altos índices de exclusión y falta de posibilidades de acceso al suelo, contribuyen a que muchas familias consideren como una opción viable -o mucho peor, legítima- la supervivencia en el marco de la ilegalidad y la violencia.

Entre la necesidad y el negocio inmobiliario

El fenómeno de la toma y ocupación de tierras se viene desarrollando en nuestro país desde hace décadas. Su recurrencia y las consecuentes formas de violencia, tienen que ver con la particularidad que adquiere el acceso informal de grandes sectores populares a un lote en la ciudad.

Escapando del hacinamiento y del alto costo de un alquiler, diversos grupos vulnerables entrelazan sus necesidades más primarias de buscar un lugar donde vivir, con una gran variedad de intereses que se organizan en torno a las redes de ilegalidad y del negocio inmobiliario en la informalidad. Todo ello, con la complicidad y connivencia de la policía y de punteros que garantizan protección y conexiones con la política.

Para estos grupos, la toma de tierras se les presenta como una simple oportunidad para la compra “sin papeles” de un terreno a un loteador inmobiliario informal que les ofrece un lugar para asentarse de forma definitiva.

El desarrollo de este submercado inmobiliario informal de alquiler y compraventa de lotes a partir de la identificación, subdivisión y posterior comercialización de terrenos –muy similar al mercado formal-, se da en forma paralela al proceso violento de “desalojos internos” que fomentan una práctica especulativa en la informalidad y de negocios inmobiliarios usurarios con aumentos desproporcionados en los alquileres y precios de los lotes, que agravan las posibilidades reales de acceso a la tierra.

En estos lugares de enorme precariedad, las distintas formas de violencia regulan la convivencia y la resolución de conflictos, facilitando el surgimiento de todo tipo de negocios ilegales que refuerzan su condición de marginalidad. Todos aspectos centrales al momento de tratar de entender el entramado de relaciones y la dinámica interna que se despliegan en torno a la ocupación de tierras.

Las respuestas oficiales

Apartados de las políticas de erradicación y desalojo de asentamientos informales de hace varios años atrás, la gran mayoría de los gobiernos han girado sus políticas hacia programas de radicación con diversas acciones tendientes a solucionar el problema de la tenencia de la tierra y la vivienda. En los últimos años y con la incorporación de una importante masa de recursos de créditos internacionales, distintos programas federales fueron destinados a la regularización dominial, provisión de vivienda, obras de infraestructura, equipamiento urbano, acciones de mejoramiento barrial de tipo ambiental y social, etc. buscando la integración de las urbanizaciones informales a la ciudad formal.

En el caso de nuestra ciudad de Santa Fe, encontramos muy buenos ejemplos en la gestión de Mario Barletta como intendente de la ciudad, a partir de distintos programas de regularización de asentamientos informales y de mejoramiento barrial, que reflejan este cambio significativo en la preocupación por soluciones habitacionales mas integrales.

En la actualidad, existe una generalizada coincidencia en que el déficit de suelo urbano y de vivienda para los sectores sociales medios y bajos se ha incrementado considerablemente; se han multiplicado los habitantes en villas y asentamientos informales; se han incrementado los inmuebles deshabitados y terrenos baldíos en manos de propietarios y desarrolladores que con prácticas especulativas los retienen a la espera del aumento de su valor; ha aumentado el precio del suelo creando un clima artificial de escasez de tierra urbanizada, afectando principalmente a los más jóvenes que se ven imposibilitados de acceder a su primera vivienda. Y también, se incrementaron las tomas y ocupaciones de tierras, usurpaciones y desalojos, con escaladas de conflicto social y violencia, afectando considerablemente la convivencia pacífica en barrios de nuestras ciudades.

Atender la urgencia y planificar la ocupación del territorio

La provincia de Santa Fe no tiene políticas de anticipación a estos procesos. Por ello, resulta imprescindible regular e intervenir de manera inteligente en el mercado de suelo y generar estrategias de gestión y planificación del territorio.

Planificar el territorio es una tarea compleja. Requiere marcos normativos que orienten de manera integral el abordaje de la problemática del acceso a la tierra y la vivienda e incorporen instrumentos que fortalezcan la intervención pública sobre el territorio, a partir de: definir una política fiscal y tributaria que avance en una estrategia de reparto equitativa de cargas y beneficios; posibilitar el acceso a la tierra a la población urbana de bajos recursos; promover la articulación entre lo público y lo privado; impulsar una estrategia de recuperación de plusvalías; fomentar la articulación sinérgica a nivel regional o metropolitano entre localidades; vincular la preservación y protección ambiental a los recursos legales y económicos; entre otros aspectos. En definitiva, una Ley que haga efectivo el derecho constitucional de acceso a la tierra y la vivienda digna para todos los santafesinos.

Este es el sentido de la iniciativa legislativa que acabamos de presentar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe: una Ley de Democratización del Suelo Urbano que regule la subdivisión, uso, transformación y apropiación social del territorio, como una posible respuesta a la intermitencia de las tomas y ocupaciones de tierras de manera informal, pero también, como un andamiaje necesario para que se desarrollen sólidos procesos de gestión y planificación territorial con todos los actores sociales que lo producen y reproducen -incluyendo aquellos que menos poder y representación tienen-, para alcanzar mayores niveles de equidad social, sustentabilidad ambiental y equilibrado desarrollo económico.

En definitiva, si logramos ponernos de acuerdo sobre las respuestas de fondo, también estaríamos modificando la lógica perversa que alimenta la recurrencia de las urgencias. Y en este tema, ya no tendríamos grieta.