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Miércoles 04.11.2020 - Última actualización - 19:58
19:52

Tribuna política

Cuando las armas hablan

Vivimos meses difíciles. La pandemia del COVID 19 está azotando a nuestra provincia de manera alarmante. Simultáneamente, vemos agudizarse lo que podríamos calificar como otra pandemia, violencia e inseguridad, que se llevan la vida de cientos de santafesinos. En los nueve primero meses del año murieron 287 personas, número que no contempla las personas heridas que se recuperaron y las que aún luchan por su vida. De esa cifra, en el 69,2 % de los casos se utilizaron armas de fuego.

 

La violencia no da respiro, las tapas de los diarios nos muestran constantemente los hechos de inseguridad que se viven a diario principalmente en los dos grandes conglomerados urbanos de la provincia. Y analizando con detenimiento cada una de las crónicas periodísticas de los últimos meses no se puede dejar de señalar que un gran porcentaje de esos hechos están relacionados con la utilización de armas de fuego contra bienes y personas. A modo de ejemplo, la Fiscalía Regional de Rosario estimaba -en el mes de setiembre- alrededor de 20 denuncias diarias de balaceras contra propiedades.

 

Por eso he propuesto una nueva redacción del artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia en virtud del cual se disponga la Prisión Preventiva, si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas de fuego. De esta forma se evita que el o los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, la "puerta giratoria", tan nociva para la lucha contra la inseguridad. Porque quien porta o usa un arma deja claro cuál va a ser su accionar en el proceso y por lo tanto esa conducta debe habilitar el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar.

 

Y en virtud de la necesidad de menguar la circulación de armas en la provincia, como complemento a esta modificación y en consonancia con este proyecto he presentado otros dos, para que por un lado la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego implemente las medidas necesarias para favorecer el desarme voluntario y para fortalecer en el territorio de la Provincia al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, y por otro para que el Poder Ejecutivo Provincial gestione ante el Poder Ejecutivo de la Nación la actualización de los valores de compensación por la entrega de armas y municiones establecidos en dicho programa.

 

Está absolutamente comprobado por los hechos ocurridos en el último tiempo que las balas no sólo sirven para dejar mensajes mafiosos y marcas en las paredes de casas particulares o edificios públicos, sino que también -y cada vez en mayor número- provocan situaciones trágicas en las cuales las víctimas son personas inocentes que tuvieron la desgracia de quedar atrapadas en una balacera, o que simplemente estaban en sus casas con sus familias y una bala que entra por la ventana destruye una vida y con ella a una familia entera, en un segundo.

 

En este sentido es sumamente esclarecedor el informe que el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe elaboró sobre el número de personas heridas por armas de fuego en los primeros seis meses del 2020 en los departamentos La Capital y Rosario. En las conclusiones del mismo se consigna, por ejemplo, que en el Departamento Rosario se registraron 485 casos de heridas por armas de fuego, concentrándose en su ciudad cabecera ocho de cada diez casos. En tanto, en el departamento La Capital se registraron 312 casos, repitiéndose la proporción de ocho de cada diez en la ciudad de Santa Fe. Es clave aclarar que en este informe no se incluyen a las personas que entraron a los efectores de salud con heridas de armas de fuego y luego fallecieron. Un detalle que impresiona es la edad de los heridos. En su mayoría son jóvenes menores de 30 años. En las dos ciudades una de cada cuatro personas heridas se encuentra en la franja etaria de 20 a 24 años.

 

Con estos números es imposible no considerar que la tenencia de armas de fuego agrava las consecuencias de la inseguridad. Está claro que no hay soluciones mágicas, y que todos los procesos para disminuir estos números llevan tiempo y esfuerzo. Es muy importante destacar que el gobierno provincial realiza denodados esfuerzos para contener esta ola de violencia que mantiene en vilo a los santafesinos. Y hay que destacar también el aporte indiscutible del gobierno nacional en este marco, en el cual se comprueba la intención del Presidente de cooperar con Santa Fe y coordinar acciones en pos de las tareas preventivas y la lucha contra el delito y la inseguridad. La decisión tomada desde Nación se ve claramente tanto en el acuerdo firmado hace unas semanas por el cual le otorgó a la provincia de Santa Fe 3000 millones de pesos para un Plan de Inversión Tecnológica en Seguridad Preventiva en los grandes centros urbanos de la provincia, que contempla la creación de siete Centros de Análisis y Operaciones Policiales para desarrollar estrategias y acciones de seguridad. Y también en la creación de una Unidad del Ministerio de Seguridad de la Nación en la ciudad de Rosario, que coordinará y fortalecerá el accionar de las Fuerzas Federales en la prevención de los delitos complejos.

 

En la lucha contra la inseguridad y la violencia los legisladores tenemos la obligación de ser parte de la solución, y nuestro aporte se debe dar en el otorgamiento de herramientas al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Acusación. Esas herramientas deben ser leyes que suplan la falta de legislación en algunos casos y/o modifiquen las ya existentes en otros. No existen fórmulas infalibles, no se puede cambiar la realidad de un día para otro, pero es indiscutible que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hace más de dos mil años Cicerón escribió "Cuando las armas hablan, las leyes callan". Hoy, legisladores y funcionarios tenemos la posibilidad (y la obligación) de hacer hablar a las leyes para que las armas callen.

 

He propuesto una nueva redacción del artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia en virtud del cual se disponga la Prisión Preventiva si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas de fuego.

Quien porta o usa un arma deja claro cuál va a ser su accionar en el proceso y por lo tanto esa conducta debe habilitar el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar.

