Desquicio institucional

La Argentina no da resuello. Cuando se acerca a su fin el año más nefasto de una década de sostenida declinación -sintetizada por los deprimentes indicadores de la economía y la pobreza-, ahora es la institucionalidad del país la que pende de un hilo. Las aguas políticas se encrespan a un nivel muy peligroso, y los desacuerdos cunden por doquier. Cristina Fernández de Kirchner ha lanzado una inédita ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de uno de los tres poderes fundamentales en la arquitectura constitucional republicana.

Luego de algunas sentencias del máximo tribunal contra altos exfuncionarios de sus presidencias, la titular del Senado ha tenido una reacción furibunda. Es que se encendieron las alertas en el panel de seguimiento de su propia situación judicial. Lo interesante es que, en su raptus, Cristina desnuda en público lo que proyecta, objetivo que pone en máxima tensión al Estado de derecho y la convivencia política y ciudadana de los argentinos.

Enconada con el presidente Fernández y Marcela Losardo, ministra de Justicia y Derechos Humanos, porque las causas en las que está procesada siguen su itinerario, Cristina deja a la vista su concepción de la política y el poder al confundir acuerdos previos a las elecciones del año pasado respecto a sus procesamientos con una carta de impunidad. Alberto Fernández pudo haber comprometido su esfuerzo para resolverle su situación, pero no puede haberle garantizado sentencias exculpatorias. El mero hecho de pensar en esos términos, evidencia una estructura mental ajena a las instituciones que rigen la vida de los argentinos.

Por eso, ahora vuelva a escena la intención de reformar o, lisa y llanamente cambiar, el texto de la Constitución Nacional, para imponer una normativa que termine con la república imperfecta que hoy tenemos y la reemplace por una excrecencia política, jurídica y moral a la venezolana. Lo importante, en cualquier caso, es alcanzar la hegemonía, someter a los que piensan diferente, y convertir al Estado, tan exaltado en los escritos de los intelectuales del Instituto Patria, en un bien de familia; la mayor de las privatizaciones concebibles: el apoderamiento del país por una facción. Y en sintonía con esta idea, convertir a los ciudadanos en dependientes del nuevo Estado, con derechos incompletos, de exiliados en su propia tierra.

Luego de decir en su carta anterior que en el gobierno nacional había funcionarios y funcionarias que no funcionaban, cuestionamiento público que Alberto Fernández -su destinatario- agradeció como si fuera un elogio, Cristina exalta por contraste la excepcional tarea del Senado de la Nación que ella preside. "Aprobamos 40 leyes y dimos media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a la Cámara de Diputados. Entre ellos, todos los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado. Leyes a favor de los argentinos y las argentinas, para ampliar derechos, hacerle frente a la pandemia, cuidar la economía, fortalecer el federalismo y defender nuestra soberanía. Cumplimos, como siempre, con todas nuestras responsabilidades", expresa sin atisbo de duda. Como siempre.

A continuación, arremete contra la Corte, acusándola de encabezar y dirigir "el proceso de Lawfare, esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, (que) se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa." Aferrada a su nuevo dogma, el neologismo inglés usado en el terreno político para evadir responsabilidades legales concretas, Cristina no ofrece argumentos y pruebas que puedan contrarrestar en procesos normales las acusaciones que se formulan en distintas causas. La defensa elegida es de índole eminentemente política y ajena al universo legal y jurídico. Para qué esforzarse en dar explicaciones, si puede victimizarse despertando adhesiones emocionales en una gran cantidad de seguidores que no tienen la más mínima noción de lo que el anglicismo significa.

A esta altura del partido, el kirchnerismo debería inscribirse en el Registro Nacional de Cultos, habida cuenta de que se trata de una creencia refractaria a cualquier opinión o argumento que lo cuestione, por fundada que sea. Se trata de una grey movilizada mediante consignas propagandistas, breves y a menudo abstrusas, deliciosas incomprensiones que las vuelven más atractivas para los adoradores de la Gran Sacerdotisa.

El problema real es que este juego sin reglas puede terminar de romper la enclenque estructura institucional del país que, aunque dañada, es mejor que un salto al vacío. Días pasados, en sintonía con las acusaciones de Cristina contra los integrantes de la Corte, organizaciones que integran o respaldan al kirchnerismo, realizaron una marcha hacia la sede del Tribunal Supremo con la consigna -otra más- de "Una Navidad sin presos políticos".

La convocatoria fue realizada por el partido MILES de Luis D´Elía, y la Corriente Patria para Todos, de Amado Boudou, Fernando Esteche, Gabriel Mariotto y el exintegrante de la cúpula de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja. Se sumaron el MTD-Aníbal Verón, la Túpac Amaru, la CTA de los Trabajadores, Peronismo Militante, ATE y Corriente Peronista, además de una columna de La Cámpora. Entre los manifestantes se pudo advertir la presencia del dirigente de Quebracho, Fernando Esteche; el líder de la CTA, Hugo Yasky, y los diputados del Frente de Todos Eduardo "Puf Puf" Valdés, Mara Brawer y Marcelo Koenig, entre otros.

La marcha, no muy numerosa, fue precedida por duros juicios contra los miembros de la Corte, emitidos por el elenco estable del kirchnerismo, entre los que resaltaron los de Axel Kicillof, Eduardo "Wado" de Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque y el senador Oscar Parrilli, a los que se sumó la voz de un nuevo converso: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La nota, también nueva, fue aportada por un cura villero: Francisco "Paco" Oliveira, integrante del grupo de sacerdotes de la Opción por los Pobres, quien hizo gala en sus sorprendentes declaraciones de todos los tics del integrismo kirchnerista. Por ejemplo, afirmó sin hesitar, que en el país "hay presas y presos políticos" y defendió la marcha organizada en su favor. Expresó que pone "las manos en el fuego por Boudou", porque "el de Amado es un caso de Lawfare clarísimo de la nueva guerra jurídica". Sin Pancután en el bolsillo, el religioso español hace profesión de fe en el exvicepresidente, al margen del cúmulo de probanzas del Caso Ciccone. También se despachó contra los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, a quienes les atribuyó haber entrado a la Corte por la ventana, lo que pone de manifiesto su falta de información y su ligereza para creer y descreer en lo que le dicten sus prejuicios.

El esfuerzo por instalar la idea de la existencia de presos políticos en las personas de exfuncionarios procesados por delitos contra el Estado, es otra manipulación de la realidad, que da continuidad a la tarea iniciada con la suelta de presos comunes, entre ellos algunos barrabravas, además de homicidas y violadores con vínculos políticos. En aquella oportunidad, la excusa fue el Covid. Ahora se levanta la bandera de una presunta inocencia para latrocínidas comprobados, que estafaron en miles de millones de dólares al Estado y al conjunto de los argentinos que lo nutren con sus impuestos. La mentira discursiva intenta oscurecer la realidad de los hechos, respaldada por evidencias consistentes. Todo conduce al abismo moral y al desquicio institucional.

La defensa elegida es de índole eminentemente política y ajena al universo legal y jurídico. Para qué esforzarse en dar explicaciones, si puede victimizarse despertando adhesiones emocionales en una gran cantidad de seguidores.

El kirchnerismo debería inscribirse en el Registro Nacional de Cultos. Una grey movilizada mediante consignas propagandistas, breves y a menudo abstrusas; deliciosas incomprensiones atractivas para los adoradores de la Gran Sacerdotisa.