"Un debate respetuoso" es el que imagina la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, cuando se aborde en el Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que el Presidente Alberto Fernández anunció hace menos de una semana junto con el Plan de los 1000 Días. Respetuoso pero con la "firme decisión" por parte del gobierno de evitar que sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos. Porque "la verdad es que los abortos están sucediendo de a miles en la Argentina y esa es la realidad sobre la que tenemos que legislar".
Junto con el ministro de Salud Ginés González García y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, Ibarra es vocera de ambos proyectos cuyo envío al Congreso fue anticipado por el propio mandatario nacional a través de un video que tuvo más de un millón de visualizaciones.
Los argumentos sobre una y otra iniciativa fueron detallados en una ronda de prensa de la que participaron, el viernes pasado, medios del interior del país, entre ellos El Litoral. Ibarra llegó puntual a la cita y a las 11 -en el horario convenido- saludó desde la pantalla a todos y a todas.
Sobre el Programa de los 1000 días anticipó que el objetivo es que el Estado acompañe a las mujeres en su proyecto de maternidad y a la infancia hasta los primeros tres años de vida. "Es un programa muy robusto" que, entre otros cambios, amplía el plazo de la asignación por embarazo y extiende el aporte por nacimiento y adopción a personas que reciben la Asignación Universal por Hijo, sumando este grupo a quienes trabajan en relación de dependencia.
Además, incluye un programa para atender embarazos de alto riesgo y para la detección temprana, entre otros factores, de trombofilia. Y profundiza acciones para la documentación de niños y niñas recién nacidos: "El DNI no tiene que ver solo con la identidad sino con el acceso a derechos", fundamentó.
"El Estado tiene que estar allí, al lado de las mujeres que tienen un proyecto de maternidad; ese es un momento muy hermoso para la mujer que ha elegido ser mamá" y el objetivo del plan es "acompañar para que ninguna mujer sienta que el aborto es una opción por falta de recursos".
Este proyecto que acompaña a mujeres en su decisión de ser madres "dialoga" con la otra iniciativa comprometida por Fernández en campaña, ratificada ante la Asamblea Legislativa el 1ª de marzo y enviada finalmente al Congreso; la que más discusión anticipa dentro y fuera del recinto. Es la de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que, en palabras de Ibarra, fue impulsado "para hacernos cargo de un problema gravísimo en la Argentina que es la cantidad alarmante de abortos clandestinos".
"Desde 1921, el Código Penal establece la penalización de la mujer que decide interrumpir su embarazo; esto no ha producido la reducción de abortos sino que aumentó la clandestinidad", argumentó la funcionaria. "Allí van, en general, mujeres desesperadas y en situación angustiante, que en la mayoría de los casos ponen en riesgo su vida y su salud". "Son mujeres que van asustadas, muchas veces solas y sin acudir a sus familias. En esa desesperación, porque saben que pueden ir presas, terminan en abortos durante embarazos avanzados (en prácticas) que ponen en riesgo su salud y, a veces, con daños irreversibles en su aparato reproductivo".
El objetivo de la ley es que "si las mujeres o personas gestantes deciden tener un aborto, sea en condiciones de seguridad. Y que puedan acceder a un sistema de información vinculada con la salud reproductiva y a métodos anticonceptivos para que no se repita el circulo de un embarazo no deseado y un nuevo aborto", apuntó Ibarra.
Durante una hora generosa, Ibarra respondió las consultas de este diario, además de colegas de Rosario, Mendoza, Córdoba y Tucumán. Esta es una síntesis de las principales definiciones.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA (art. 10): Queremos garantizar el derecho de la objeción de conciencia y también el derecho de realizar la práctica a requerimiento de la persona que así lo pide. Hay personas que por creencias religiosas o éticas se sienten muy violentadas ante la situación de atender o facilitar una práctica de aborto, aún cuando los métodos validados por la OMS hasta la semana 14 son seguros, ambulatorios y no quirúrgicos. Pero la objeción no alcanza a las prácticas pre-aborto y post- aborto y en ningún caso se puede impedir la práctica que fue solicitada en el plazo establecido por la ley, que es de 10 días. El profesional objetor de conciencia debe transferir a la paciente a otro profesional. La objeción es individual y la institución verá la manera en que la prestación se realice con otro u otra profesional en el tiempo y con los estándares de calidad que establece la ley".
