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Martes 17.11.2020
19:44

Llegan cartas

Más objeciones sobre la propuesta de ESI que obtuvo media sanción en Diputados



Llegan cartas Más objeciones sobre la propuesta de ESI que obtuvo media sanción en Diputados

Dr. Pablo Possetto de Rafaela (*) 

 

Como referí en mi carta anterior, la Asociación Civil Abogados por la Vida Santa Fe ha publicado un dictamen relacionado con el proyecto de Ley de Educación Sexual Integral aprobado por la Cámara de Diputados de Santa Fe.

 

Según la referida Asociación, la ley que se intenta sancionar omite hacer referencia a la necesidad de que las acciones educativas sean "sistemáticas", conforme lo exige el art. 5 de la Ley 26.150, situación que puede dar lugar a que algunos, equívocamente, interpreten que esta sistematización no es obligatoria, cuando en realidad sí lo es, y además resulta imprescindible para asegurar los derechos de los miembros de las comunidades educativas: por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia.

 

El texto también habla de "promover el involucramiento y la articulación con las familias en la implementación y ejecución de las acciones educativas". Esto, sin dudas, puede generar la apariencia de que el proyecto tiene en cuenta a las familias pero, en realidad, cuando analizamos la norma en profundidad, y comparando su contenido con el de otras de rango superior (por ejemplo, el art. 9 de la Ley 26150), vemos que la misma en realidad no contiene herramientas para garantizar este objetivo, y que además reduce sensiblemente el rol de los padres, al no reconocerlos expresamente como agentes naturales de la educación de sus hijos (facultad ésta expresamente admitida por la mencionada normativa que debe ser acatada por la provincia), y al no establecer la necesidad de su capacitación y los instrumentos para lograrla, a fin de permitir que puedan cumplir cabalmente con su rol. 

 

Además, conforme se sostiene en el dictamen, según el proyecto, las propuestas deben abordar los distintos aspectos de la educación sexual integral con las familias en sus diversas configuraciones, lo que en principio no merece ninguna crítica. Sin embargo, en el marco de la perspectiva que impone la ley, al no explicitar que la adhesión a un modelo de familia determinado no puede constituir de ningún modo un acto de discriminación, deja abierta la posibilidad de que ello sí ocurra.

 

También explican los profesionales en el documento que, cuando la propuesta legislativa habla del Equipo Interdisciplinario, sostiene que el mismo deberá estar integrado por profesionales y especialistas provenientes de diversos campos disciplinares, con experiencia en formación docente, sexualidad, perspectiva de género, derechos humanos y diversidad. Luego, sobre el particular, afirman que así redactada la norma, y al no incluir a los que cuentan con otro tipo de experiencias valoradas positivamente por un grupo importante de la comunidad, pero que no tienen la "perspectiva" impuesta por esta norma, no garantiza la pluralidad en la formación en instituciones educativas, y genera el riesgo cierto de un adoctrinamiento ideológico que dé lugar a un proselitismo, todo lo cual es inadmisible porque conlleva consecuencias graves sobre las libertades de los integrantes de las comunidades educativas. En definitiva, sostienen que, al limitar el ejercicio de derechos, lejos de ser plural, la norma se torna antidemocrática.

 

En este marco, sostienen los letrados que es evidente que la norma, incorporando términos con una fuerte carga ideológica, adhiere a uno de los enfoques posibles, en desmedro de otros igualmente válidos, por lo que no se adecúa a la totalidad de las normas aplicables en el ámbito de la educación de la sexualidad. Además, en este sentido, explican que la legislación propuesta olvida que ninguna de las posiciones extremas resulta adecuada, y genera que su implementación sea imposible por su incompatibilidad con la Constitución Nacional, y tratados internacionales de rango constitucional, y normas nacionales. Esto, dicen los profesionales, sin lugar a dudas, generará resistencia por una parte importante de la sociedad, y provocará tensiones entre los integrantes de las distintas comunidades educativas, algo que ninguno de los habitantes de esta provincia desea, en la medida que todos esperan de sus legisladores la generación de normas que colaboren a crear un clima de paz social y de sana convivencia.

 

Destacan además en el instrumento que se difundió ampliamente que, como elemento importantísimo, el proyecto olvida referirse al rol esencial e indelegable de los padres como agentes primarios de la educación reconocido por normas de rangos superior, y el consecuente y subsidiario rol que debe cumplir el Estado en estos casos. 

 

Finalmente, por todo lo dicho, desde la Asociación Civil Abogados por la Vida Santa Fe explican que este proyecto de ley, que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, no debe ser aprobado en Senadores sin las modificaciones necesarias para dar solución a las cuestiones planteadas precedentemente, pues su actual redacción no respeta normas de jerarquía superior como son la Constitución Nacional, tratados internacionales de igual categoría, y leyes nacionales, violando derechos fundamentales de los niños, de los padres y docentes, y, en definitiva por su falta de pluralidad, al no haberse escuchado las voces de todos los santafesinos.

 

(*) Integrante de la Asociación Civil Abogados por la Vida de Santa Fe

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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