La violencia no da respiro y la tenencia de armas de fuego agrava las consecuencias de la inseguridad. Crédito: Archivo El LitoralLa violencia no da respiro y la tenencia de armas de fuego agrava las consecuencias de la inseguridad.
Crédito: Archivo El Litoral

La violencia no da respiro y la tenencia de armas de fuego agrava las consecuencias de la inseguridad. Crédito: Archivo El Litoral



Tribuna política Cuando las armas hablan Quien porta o usa un arma deja claro cuál va a ser su accionar en el proceso y por lo tanto esa conducta debe habilitar el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar. Vivimos meses difíciles. La pandemia del COVID 19 está azotando a nuestra provincia de manera alarmante. Simultáneamente, vemos agudizarse lo que podríamos calificar como otra pandemia, violencia e inseguridad, que se llevan la vida de cientos de santafesinos. En los nueve primero meses del año murieron 287 personas, número que no contempla las personas heridas que se recuperaron y las que aún luchan por su vida. De esa cifra, en el 69,2 % de los casos se utilizaron armas de fuego.   La violencia no da respiro, las tapas de los diarios nos muestran constantemente los hechos de inseguridad que se viven a diario principalmente en los dos grandes conglomerados urbanos de la provincia. Y analizando con detenimiento cada una de las crónicas periodísticas de los últimos meses no se puede dejar de señalar que un gran porcentaje de esos hechos están relacionados con la utilización de armas de fuego contra bienes y personas. A modo de ejemplo, la Fiscalía Regional de Rosario estimaba -en el mes de setiembre- alrededor de 20 denuncias diarias de balaceras contra propiedades.   Por eso he propuesto una nueva redacción del artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia en virtud del cual se disponga la Prisión Preventiva, si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas de fuego. De esta forma se evita que el o los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, la "puerta giratoria", tan nociva para la lucha contra la inseguridad. Porque quien porta o usa un arma deja claro cuál va a ser su accionar en el proceso y por lo tanto esa conducta debe habilitar el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar.   Y en virtud de la necesidad de menguar la circulación de armas en la provincia, como complemento a esta modificación y en consonancia con este proyecto he presentado otros dos, para que por un lado la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego implemente las medidas necesarias para favorecer el desarme voluntario y para fortalecer en el territorio de la Provincia al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, y por otro para que el Poder Ejecutivo Provincial gestione ante el Poder Ejecutivo de la Nación la actualización de los valores de compensación por la entrega de armas y municiones establecidos en dicho programa.   Está absolutamente comprobado por los hechos ocurridos en el último tiempo que las balas no sólo sirven para dejar mensajes mafiosos y marcas en las paredes de casas particulares o edificios públicos, sino que también -y cada vez en mayor número- provocan situaciones trágicas en las cuales las víctimas son personas inocentes que tuvieron la desgracia de quedar atrapadas en una balacera, o que simplemente estaban en sus casas con sus familias y una bala que entra por la ventana destruye una vida y con ella a una familia entera, en un segundo.   En este sentido es sumamente esclarecedor el informe que el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe elaboró sobre el número de personas heridas por armas de fuego en los primeros seis meses del 2020 en los departamentos La Capital y Rosario. En las conclusiones del mismo se consigna, por ejemplo, que en el Departamento Rosario se registraron 485 casos de heridas por armas de fuego, concentrándose en su ciudad cabecera ocho de cada diez casos. En tanto, en el departamento La Capital se registraron 312 casos, repitiéndose la proporción de ocho de cada diez en la ciudad de Santa Fe. Es clave aclarar que en este informe no se incluyen a las personas que entraron a los efectores de salud con heridas de armas de fuego y luego fallecieron. Un detalle que impresiona es la edad de los heridos. En su mayoría son jóvenes menores de 30 años. En las dos ciudades una de cada cuatro personas heridas se encuentra en la franja etaria de 20 a 24 años.   Con estos números es imposible no considerar que la tenencia de armas de fuego agrava las consecuencias de la inseguridad. Está claro que no hay soluciones mágicas, y que todos los procesos para disminuir estos números llevan tiempo y esfuerzo. Es muy importante destacar que el gobierno provincial realiza denodados esfuerzos para contener esta ola de violencia que mantiene en vilo a los santafesinos. Y hay que destacar también el aporte indiscutible del gobierno nacional en este marco, en el cual se comprueba la intención del Presidente de cooperar con Santa Fe y coordinar acciones en pos de las tareas preventivas y la lucha contra el delito y la inseguridad. La decisión tomada desde Nación se ve claramente tanto en el acuerdo firmado hace unas semanas por el cual le otorgó a la provincia de Santa Fe 3000 millones de pesos para un Plan de Inversión Tecnológica en Seguridad Preventiva en los grandes centros urbanos de la provincia, que contempla la creación de siete Centros de Análisis y Operaciones Policiales para desarrollar estrategias y acciones de seguridad. Y también en la creación de una Unidad del Ministerio de Seguridad de la Nación en la ciudad de Rosario, que coordinará y fortalecerá el accionar de las Fuerzas Federales en la prevención de los delitos complejos.   En la lucha contra la inseguridad y la violencia los legisladores tenemos la obligación de ser parte de la solución, y nuestro aporte se debe dar en el otorgamiento de herramientas al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Acusación. Esas herramientas deben ser leyes que suplan la falta de legislación en algunos casos y/o modifiquen las ya existentes en otros. No existen fórmulas infalibles, no se puede cambiar la realidad de un día para otro, pero es indiscutible que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hace más de dos mil años Cicerón escribió "Cuando las armas hablan, las leyes callan". Hoy, legisladores y funcionarios tenemos la posibilidad (y la obligación) de hacer hablar a las leyes para que las armas callen.   He propuesto una nueva redacción del artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia en virtud del cual se disponga la Prisión Preventiva si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas de fuego. Quien porta o usa un arma deja claro cuál va a ser su accionar en el proceso y por lo tanto esa conducta debe habilitar el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar.

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