Por Emerio Agretti

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La agenda política provincial de la semana estuvo dominada, en buena medida, por la esperada concurrencia del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, a la reunión convocada por la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. El encuentro, que debía concretarse producto de la "invitación" cursada al funcionario, iba a ser el dilatado corolario de largas conversaciones y negociaciones. Y la expectativa estaba a la altura de la gravedad de la situación, y de la importancia de obtener respuestas convincentes del ministro acerca de las estrategias en marcha y en previsión para abordarla.

Pero el correr de los días transformó las vísperas en un folletín de suspenso por entregas, la trama de una pulseada política que, si no hubiese muertes de por medio (varias de ellas producidas en simultáneo con los devaneos de la dirigencia) y el justificado pavor de una comunidad expuesta al rampante accionar delictivo, hubiese podido ser considerada una comedia de enredos.

El debate quedó planteados más o menos en estos términos: Sain aceptó concurrir a la "no interpelación" con la condición de que la misma se desarrollase en la amplitud del recinto de sesiones, con todos los asesores que quisiera llevar, abierta a la presencia de todos los legisladores que quisieran estar (y no sólo los miembros de la comisión), y también de los medios periodísticos. Cuáles de estos requisitos serían aceptados por los legisladores, y qué pasaría en caso contrario, pasó a ser el eje de discusión y de intensivas gestiones: que los legisladores sí, que el recinto también, que los medios solo antes y después, pero no durante, por la delicadeza de los temas a tratar. Que cuántos asesores, que si se transmitía por streaming, que si se hacía en cualquier caso o no.

Y al final fue no. Y el punto determinante no fue la voluntad de concurrencia, el temario, ni la modalidad de desarrollo, sino la publicidad. Los miembros de la comisión, con prevalencia del Frente Progresista, que además preside el cuerpo, no la aceptaron, en un giro de los acontecimientos que contradice lo que cabe esperar en casos como éste.

Invocando los precedentes (particularmente, cuando Maximiliano Pullaro, hoy diputado, era ministro), los legisladores rechazaron la apertura del debate a la prensa "en tiempo real"; una limitación que en casos como éste suele ser puesta como exigencia por el propio funcionario a ser interrogado. Precisamente, invocando el hecho de que no conviene hacer públicas las tácticas y planificaciones diseñadas o en curso. Justo lo contrario a lo que, en este caso, sí quería y ponía como condición el ministro, y justo lo que, al parecer, era inaceptable para los diputados.

Esta propiedad reversible del conflicto fue explicada en términos de "contubernio" y "oscurantismo" por unos, y de "intento de show mediático" y de agresiones altisonantes en vez de voluntad de trabajo conjunto por otros.

Así las cosas, parece difícil aceptar que la reunión se haya frustrado por ese motivo. Porque unos no aceptaban la publicidad (un criterio de apertura y transparencia imprescindible) y porque otro pusiese por encima esa modalidad a la imperiosa necesidad de dar explicaciones, y el derecho que los representantes del pueblo tienen a pedírselas (tanto como él a cuestionar luego la forma en que se llevó a cabo).

Mientras el trágico marcador de la violencia seguía corriendo, oficialistas y opositores zanjaron la cuestión aferrándose a sus posturas, y proclamando que la seguridad de la población debía estar por encima de las chicanas y las especulaciones de cuño partidista, y culpando al otro. Éso fue lo único en que consiguieron ponerse de acuerdo. Y ambos tenían razón.