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Viernes 27.11.2020 - Última actualización - 20:21
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En la mira

Copar la Justicia

El juez Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal de Dolores. Crédito: Archivo El LitoralEl juez Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal de Dolores.
Crédito: Archivo El Litoral

El juez Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal de Dolores. Crédito: Archivo El Litoral



En la mira Copar la Justicia El traje ideológico y partidista de Justicia Legítica hoy se reconoce a la legua; de modo que los renovadores ya han perdido el crédito inicial que una propuesta de mejoramiento de la Justicia puede inspirar en la ciudadanía

La organización tiene algo que es inobjetable. Desde su propio nombre y desde el primer día, Justicia Legítima, por contraste con la Justicia sin aditamentos, dejó en claro que la considera ilegítima.

 

Contaba a su favor con la generalizada crítica al funcionamiento de la Justicia institucional. Ahora, que ya se conocen sus cartas marcadas, es probable -no conozco mediciones de opinión al respecto-, que parte de ese aire de renovación se haya viciado con el aliento faccional de sus actuaciones.

 

Su traje ideológico y partidista hoy se reconoce a la legua; de modo que los renovadores ya han perdido el crédito inicial que una propuesta de mejoramiento de la Justicia puede inspirar en la ciudadanía. Después de haberlos visto en acción, no caben las sorpresas. Baste recordar la intervención del juez Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal de Dolores (sureste de la provincia de Buenos Aires) en la causa que les iniciara a Marcelo D'Alessio, el periodista Daniel Santoro y el fiscal federal Carlos Stornelli, de significativa participación en el escándalo de los cuadernos, quien exhibió a la luz pública la red de corrupción integrada por funcionarios del Estado nacional y el club de la obra pública, integrada por empresarios privados beneficiados con el pago de sobrecostos que luego había que repartir.

 

Esta causa acumula una inédita cantidad de pruebas. Entre ellas, la descripción pormenorizada del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, acerca del modo en el que el club operaba en sintonía con los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

 

Este tema, por sus potenciales consecuencias, está en el foco permanente de Cristina Kirchner, sus abogados y operadores judiciales. En ese marco surgió la operación "Puf Puf", propiciada, entre otros, por el exembajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés, cuyo profeso catolicismo no le impide incurrir en conductas retorcidas muy lejanas del Evangelio. Así, en Dolores, del otro lado de la misma ventanilla, el actual diputado encontró a un Ramos Padilla dispuesto a contribuir a la puesta en escena de un caso de espionaje y corrupción de inusitados alcances, en el que el primer actor es el señor Marcelo D'Alessio, un fabulador compulsivo de comprobada actividad durante el gobierno de Cristina en los entresijos de la entonces Secretaría de Inteligencia.

 

El otro es Pedro Etchebest, pequeño productor bonaerense que durante el conflicto del gobierno de Cristina con el campo jugó de su lado –aunque lo niegue- a través de su relación con Juan Manuel Campillo, cuando éste, en 2010, asumió como director de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). En aquella circunstancia, el supuesto chantajeado por la dupla D'Alessio-Stornelli, se convirtió en un gestor de subsidios para los que rompieran el frente agropecuario. Informa LaPolíticaOnline que, "sin ostentar un cargo formal en la ONCCA, algunos productores y empresarios agrícolas afirman que Etchebest era una buena vía para lograr que se destrabara el pago de compensaciones atrasadas."

 

Curiosamente, estos dos afines al kirchnerismo serán los que impliquen al fiscal Stornelli en una trama de cobro de "favores" judiciales. Y lo harán frente a un juez claramente enrolado en la misma línea. Por eso, Ramos Padilla no tardará en descubrir la existencia "de múltiples planes delictivos indeterminados en los que D´Alessio habría tomado parte y la necesaria participación en los mismos de otros actores pertenecientes o vinculados a los 'servicios de inteligencia'" nacionales y/o internacionales, y la vinculación en estos planes con integrantes de distintos medios de prensa, funcionarios y el fiscal Stornelli –con o sin conocimiento, lo que se deberá establecer en cada caso-", según consigna su decisión judicial de procesar a los tres y dictarle a D'Alessio la prisión preventiva.

