La senadora nacional por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), reclamó cambios de fondo en el Ministerio Público Fiscal (a nivel nacional) y cuestionó a su titular, el procurador Eduardo Casal.
Sostuvo que hoy el Ministerio Público Fiscal está “bastante lejos de los intereses de los argentinos”. Dijo que le corresponde a ese organismo tener su propia “política criminal vinculada a los intereses de la sociedad”.
La senadora nacional por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), reclamó cambios de fondo en el Ministerio Público Fiscal (a nivel nacional) y cuestionó a su titular, el procurador Eduardo Casal.
“El rol del Ministerio Público Fiscal es clave para defender los intereses de una sociedad”, sostuvo en el debate la legisladora en defensa del dictamen de mayoría, que permite elegir por simple mayoría al Procurador de la Nación (en lugar de los dos tercios actuales).
Sacnun mostró su apoyo a las modificaciones propuestas a sobre las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Dijo que “el preámbulo de la Constitución Argentina habla de afianzar la justicia, y en su el artículo 120 refiere a promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, y también lo hace acerca de la autonomía funcional y de la autarquía financiera del Ministerio Público”.
“Es importante tener una política criminal vinculada a los intereses de la sociedad. Hoy el contrato con la sociedad en materia de política criminal lo detenta la policía. Nos puede gustar más o menos, pero es el sector que más cercano está a los ciudadanos, con las consecuencias que en muchos casos ello genera y la verdad es que el Ministerio Público está bastante alejado de los intereses de los argentinos”, sostuvo.
Luego se preguntó: “¿Cuál es la política criminal que está llevando adelante el Procurador interino Casal? ¿Hay alguna respuesta más allá de haber utilizado ese cargo para perseguir a opositores durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que se destituyera de facto a la Procuradora Gils Carbó?”.
“Lo que tenemos que discutir –siguió- es cuál es la política criminal que queremos llevar adelante en la República Argentina, garantizando el acceso a la justicia con cercanía a los órganos administrativos que deben coadyuvar al funcionamiento del Ministerio Público, en cuanto a delitos de criminalidad económica, su vinculación con la AFIP, con la Aduana, con la UIF y la plena vigencia de la Constitución Nacional y los derechos humanos. También son trascendentales, los intereses de las víctimas, los intereses colectivos o difusos y medioambientales, y ahí está el rol del Ministerio Público recuperando un proyecto institucional de justicia”.
“Este proyecto vuelve a retomar la necesidad de que los legisladores exijamos el cumplimiento de la Constitución Nacional y nos hagamos cargo de las facultades que ésta nos otorga, planteando temas centrales como el equilibrio territorial, el federalismo, la igualdad de género, la autarquía financiera, como parte de los que nosotros entendemos que sirve para democratizar y acercar a la sociedad al Ministerio Público”, subrayó.
Agregó que “éste no es el Poder Judicial, ya que su independencia claramente tiene que ver con no recibir instrucciones de otros poderes, pero a su vez es parte en el proceso judicial, ya que debe defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, garantizándoles acceso a la justicia”, remarcó la legisladora santafesina.
Recordó que “el narcotráfico está haciendo estragos en mi provincia, porque las consecuencias de éstos delitos son directas respecto de la sociedad. La inseguridad que se vive en Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, es consecuencia de ese flagelo, y por ello necesitamos un Ministerio Público que pueda trabajar de manera conjunta con las provincias argentinas, con sus gobernadores y gobernadoras y sus respectivos ministerios de Seguridad. Necesitamos un Estado más inteligente que esté a la altura de perseguir el delito del siglo XXI, pero no lo vamos a hacer con herramientas o institutos de la edad media o del siglo IXX”.
Sacnun puntualizó que “el sistema acusatorio es fundamental para poder adecuarnos a la manda constitucional y el rol que tendrá el Ministerio Público, tanto el Procurador General como la Defensora General será fundamental para aplicarlo a lo largo y a lo ancho del territorio de la República Argentina y por ello necesitamos fortalecerlo”.
El Senado de la Nación designó nuevos representantes ante el Consejo Federal de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas.
Se trata de las senadoras María Eugenia Duré (Frente de Todos- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), como titular (en reemplazo de la radical por Jujuy, Silvia Giacoppo); y de María Eugenia Catalfamo (Unidad Justicialista- San Luis), como suplente.
De este modo y, durante la sesión de la fecha, quedó aprobado por unanimidad el respectivo despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la santafesina María de los Ángeles Sacnun.
“La trata y explotación de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos, y la verdad es que la utilización de un ser humano para generar utilidades o ganancias como si se tratare de una mercancía, es algo que debe repugnar al Estado moderno”, sostuvo al fundamentar las designaciones de las senadoras Duré y Catalfamo, como representantes ante el mencionado Consejo Federal.
“La realidad es que existen situaciones de servidumbre, trabajo forzado, explotación de personas, de mujeres y hombres en el ámbito sexual, pornografía infantil, sólo para mencionar algunos de ésos delitos verdaderamente aberrantes y entendemos que deben ser abordados con una dimensión social, política, económica y cultural, claramente interdisciplinaria e indefectiblemente transversal “afirmó.
Sacnun, destacó que “tanto la senadora Duré como la senadora Catalfano reúnen las condiciones que se requieren para formar parte de este Consejo Federal en representación del Senado de la Nación Argentina. Creo que, a ambas queridas compañeras, les aguarda la enorme labor de aportar a las tareas de prevención que debe llevar adelante el Estado a través de sus organismos necesarios para prevenir y perseguir éste delito y contribuir a la transformación de esos patrones culturales que naturalizan la trata de personas”.
“También será relevante, la tarea de asistencia integral a las víctimas como un derecho humano que debe ser garantizado, protegiendo la identidad de las mismas y fortaleciendo el rol institucional, no solo del Estado sino de los organismos de la comunidad que se dedican a éste tema tan importante, que debe ser también vinculado a la reorganización de la justicia respondiendo a las necesidades que la sociedad reclama”, finalizó expresando la Senadora Sacnun.