Aunque la Ley 13.459 le permite al Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación tener gastos reservados (en sus artículos 25, 26 y 27 de su Capítulo IV), por ahora, no se han previsto esas cajas negras en sus presupuestos administrativos.
"Ni el ex fiscal general Julio de Olazábal (que terminó su gestión en abril de 2017), ni su sucesor el fiscal general Jorge Baclini han puesto en práctica esa posibilidad". El comentario provino del MPA a El Litoral, a raíz de publicaciones en las que se mencionaba la existencia de gastos reservados en ese órgano acusador que depende del Poder Judicial.
La aclaración es oportuna, ya que en la Legislatura se encuentra pendiente de habilitación, en el presente período de sesiones extraordinarias, por parte del Poder Ejecutivo su veto para eliminar la ley de transparencia, regulación y control de los gastos reservados en los tres poderes del Estado.
La Cámara de Diputados ya se opuso al veto y el Senado no puede tratarlo hasta el primero de mayo, sin el visto bueno del gobernador.