El test de Formosa

El gobierno de Gildo Insfrán informó que este jueves ingresaron a Formosa las últimas personas que aguardaban hacerlo a la vera de la ruta nacional N°11 en Puerto Eva Perón, provincia del Chaco.

Lo hizo después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenara franquear el paso, hasta ahora vedado incluso para los residentes, salvo que fuesen autorizados previamente en los términos del “programa ordenado y administrado” o corriesen con todos los gastos de estadía en cuarentena.

En el fallo unánime conocido este jueves, la Corte no resolvió la cuestión de fondo, que implica determinar si es la Justicia formoseña o los tribunales federales los que deben decidir sobre los recursos presentados por los ciudadanos afectados por el bloqueo.

Por eso, se expidió ordenando el ingreso de los ciudadanos “varados” invocando su condición de “custodio de las garantías constitucionales” y sin perjuicio de lo que en definitiva se decida en relación a la competencia de la Corte para entender en el caso por vía de su instancia originaria. Así, concedió que no pueden desconocerse las facultades de la Provincia de Formosa para establecer en su territorio las medidas de prevención que considere adecuadas, pero que “dichas potestades deben ejercerse de modo razonable y respetando siempre estándares constitucionales”.

Para el Tribunal, las restricciones establecidas por las autoridades locales “no superan el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable”. Sin que obste a tal conclusión -sino por el contrario- la alternativa señalada por la provincia de ingresar asumiendo los costos económicos (estadía en hotel, alimentación, hisopados, atención médica y consigna policial), “en tanto supedita el ejercicio de derechos a una determinada capacidad económica”.