Publicidad Oficial: levantan secreto fiscal de cuatro empresas por supuestos desmanejos de Cambiemos

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de cuatro empresas en el marco de la causa en la que se investigan la supuesta contratación irregular de firmas publicitarias ligadas a Cambiemos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y presuntas irregularidades en el manejo de la publicidad oficial.

La medida fue dispuesta por requerimiento del fiscal federal Jorge Di Lello en el marco del expediente en el que se encuentran imputados la exvicepresidenta Gabriela MIchetti, el exjefe de Gabinete Marcos Peña y el exsecretario de Comunicación Pública del gobierno de Macri, Jorge Grecco.

Las empresas sobre las que se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario son Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.

Cuando impulsó la investigación, el fiscal Di Lello sostuvo que los hechos denunciados demostrarían que durante el gobierno de Cambiemos, y a través de la firma de un decreto por parte de Michetti, se desligó a la agencia de noticias Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la jefatura de Gabinete, desde donde se habría contratado, sin concurso alguno, a empresas vinculadas a la entonces alianza gobernante para que produjeran material publicitario.

Los hechos denunciados "demostrarían la existencia de una estructura montada por funcionarios nacionales para favorecer a las empresas mencionadas, mediante la utilización de la figura del 'legítimo abono' en contrataciones de forma habitual, eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Télam sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales".

La denuncia había sido presentada en junio por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en investigar hechos de corrupción, que solicitó que "se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA."

La presentación judicial apuntaba a que se investiguen supuestos hechos de "negociaciones incompatibles con la función pública, previstos en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales”.

Entre los hechos a investigar, se enfocaron supuestos contratos irregulares de publicidad oficial suscritos desde el gobierno de Mauricio Macri con empresas que habían participado en la elaboración de sus publicidades de campaña.

Las empresas beneficiadas "serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral" que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación, en el año 2015, se había detallado en la denuncia.

Las mismas empresas "habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López", se puntualizó.

Las contrataciones cuestionadas habrían significado la erogación de, cuanto menos, 291.000.000 pesos provenientes del erario público, según el cálculo de la propia PIA.

Con información de Telam