Lo único que crece en la Argentina es el Estado; y crece al mismo ritmo en que decrece la calidad de vida de nuestra población, uno de los tres elementos primordiales que, según la definición clásica, definen su existencia.
Si todo hubiera sido como Cristina lo presenta, el Frente para la Victoria, no hubiera perdido las elecciones presidenciales de 2015. Pero ni la evidencia de las urnas la mueve de su eje discursivo.
Lo único que crece en la Argentina es el Estado; y crece al mismo ritmo en que decrece la calidad de vida de nuestra población, uno de los tres elementos primordiales que, según la definición clásica, definen su existencia.
Así lo indica la progresión de las cifras de pobreza, que el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó en el 30 por ciento; la gestión de Mauricio Macri aumentó al 35 por ciento, y la actual administración del Frente de Todos, encumbró al 41 por ciento de la población.
Durante el recorrido de este lacerante retroceso social, la incorporación de personas a la estructura del Estado fue incesante. El periodista Diego Cabot, del diario La Nación, ofreció días pasados, en base a información obrante en el Boletín Fiscal de la Nación, un panorama de la evolución del empleo público en nuestro país, desde 2005 hasta el mes de septiembre de 2019. Lo que se observa es que mientras el desempleo, la pobreza y la indigencia se incrementan de modo sostenido, también lo hace el empleo público, que a nivel provincial pasó de 1.613.638 agentes en 2005, a 2.379.451 en 2019; en el plano municipal ascendió de 399.001 (2005) a 605.746 (2019); y en el ámbito nacional pasó de 124.409 (2005) a 193.084 (2019), con un pico en 2015 de 237.889, al final del segundo gobierno de Cristina, cifra que la administración de Macri redujo en un 18,5 por ciento.
Pero en rigor, el total del sector público nacional aumenta de manera considerable cuando se le adicionan los 194.050 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; los 159.266, de la administración central y descentralizada del PEN; los 35.528 de Afip, Pami e Incaa; los 194.729 de las universidades nacionales; los 33.916 del Poder Judicial; y los 12.218 del Poder Legislativo, suma que totaliza 742.690 personas que integran las listas de planta permanente y de personal temporario del Estado nacional, quantum al que aún hay que agregarle los 112.983 empleados de las empresas públicas. Por lo tanto, la suma se eleva a 855.673 personas.
La contracara de este fenómeno, que en los últimos meses ha seguido su dibujo ascendente, es lo que ocurre con el sector privado, donde el empleo no crece desde 2011. Más aún, en este fatídico año pandémico, las restricciones a la actividad económica por razones sanitarias destruyeron 200.000 empleos registrados y una cifra mucho mayor de trabajo autónomo. Por eso se empinan las cifras de la pobreza.
Frente a semejante panorama, el gobierno nacional no ha dejado de crear nuevos impuestos, seguidos por provincias, municipios y comunas que, en su desesperación por financiarse han conseguido que el poder central les aflojara la cincha fiscal y les permitiera, a través de nuevas normativas, elevar la tasa de tributos regresivos como el que se aplica a los ingresos brutos. El reloj de la historia retrocede a fallidas experiencias anteriores, en las que el financiamiento del Estado, en cualquiera de sus niveles, se hace a costa del esfuerzo privado. Los frutos, como la recurrente experiencia lo indica, serán amargos.
Esta manía de retroceder a un tiempo ilusorio donde todo era supuestamente mejor, segmenta el análisis de procesos que, en la extensión del tiempo, permiten observar los efectos siniestros de la irracionalidad hecha norma. El populismo gobernante se empeña en demostrar la vigencia de sus tesis al altísimo precio del constante deterioro de los indicadores sociales, educativos y económicos, todos relacionados en la ecuación general de una evidente degradación de la ley y la convivencia entre los argentinos.
Cristina insiste en reivindicar su pasado gobierno, olvidando que su segundo ciclo terminó con el 30 por ciento de pobreza y divisas negativas en el Banco Central. Es decir, con la Argentina fundida, tal como después de cuatro años de gestión la dejaría Macri, con el agregado de un significativo endeudamiento de corto plazo. Pero ella no admite nada, postura que además de un insoslayable condimento político, exhibe una cerril negación que la acerca al caso clínico. Repasemos si no sus palabras en el acto político organizado por el gobierno en el Estadio Único de la Plata. Evocando su último gobierno dijo Cristina: "Los argentinos podían comer carne no solo porque tenían trabajo y salario, sino porque cuidamos la mesa de los argentinos tomando medidas que a algunos sectores les parecen antipáticas. Cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipáticas o comunistas y no nos pueden parar en el Senado o Diputados, se van a los juzgados", comentario que reivindica la gestión económica de su administración y, a la vez, introduce en escena su nuevo caballito de batalla, el supuesto lawfare, la presunta persecución política que victimiza a la victimaria.
Si todo hubiera sido como Cristina lo presenta, el Frente para la Victoria, no hubiera perdido las elecciones presidenciales de 2015. Pero ni la evidencia de las urnas la mueve de su eje discursivo.
En otro tramo de su discurso manifestó la necesidad de alinear salarios y jubilaciones, precios y tarifas, idea que significa indexar la economía e impulsarla hacia un torbellino inflacionario. Por otra parte, no es lo que ocurre ni lo que se plantea respecto a determinados precios de la economía, como las tarifas, que de hecho están intervenidas. La cuestión, como antes, es atacar al sector privado. En fin, como ocurre con la modificación del sistema jubilatorio, todas las propuestas y medidas reconducen a su último gobierno, como si hubiese sido la gran panacea política. De paso, al atacar en directo la ineficiencia de los funcionarios del gobierno encabezado por Alberto Fernández, exaltó por contraste a Axel Kicillof, su exministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, destinataria privilegiada de fondos nacionales.
La reunión en el estadio fue el lanzamiento de la campaña política con vistas a las elecciones legislativas del año próximo a iniciarse. De allí los discursos que vindican la actuación de un gobierno que ha cometido durante el año toda clase de desaguisados, y que las clarinadas épicas no han hecho más que resaltar. También por eso hemos asistido a la reaparición de los aplaudidores en un acto gubernamental, y hemos leído la reconvención de Alicia Castro a Juan Pablo Biondi, encargado de la comunicación presidencial, por no aplaudir las denostaciones de la vicepresidenta hacia el sector que él integra.
Quien le respondió a la dirigente política y sindical ultrakirchnerista con un tuit irónico fue el director cinematográfico Juan José Campanella. Su texto dice así: "¡Aplaudan, muchachos! ¡Aplaudan a rabiar! Aunque no estén de acuerdo, aunque no tengan ganas, la reina es la reina y ustedes, los zánganos, tienen que aplaudir. Si es posible de rodillas y lamiéndole los zapatos". Podríamos agregar: Aplaudan, no dejen de aplaudir, que los aplausos nos impiden escuchar el clamor de la realidad.
El populismo gobernante se empeña en demostrar la vigencia de sus tesis al altísimo precio del constante deterioro de los indicadores sociales, educativos y económicos, todos relacionados a una evidente degradación de la ley y la convivencia.
Cristina insiste en reivindicar su pasado gobierno, olvidando que su segundo ciclo terminó con el 30 por ciento de pobreza y divisas negativas en el Banco Central. La Argentina fundida, tal como después de cuatro años de gestión la dejaría Macri.