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Domingo 29.11.2020 - Última actualización - 21:06
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Por Nicolás Mayoraz

Por qué el aborto legal va a eliminar a los más pobres y vulnerables

Nicolás Mayoraz, diputado provincial Crédito: Archivo El LitoralNicolás Mayoraz, diputado provincial
Crédito: Archivo El Litoral

Nicolás Mayoraz, diputado provincial Crédito: Archivo El Litoral



Por Nicolás Mayoraz Por qué el aborto legal va a eliminar a los más pobres y vulnerables Son muchas las embarazadas a las que, ante un mínimo problema de salud, les "recetan un aborto". Ningún médico va a poder impedirlo, salvo que se anime a desafiar esta "superley" que convierte en delito el salvar vidas y en un privilegio ser madre y nacer.

Por Nicolás Mayoraz (*)

 

Micaela vive en uno de los tantos barrios de las periferias de Santa Fe. Tiene 25 años y se enteró en febrero que estaba embarazada de su segunda bebé. Tiene hipotiroidismo y en el hospital público le dijeron que "no podía quedar embarazada", que iba a perder al bebé o que iba a salir con malformaciones.

 

Con los análisis en mano se lo volvieron a confirmar: "Estaba todo mal". La obstetra habló con ella, con el marido y la mamá y les dijo que tenían que "elegir entre la vida de Micaela o la de su bebé". No había opción. Les hicieron firmar el consentimiento informado para interrumpir el embarazo. Y la mandaron a Micaela a su casa con las pastillas de Misoprostol.

 

Sola en su habitación con el supuesto remedio en sus manos, entró en pánico y tuvo miedo. Volvió al hospital por una segunda opinión. La atendió otro médico que le confirmó el diagnóstico: su vida corría peligro. También la vida de la bebé, que podía tener malformaciones y que no iba a llegar a los 6 meses. Le hicieron una ecografía, para luego llevarla a Ginecología y hacerle lo antes posible el aborto con pastillas.

 

Pero Micaela había visto algo en la ecografía: "Vi que mi bebé estaba formadita y se movía para todos lados". Y dijo "No". Salió de la sala llorando. Alguien la vio y la abrazó. Y escapó de ese sistema perverso en el que se había convertido este hospital público, que bajo la excusa del Protocolo de Abortos No Punibles, le mintió y estuvo a punto de eliminar a su pequeña hija.

 

Chloe nació en septiembre. No tiene malformaciones. Es una bebé grande e inquieta. Las dos están bien. Buscaron un obstetra particular que la acompañó en su embarazo. Encontró ayuda para atenderse en el sistema privado. Porque la Salud Pública sólo quería matar a su hija.

 

El proyecto de legalización del aborto que presentó el Gobierno Nacional quiere extender este sistema macabro a todo el país. Es tan siniestro que prohibe todas aquellas pequeñas "casualidades" que salvaron la vida de Chloe. Obliga a los médicos a ofrecer a todas las embarazadas, aunque no lo pidan, un aborto. Si, como con Micaela -que le habían mentido con que tenía que elegir entre su vida o la de su bebé y que llegó con una orden de aborto-, algún médico ve que hay una opción mejor, tiene prohibido ofrecerle otra posibilidad. Brindarle más información o mostrarle una ecografía, con este proyecto de Vilma Ibarra, se convierte en delito. Está penado mostrar ecografías a las mujeres que tienen una orden de aborto. Es decir, por ley, ocultan información científica a la mujer.

 

Son muchas las embarazadas, especialmente en vulnerabilidad, que sufren estas historias. Para ellas tener un hijo se convierte en una odisea. Algunas, porque vienen de la villa, ya les "recetan las pastillas" sin opción. También son muchas las que, ante un mínimo problema de salud -algo usual en muchos embarazos- les "recetan un aborto". Y no hay vuelta atrás. Ningún médico va a poder impedirlo, salvo que se anime a desafiar esta "superley" que convierte en delito el salvar vidas y en un privilegio de pocos, ser madre y nacer.

 

El Proyecto de los 1000 días es una pantalla. No es necesario un proyecto de ley para que de una vez por todas se mejore el tan abandonado sistema de salud materno-infantil. Las embarazadas siguen muriendo por causas básicas mientras se destinan millones de fondos públicos a abortar a los más vulnerables. Las ambulancias no entran a las villas.

 

Las "14 semanas" de límite para abortar también son otra pantalla para acallar las conciencias. La letra chica de la ley habilita un aborto hasta el noveno mes de embarazo. Los obstetras, enfermeros e instrumentistas son testigos de cada vez más frecuentes abortos en el sexto, séptimo u octavo mes, cuando el bebé ya puede sobrevivir. Nadie sabe bien qué pasa con esos pequeños. Hay como un subsistema abortista que se hace cargo de esa parte oscura de la mentira verde que nadie cuenta.

 

Muchos profesionales callan. Y tienen miedo. Si dicen o hacen algo, se termina su carrera profesional. El caso de Leandro Rodríguez Lastra los amedrenta. Es un médico que salvó a una embarazada que llegó al hospital por un aborto, probablemente con pastillas, como los que promueven como "seguro", las abortistas. Hubo hemorragia, Leandro salvó a la mujer pero cometió un error imperdonable para este cruel sistema: salvó al bebé, que hoy es un niño. Y lo condenaron.

 

Muchos callan o mienten. No sabemos si las mujeres, políticas, periodistas y famosas, promueven el aborto legal por complicidad o por ingenuidad. Varias forman parte de una red de organizaciones que reciben fondos de una industria que en los países donde el aborto es legal, mueve millones de dólares. En los Ministerios de Salud y de la Mujer, hacen negocios con los laboratorios y forman a los próximos médicos. Esos que se están preparando para deshacerse de los bebés más vulnerables.

 

El aborto legal no sólo pone en riesgo el derecho a vivir de los niños por nacer. No sólo engaña a las mujeres y pone en peligro su vida. No sólo esconde un negocio macabro. Si el aborto se hace ley, se va a destruir el Sistema de Salud tal como lo conocemos. Las mujeres pobres no tendrán derecho a ser madres. Los niños vulnerables no tendrán derecho a vivir. El Estado se va a convertir -como en China- en un terrible juez que va a dictaminar quién tiene suficientes privilegios para vivir y quién va a ser condenado a muerte. Como en las sociedades más antiguas e inhumanas. No se gana un derecho, se pierden los derechos más importantes.

 

Micaela, con su candidez de mamá luchadora advierte al Gobierno y a todos: "No me mientan diciendo que yo iba a morir o que la bebé iba a morir o que iba a salir con malformaciones. Esas cosas no se dicen así". Estas cosas no se hacen.

 

(*) Diputado Provincial - Bloque Somos Vida y Familia

 

Son muchas las embarazadas, especialmente en vulnerabilidad, que sufren estas historias. Para ellas tener un hijo se convierte en una odisea. Algunas, porque vienen de la villa, ya les "recetan las pastillas" sin opción.

Ante un mínimo problema de salud les "recetan un aborto". Ningún médico va a poder impedirlo, salvo que se anime a desafiar esta "superley" que convierte en delito el salvar vidas y en un privilegio de pocos, ser madre y nacer.

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