La ausencia de grandes empresarios como Paolo Rocca y Luis Pagani a la mesa patronal del acuerdo de precios y salarios ?la semana pasada- encendió las alarmas en el Gobierno y convenció a los funcionarios de la necesidad de empoderar a los gremios para salvaguardar la iniciativa. Ahora, la estrategia oficial pasará por alentar a los sindicalistas a señalar desvíos en los eslabones de una cadena productiva que pudiesen atentar contra el sostén de los precios al consumidor.
El pacto tripartito, presentado con suerte dispar el miércoles y jueves pasados, continuará esta semana con la instalación de las primeras mesas de negociación sectoriales.
Para la administración de Alberto Fernández la alianza con la CGT, el sector rival que orienta Hugo Moyano, y las dos versiones de la CTA, será clave para darle viabilidad a una instancia que nació signada por la desconfianza del gran capital. Es que si bien hubo excusas de todo tipo sobre los faltazos el jueves en el Museo del Bicentenario de la Rosada, para los funcionarios el envío de segundas líneas fue una señal inequívoca de que el gran empresariado no se embarcará en un pacto de largo aliento hasta no contar con las garantías de estabilidad macroeconómica que prometió el ministro Martín Guzmán y, eventualmente, la presencia del propio jefe de Estado en la mesa de negociaciones.
La respuesta oficial a las ausencias se divide en dos planos: el público, con funcionarios como Guzmán y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que las minimizaron y se mostraron optimistas por la continuidad del plan, y el silencioso que incluirá aleccionar a los gremialistas.
En círculos del gobierno aseguran que no se trata de pedirles el abordaje de un control abierto de precios, como el que ofrecieron algunas organizaciones sociales al Gobierno, sino del monitoreo riguroso de los procesos de producción para la detección de posibles desajustes o maniobras injustificadas de subas de precios.
El último antecedente similar en un gobierno peronista, aunque de carácter endogámico en la propia cadena productiva, se produjo durante la presidencia de Cristina de Kirchner cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, alentaba a los empresarios a delatar a los pares que descubrieran responsables de subas no pautadas en sus valores. En este caso la apuesta es más diplomática y cifrada en la relación que construye el Frente de Todos con las distintas expresiones del movimiento obrero. En el Gabinete suelen mencionar el caso del sindicato de mecánicos, Smata, de Ricardo Pignanelli, como ejemplo de colaboración con los funcionarios en la detección de complicaciones entre las terminales automotrices y sus proveedores.
Más allá del sello peronista a los gremios los animan otras razones para darle un aval pleno al Gobierno en la iniciativa: además de asegurarles que este año las paritarias se impondrán a la inflación (siempre el 29% referenciado en el Presupuesto 2021) por un rango de entre tres y cuatro puntos y de anunciar un proyecto de ley para eximir del pago del impuesto a las Ganancias a los salarios superiores a 150 mil pesos en bruto, en el Ejecutivo ya les avisaron que las negociaciones de sueldos podrán contener cláusulas gatillo (seguramente con otra denominación) de actualización automática en caso de verse superados los valores pactados por la evolución del costo de vida.
Lo que dejaron trascender algunos voceros oficiales es que no habrá un anuncio al respecto porque implicaría aceptar una virtual indexación de la economía pero en el equipo económico dijeron que el modelo de las paritarias de este año será el implementado por la Asociación Bancaria, el primer gremio en cerrar su acuerdo para todo 2021 y bajo los parámetros que pedía el Gobierno: el aumento será de 29%, igual que la inflación presupuestada, con dos revisiones.
El ambiente empresario no hace las mismas cuentas que el Gobierno. Según las pautas que quedaron reflejadas en el presupuesto 2021, este año la Argentina debería cerrar con una inflación de 29%, y el objetivo oficial es que los salarios se posicionen entre tres y cuatro puntos por encima de esa cifra.
Pero los ejecutivos no toman como posible ese parámetro y allí empiezan los conflictos. Según dicen -y tras el 4% que marcó el índice del costo de vida en enero pasado-, la inflación durante el primer trimestre se moverá entre el 10% y el 12%, con lo que en solo tres meses se habrá consumido buena parte del 29% esperado.
Esto también modifica, entonces, la idea de cumplir con la premisa de que los salarios le ganen a la inflación, tal como el presidente Alberto Fernández les prometió a los gremios, y como el ministro de Economía Martín Guzmán les pidió a los empresarios la semana pasada. "Si pensamos en una inflación de 29%, tal vez pensar en una mejora de haberes por encima de esa cifra no sea tan descolocado. Pero si vamos a lo que para nosotros es más realista, es decir una inflación más alta a la del presupuesto, ya hablamos de otra cosa. Ahí, sin dudas, el escenario es otro", sostuvo a un diario especializado uno de los empresarios que la semana pasada participó del encuentro con Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Los ejecutivos también hacen referencia a las dificultades que tendrán para evitar el traslado de esas mejoras salariales a los precios finales de sus productos algo que, desde ya, no colaborará a controlar la inflación. "Una cosa es cuatro puntos por encima del 29% y otra es que hablemos de un piso más alto. En algunos sectores, como el alimenticio, ya los márgenes se redujeron con los planes oficiales como Precios Cuidados y Precios Máximos", sostuvo otra de las fuentes consultadas.
Hay que pagarle al Club de París
El Gobierno espera aliviar en los próximos meses, a través de la reprogramación de pagos que se negocia con el FMI y de las inmediatas tratativas que sobrevendrán con el Club de París, la carga de los vencimientos de deuda pública con acreedores externos, que entre febrero y diciembre suman unos u$ s28.404 millones.
Se trata de poco más de la mitad de los u$ s53.086 millones que vencen este año, de los cuales el 46,5%, es decir u$ s24.682 millones, corresponden a deuda pública intra sector público que el Gobierno contrajo con organismos, empresas nacionales y gobiernos provinciales, y que está en su totalidad en moneda nacional.
Por lo pronto, en la primera semana de febrero se pagaron intereses del acuerdo stand by con el FMI, por el equivalente a u$ s313 millones.
Para marzo, indicó el análisis, se prevén vencimientos que totalizan u$ s6.204 millones; y en abril llegan a u$ s7.044 millones.