Cinco personas, entre ellas una funcionaria municipal, fueron detenidas en la provincia de San Juan acusados de integrar una banda que estafó a unos 40 beneficiarios de planes sociales, reteniéndoles las tarjetas de débito para cobrar las asignaciones y entregarles una mínima parte de lo que les correspondía.

Según informó en conferencia de prensa el comisario Demetrio Illanes de la Policía sanjuaniana, además de las detenciones se "incautó una cantidad importante de tarjetas y documentación de supuestos beneficiarios".

Según el jefe policial, los acusados fueron detenidos en distintos allanamientos realizados en los departamentos de 25 de Mayo, Rawson y Pocito.

Entre los imputados se encuentra Natalia Castro, funcionaria municipal de 25 de Mayo, quien "trabajaba como coordinadora de la Oficina de Empleo en el mencionado municipio desde hace un poco más de cuatro años".

La investigación de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan detuvo a Castro, al igual que a Emanuel Mody (37), Sergio Castillo (48), Walter Atámpiz (42) y Mariana Agüero (36).

Según se informó, en el expediente que ya tiene mas de 200 fojas, "se determinó que los detenidos habrían estafado a más de 40 personas a las que les tramitaban el beneficio, pero no les entregaban la tarjeta de débito, porque ellos cobraban la asignación de unos 8.500 pesos y a los afectados les entregaban apenas entre 1.500 y 2.000 pesos".

De acuerdo con los pesquisas, en los allanamientos en los domicilios de los detenidos se logró secuestrar gran cantidad de tarjetas del Banco de la Nación Argentina, fotocopias de DNI, certificados de ANSES, listados de personas y otros elementos de interés para la causa.

El caso está siendo investigado por la jueza Gema Guerrero del Primer Juzgado de Instrucción, que ya solicitó informes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para determinar cómo los detenidos accedieron a beneficios sociales que son de gestión personal e intransferibles.