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Viernes 20.11.2020 - Última actualización - 20:58
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Por Luis Armando Carello

Breve análisis económico de una reciente Ley Provincial

 Crédito: Archivo El Litoral
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Por Luis Armando Carello Breve análisis económico de una reciente Ley Provincial El uso obligatorio del biodiesel por parte de las empresas de transporte público contribuye a poner en peligro las fuentes de trabajo de estas empresas.

Por Luis Armando Carello

 

A fines del pasado mes de octubre la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó, por unanimidad, un proyecto de los senadores Traferri, Michlig y Enrico que había sido antes aprobado por el Senado. La nueva ley crea el “Programa provincial de uso sustentable de Biocombustibles”, que tiene como objetivo la utilización masiva de biocombustibles, como mínimo en una serie de actividades que se enumeran (entre ellas las actividades agrícola y ganadera, el transporte de cargas de productos agropecuarios y otros, etc.).

 

Al leer el texto me vino inmediatamente a la memoria la clásica obra del jurista norteamericano Richard A. Posner, titulada en castellano “El análisis económico del Derecho”. El famoso autor introdujo una original visión, estudiando el sistema legal desde el punto de vista económico, que desde entonces se ha venido aceptando en la doctrina. Esta nueva ley presenta varias posibilidades de análisis y opinión, pero por razones de espacio me limitaré a una que conozco más por razones profesionales. Me refiero al impacto que tiene la obligatoriedad que impone a las empresas de transporte público automotor de pasajeros de utilizar el cien por ciento de biodiesel; se trata de la única actividad en la cual se impone el uso obligatorio total.                 El tema de los biocombustibles se ha venido planteando desde hace años como un medio sustitutivo de los combustibles fósiles. Los defensores y propulsores de aquél sostienen que es menos agresivo del medio ambiente que estos últimos. Este criterio no es pacíficamente aceptado desde el punto de vista científico, pero no es éste el lugar para profundizar el análisis al respecto.

 

Otra cuestión polémica respecto a los biocombustibles se relaciona con el dilema que se presenta cuando se los produce a partir de productos alimenticios. Existen autores importantes que sostienen que la utilización de esos productos alimenticios para la producción de combustibles contribuye al alza de precios de aquellos.

 

Cuando Hermes Binner fue elegido gobernador de la provincia pidió al Consejo Consultivo que había creado, un dictamen sobre el cultivo de la jartrofa. Me comentó entonces que había recibido la visita del embajador de la India, quien le había recomendado su cultivo, especialmente en el Norte provincial, por su resistencia tanto a la sequía como a las inundaciones. Y recuerdo siempre sus palabras: “Puede ser interesante, porque permitiría resolver el dilema que plantea la utilización de productos alimenticios para la generación de combustible”. El Consejo emitió su dictamen. Sé que se han hecho algunas experiencias, pero nunca volví a oír hablar del tema.

 

Lo cierto es que se instalaron fábricas de biocombustibles, la mayor parte en nuestra provincia. La Nación impulsó su utilización, pero como elemento de corte de combustibles fósiles, en porcentajes que rondaban el 10%. Lo novedoso de esta ley es que convierte al biocombustible en elemento de uso obligatorio, nada menos que en el 100%, por parte de las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros que reciben subsidios de la provincia, con la amenaza de quitárselos en caso de incumplimiento.

 

Es innecesario explicar en detalle que, debido a la pandemia y a las sucesivas “cuarentenas”, el transporte automotor de pasajeros, tanto urbano como interurbano, se encuentra en una crisis que parece terminal. Los ómnibus viajan prácticamente vacíos. Y esto no lo dicen solo los empresarios, sino las propias autoridades, y resulta de los protocolos aplicables. Los subsidios actuales no alcanzan para cubrir los costos. Nadie lo ignora. Y por supuesto lo saben, o deberían saber, los legisladores. Al escribir el presente artículo la UTA acaba de iniciar un nuevo paro, que afecta tanto al transporte urbano como interurbano, por no habérseles abonado a los trabajadores sino una parte de los sueldos de octubre y estar pendientes un par de cuotas adicionales, por lo menos en el caso de los urbanos. Con una disminución drástica de pasajeros, como consecuencia de factores que son de conocimiento público, los subsidios resultan totalmente insuficientes.