PENALIDAD (art. 17): "Hasta semana 14 de gestación y con el requerimiento legal el aborto se realiza en condiciones seguras y con métodos validados. Después de 14 semanas no es legal y hay una pena muy baja (de 3 meses a un año, menor a la establecida en la media sanción de 2018) que puede ser dejada de lado ante circunstancias especiales acreditadas. Sancionar una ley de IVE va a permitir a las mujeres y personas gestantes saber que el sistema de salud las espera para atenderlas, no para sancionarlas, denunciarlas o perseguirlas. El aborto no es un momento grato en la vida de una mujer. Muchas están solas en esta situación y llegan en forma tardía a esa práctica porque han sido abusadas y no tienen quién las ayude".
EL DEBATE: "En el año 2018 (previo al tratamiento del tema en el recinto) fue muy amplio y se dijo todo; concurrieron todas las instituciones y especialistas que quisieron hacerlo y que fueron convocados. Ese material está a disposición de legisladores y legisladores, y ayer (por el jueves) me lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Creemos que no tiene sentido repetirlo porque nada ha cambiado desde ese tiempo hasta ahora. Lo importante es el debate que van a dar diputados y diputadas y luego senadores y senadoras en la comisión y, más tarde, en el ámbito del recinto.
Queremos un debate cuidadoso y respetuoso. No van a escuchar ninguna descalificación desde el gobierno; vamos a tener una actitud muy respetuosa, vamos a persuadir y explicar todas las veces que sean necesarias para reafirmar que este problema de salud pública no se puede invisibilizar. Esperamos un debate en los tiempos que planteen, pero creemos que va a ser un tiempo corto porque los argumentos ya están dados".
CREENCIAS. "Argentina es un país que tiene libertad de expresión y tiene libertad religiosa. Para muchas personas la vida espiritual y religiosa es muy importante y somos muy respetuosos. Siempre decimos que la creencia propia tiene un enorme valor como también el derecho a poder ejercerla sobre sí. (Pero) creemos que no se pueden extrapolar las visiones religiosas o los valores morales de una persona a toda la sociedad. Nadie está compelido a abortar: lejos de ello, tratamos de atender una situación donde la mujeres que no aceptan la opción de una maternidad forzada y toman las decisión de abortar sean respetadas en su dignidad".
VIDA Y SALUD. "Se dice que se defienden las dos vidas pero si están sucediendo no menos de 370 mil abortos clandestinos por año estamos fracasando rotundamente. La discusión no es si aborto si o aborto no: la realidad nos ha superado. No queremos mirar para otro lado ante un grave problema de salud pública que sucede hoy, mientras estamos hablando acá; y sucede en condiciones horrorosas para muchas jovencitas y mujeres.
No vamos a polemizar ni con la iglesia católica ni con otra iglesia. Este es un tema de salud pública. Somos muy respetuosos de las miradas y la doctrina de cada religión (pero) estamos actuando en el Estado laico y proponiendo una ley civil. Queremos cuidar la vida y la salud, y tener una política de salud pública para disminuir la cantidad de embarazos no intencionales".
La experiencia de la provincia de Santa Fe con la fabricación de Misoprostol en el Laboratorio Industrial Farmacéutico fue apuntada por una colega de Rosario y destacada por la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra. "Tengo una enorme admiración por el proceso de trabajo que han hecho allí", dijo la funcionaria. "Si algo he aprendido es que uno tiene que rodearse de las mejores experiencias", agregó.
Entre los países que cuentan con legislaciones que autorizan la interrupción legal del embarazo se encuentran: Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, España, Suecia, Inglaterra, Austria, Irlanda, Bielorrusia, Bulgaria, República Checa, Lituania, Rumania, Serbia, Ucrania, Armenia, Singapur, China, Cuba, Uruguay y ciudad de México.
Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa con medios del interior, el teléfono de Vilma Ibarra siguió recibiendo mensajes. La propia secretaria de Legal y Técnica lo contó entre sonrisas cuando arrancaba la segunda ronda de preguntas. Uno de esos mensajes fue del ministro de Educación Nicolás Trotta; con él se va a reunir en esta semana para avanzar en la articulación de la Educación Sexual Integral (ESI) con la IVE, anticipando algunas líneas de trabajo a la sanción de la ley. Al encuentro están convocados además los ministerios de Salud, y el de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Es que la Educación Sexual Integral es, para Ibarra, un tema central para disminuir los embarazos no intencionales, y visibilizar la violencia sobre las mujeres y los abusos. Para evitar la maternidad forzada y riesgos de salud en esta población -la más vulnerable entre las vulnerables- también es la legislación que se impulsa en el Congreso.