 

De modo que una sospecha sobre la conducta del fiscal se convierte en un combo de múltiples ilicitudes en el que quedan mezclados agentes de inteligencia con medios de prensa y periodistas -la eterna obsesión del kirchnerismo según las enseñanzas del régimen chavista-, funcionarios nacionales y, por cierto, el fiscal Stornelli. Un tiro de escopeta para cazar un colibrí. El objetivo, en cualquier caso, es voltear la causa de los cuadernos, atribuyéndole ilicitudes al fiscal interviniente. Tan excesiva fue la actuación, que terminó provocando el efecto inverso: la desconfianza de muchos respecto de los propósitos del juez, que suele acompañar en primera línea las marchas de Justicia Legítima, cuya comisión directiva integra en calidad de vocal suplente.

 

Los montajes judiciales son tan espectaculares, que sus disfraces se ven desde lejos. Pero si los operadores del kirchnerismo alguna ventaja tienen, es su completa impudicia para hacer lo que se les ordena o lo que se proponen. No dudan, por ejemplo, en calificar de "notables" -valoración apoyada en el "mérito" que no reconocen en otros planos como principio justo y útil- a los integrantes de una comisión elegida a dedo para asesorar al presidente en el espinoso tema de la reforma judicial. Y tampoco dudan en degradar la institución del Ministerio Público Fiscal, reduciendo, por una razón táctica circunstancial, la mayoría especial que jerarquizaba hasta ahora la designación de su titular, mientras, según parece, se mantiene la mayoría especial para un eventual caso de remoción. No importan las incoherencias manifiestas ni los costos institucionales cuando se trata de remover aspectos que obstaculizan la imposición de su voluntad.

 

Estas maniobras, que de tan cotidianas han dejado de sorprender, no se limitan al terreno de la Justicia. Aún resuena el sopapo aplicado por la Afip en el rostro de los contribuyentes, al refinanciarle a Máximo Kirchner cuatro años de deudas impositivas por unos dos millones de pesos a través de 96 cuotas fijas a bajo interés. En un cuadro inflacionario, más que un refinanciamiento se trata de una licuación lisa y llana; un premio para el incumplidor fiscal.

 

Huelga recordar que Máximo es uno de los autores del impuesto a la riqueza que, al momento de escribir este comentario, ya se aprobó en Diputados, y que lo tiene a él, con una fortuna declarada de 291 millones de pesos, como sujeto pasivo del hecho imponible. Es al menos desvergonzado que, al mismo tiempo que promueve un nuevo impuesto que lo alcanza de lleno según su propia declaración patrimonial, consiga de la Afip una extensa moratoria de pago por los impuestos adeudados, y cuyo monto luce insignificante respecto de su patrimonio. ¿Qué hará entonces cuando tenga que pagar el tributo que ahora impulsa?

 

En cualquier caso, esto no le hace cosquillas ni a él ni a los militantes de La Cámpora, sólo afrenta a millones de argentinos, observados como un amasijo de "contras". Entre tanto, se logra el poder de fuego necesario para perseguir a quienes Cristina sindica como sus adversarios o enemigos políticos, prosecución, en suma, de la saga que había comenzado con Gils Carbó.

 

En la dinámica impresa para resolver los temas que verdaderamente le interesan, Cristina no se ha mosqueado a la hora de confrontar con su socio presidencial para sacar de la pista a un candidato que, aunque es apadrinado con fuerza por Alberto, a ella no la convence. Y, a esta hora, todo indica que el presidente, luego de ratificar la postulación del juez Daniel Rafecas para el cargo de Procurador General de la Nación, ha concedido la modificación de la mayoría especial e intenta convencer al candidato para que decline su exigencia de ser designado de acuerdo con la mayoría especial que hasta ahora regía. Con este doble juego, Fernández traslada a Cristina la responsabilidad de un eventual fracaso en el proceso de designación.

 

Todos juegan con fuego mientras la Argentina se asoma a un precipicio institucional, en cuyo vacío corre la República el riesgo cierto de desaparecer.

 

Un tiro de escopeta para cazar un colibrí. El objetivo, en cualquier caso, es voltear la causa de los cuadernos, atribuyéndole ilicitudes al fiscal interviniente.

Los montajes judiciales son tan espectaculares, que sus disfraces se ven desde lejos. Pero si los operadores del kirchnerismo alguna ventaja tienen, es su completa impudicia para hacer lo que se les ordena.

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