Corrupción policial: patrulleros para delivery de droga y tarifas para alojar familiares en un penal

Este miércoles, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto ordenó seis allanamientos simultáneos en la Alcaidía de Melincué (cabecera del departamento General López), donde secuestraron droga, dinero en efectivo, armas, computadoras y teléfonos celulares. La orden surge luego de una investigación donde se determinó que policías, incluido el Jefe del lugar y personal, lideraban una banda que vendía drogas dentro del penal.

Fue allanada la Alcaidía -particularmente el sector destinado al personal policial-, la oficina del jefe y los domicilios de todos los efectivos sospechosos (uno de ellos en Melincué y otros en Fortín Olmos, Díaz, y la ciudad de Santa Fe). El hecho sacudió a la Unidad Regional VIII de la Policía, cuyas autoridades asumieron en septiembre pasado.

Y es que además del narcotráfico, se supo que la droga era recolectada con los propios patrulleros y que además, los efectivos cobraban un canon especial a los reclusos para facilitarles elementos tecnológicos o bien permitir el alojamiento de familiares durante el aislamiento estricto por COVID-19 en Santa Fe.

EL COMIENZO

La causa fue iniciada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo del doctor Javier Arzubi Calvo, a partir de la evidencia recolectada en distintas investigaciones en trámite. Se determinó -principalmente de escuchas telefónicas ordenadas en otras causas- que a partir de la suspensión de las visitas de familiares a las unidades de detención dispuestas, los empleados policiales y el Jefe de la Alcaidía, comenzaron a ingresar la droga a la penitenciaría.

Este mecanismo se conoce en la jerga como “la colada”, teniendo distinto precio de acuerdo al tipo de estupefaciente. La droga era adquirida por los propios reclusos a través de sus teléfonos celulares a vendedores en la ciudad de Venado Tuerto, a 55 kilómetros. Luego, era enviada en vehículos de alquiler al cruce de las rutas donde aguardaban los móviles policiales para luego ingresar el material a los pabellones.

TARIFAS

Ya sea si se trataba de marihuana o cocaína, el precio lógicamente se pagaba. También los detenidos hablaban con sus familiares y otros detenidos en distintas cárceles sobre las tarifas que el personal cobraba por el ingreso de teléfonos. Pero no solo eso: también existía la posibilidad de que entren familiares durante la etapa en la que estuvieron suspendidas las visitas. El costo de alojamiento en distintos pabellones o incluso para la permanencia en el lugar, oscilaban entre los $ 700 y los $ 10.000.

Una de esas causas de las que la Fiscalía obtuvo indicios, se originó a partir de la detención de dos personas a bordo de un remís en el que transportaban una caja de cartón que contenía una bolsa de galletitas abierta. Dentro de la bolsa había tres envoltorios con cocaína, dos con marihuana, $ 3.300 y algunas masitas.

Al ser consultados previo a la requisa sobre el destino del viaje, la persona que conducía manifestó que se dirigían al cruce de rutas cercano a Melincué, al encuentro de un móvil policial a quien debían entregar la bolsa de galletitas. Agregando el acompañante que “él era personal policial retirado”. Además, por las escuchas telefónicas ordenadas en la propia causa, se tomó conocimiento de las oportunidades en que se procedía al secuestro de estupefacientes a los internos sin dar conocimiento a la Justicia Federal.

La investigación fue llevada a cabo por la ex Brigada Antinarcóticos VIII, dependiente ahora de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia. Los allanamientos fueron solicitados para ser realizados en forma simultánea y ordenados por el Juzgado Federal de Venado Tuerto Aurelio Cuello Murúa, quedando todas las personas imputadas sujetas a la causa, quienes serán indagadas en los próximos días por video conferencia.