 

He tenido oportunidad de hablar con autoridades legislativas para explicarles que la obligación legal no haría otra cosa que agravar la crisis, habida cuenta que las cotizaciones del biodiesel fijan su precio por encima del gasoil  fósil. La Nación fija un precio orientativo, no máximo, por lo cual lo que debe tenerse en cuenta es el valor de mercado. Sugerí, en consecuencia, que se agregara al proyecto remitido desde el Senado una breve frase conforme a la cual la obligatoriedad del uso exclusivo del biodiesel entraría a funcionar “en la medida en que éste tuviera un precio igual o menor al del combustible fósil”. Me pareció una propuesta razonable, y también se lo pareció a mi interlocutor, con quien coincidimos en que sería muy difícil que la provincia subsidiara la diferencia de precios si el biodiesel sigue siendo más caro. Pero la ley fue aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

 

Se ha dejado en claro que el Gobernador está a favor de impulsar la utilización masiva de los biocombustibles. No se ha sabido si está a favor de la imposición del uso obligatorio en el transporte de pasajeros, pero eso está en la ley, y si la promulga habrá coincidido con ello. Lo cierto es que al momento de la aprobación del proyecto por parte de la Cámara de Diputados el biodiesel tenía un costo que oscilaba en ese momento alrededor de los $ 63,.- por litro, mientras que el gasoil Infinia tenía un precio aproximado de $ 50,.- por litro, mientras que el gasoil común lo tenía de $ 47,.- Las empresas sostienen, con fundamento, que la utilización exclusiva de biocombustibles acarreará un costo asociado de alrededor del diez por ciento del precio del litro. Mientras que el gasoil fósil tiene un precio acotado por el precio del llamado “barril criollo”, el del biodiesel varía por las oscilaciones del mercado, ya que la materia prima, soja, se cuenta entre los commodities sin otra referencia que un precio meramente sugerido. Desde la fecha de la sanción, la situación se ha agravado como consecuencia del aumento del precio de la soja, que es bueno para el país, pero fatal para las empresas que por la vía de esta ley deben soportar el incremento.

 

Es sabido que existen trabas puestas en el exterior a la exportación argentina de biocombustibles. Es sabido, también, que hay grandes inversiones realizadas para producir biocombustibles, la mayor parte de las cuales se encuentran en Santa Fe, como se lo explica en el mismo texto del proyecto. Pero no parece razonable que las dificultades de un sector se resuelvan trasladándolo a otro, cautivo, sea en forma total o parcial.

 

Por si lo expuesto fuera poco, la Cámara Santafesina de Energías Renovables acaba de dirigirse al presidente de la Nación para pedirle su ayuda para que suba el precio de los biocombustibles, según publicación periodística de esta mañana. Se invoca la crisis del sector para proteger el empleo en las empresas agrupadas, sin tener en cuenta que el uso obligatorio del biodiesel por parte de las empresas de transporte público automotor de pasajeros contribuye a poner en peligro las fuentes de trabajo de un número probablemente mayor de trabajadores de estas empresas. Se trata de una suerte de pulseada entre desesperados, al borde del precipicio.

 

El fundamento de la obligatoriedad para el transporte público automotor de pasajeros se vincula en el texto al hecho de que las empresas que lo prestan en materia urbana e interurbana provincial, reciben subsidios. Pero está claro que si el precio real del biodiesel es mayor que el del gasoil, parte de dichos subsidios pasan a serlo, indirectamente, para las empresas productoras de biocombustible. O sea que no solo no se otorgaría, en ese caso, subsidio provincial por la eventual diferencia de precio en más, sino que se amputaría a favor indirecto de terceros el ya otorgado, que resulta claramente insuficiente como lo acreditan los sucesivos paros del personal de la UTA por falta de pago tempestivo de sus remuneraciones. 

 

Si los legisladores consideran que es conveniente desde el punto de vista de la protección del medio ambiente adoptar una determinada medida, tienen que hacerlo, pero nunca imponiendo su costo solo a determinadas personas, humanas o jurídicas.

 

Este ley nace de un proyecto que se presentó en el Senado en el mes de julio del corriente año, o sea en medio de la pandemia y de la cuarentena, y cuando ya la prensa destacaba que el paro del transporte se había extendido por un lapso record en la historia de Rosario. Tuvo un trámite de celeridad poco común, y aprobado por el Senado tuvo también trámite expreso en la Cámara de Diputados, con aprobación unánime, sin que las condiciones del transporte hubieran mejorado.

 

El diferimiento en el tiempo, que probablemente resuelva el Poder Ejecutivo, o la eventual aplicación de algún beneficio fiscal que pudiera disponerse para atenuar el impacto, no parecen suficientes como para aventar la lógica preocupación de quienes serán perjudicados si subsiste la diferencia de costos arriba explicada.

 

No parece razonable que las dificultades de un sector se resuelvan trasladándolo a otro, cautivo, sea en forma total o parcial.

El uso obligatorio del biodiesel por parte de las empresas de transporte público contribuye a poner en peligro las fuentes de trabajo de estas empresas.

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