Choque de trenes

La extensa declaración en sede penal del destituido fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad, quien admitió haber cobrado coimas del juego clandestino, abrió una caja de Pandora en la política santafesina que conmueve a los tres poderes, con final incierto y no en el corto ni en el mediano plazo.

La política santafesina se ha conmovido y en forma especial está impactando en el gobernante justicialismo. No pocos dirigentes recordaron el impacto que provocó allá en 1990 la denuncia y posterior destitución del entonces vicegobernador Antonio Andrés Vanrell.

La denuncia contra Armando Trafferi de ser el garante del acuerdo entre un capitalista de juego y fiscales es de alto impacto. Traferri, representante del departamento San Lorenzo, es presidente del bloque de senadores. Fue articulador desde el llamado Nuevo Espacio Santafesino de la alianza política con el actual gobernador y con el sector de Agustín Rossi, que le permitió al PJ volver a gobernar Santa Fe desde diciembre pasado.

Habrá que conocer las pruebas judiciales que tienen los fiscales para pedir el desafuero del representante de San Lorenzo. Por ahora, la defensa del senador afirma que es una operación política montada por el ministerio de Seguridad a cargo de Marcelo Sain y la cabeza del Ministerio Público de la Acusación. Traferri insistió en esa teoría en la extensa reunión del bloque el miércoles en las oficinas de la vicegobernación y que derivó en dos comunicados que dejaron expuesta la fractura política del sector que viene marcando la política santafesina desde hace al menos una década.

La insistencia de Traferri y su abogado de hablar de operación política lleva la acusación al titular de la Casa Gris, Omar Perotti quien prometió ir hasta el hueso en este tema. "Esto será una divisoria de aguas brava y dura, entre propios y extraños. No vine para que las cosas queden igual", señaló el mandatario.

La denuncia de Ponce Asahad paralizó la actividad parlamentaria propiamente dicha, donde el Poder Ejecutivo habilitó varios temas para Extraordinarias, pero que necesita antes de fin de año la llamada Ley Tributaria, que el oficialismo del Senado se ocupó de garantizar la aprobación en el llamativo comunicado del miércoles.

En caso de prosperar la teoría Traferri de operación política significará un fuerte golpe para la credibilidad del MPA y especialmente para los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes oportunamente debieron investigar al propio fiscal regional Patricio Serjal y a Ponce Asahad.

En el peronismo, en el mientras tanto, se optó por un silencio de radio al igual que en gran parte de la oposición. Fue significativo el pronunciamiento de la Comisión de Información y Seguimiento de la causa de los fiscales de Diputados donde se expresó "preocupación por los hechos de gravedad institucional de público conocimiento" pero manifestó el apoyo al trabajo de los fiscales. "Es un momento que exige responsabilidad de parte de todos quienes integramos poderes del Estado, para no generar interferencias en la tarea de los fiscales" acota, con la firma, entre otras, de la justicialista Matilde Bruera.

Para agregar tirantez a la situación, el Poder Ejecutivo vetó las dos leyes sancionadas semanas atrás en acuerdo entre la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados -con excepción del justicialismo- para ejercer un control sobre los gastos reservados del Ministerio de Seguridad y reforzar las incompatibilidades para cargos en el MPA, normas que tomaron por sorpresa a la Casa Gris. "Son leyes anti Sain" había afirmado el diputado Leandro Busatto. El ministro -al contrario de su habitual locuacidad- habló poco de esas leyes, pero fue respaldado por Perotti con los vetos.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia tiene que definir los alcances constitucionales de la ley que da a Legislatura el control de la tarea de los fiscales y en la oposición en Diputados se esperan los pasos judiciales acerca de la legalidad del decreto de concesión del juego on line a los casinos de la provincia.